pamplona. En el caso de Eva Hernández Pérez, de 39 años, todavía no hay demanda judicial, no hay ejecución hipotecaria, pero ya ha dejado de pagar las primeras cuotas sin que Kutxa Bank, "entidad que dijo que no iba a hacer ningún desahucio tras el suicidio de Amaia Egaña", remarca Lesmes, haya aceptado negociar alternativas al embargo.

Esta vecina de Ansoáin lleva un año dando vueltas con su banco sin poder negociar nuevas condiciones para una hipoteca "imposible" de pagar en su actual situación. Un año largo desde que se quedara en paro y el banco conociera sus problemas. Separada, con dos hijas de 12 y 5 años, y víctima de violencia de género, tiene una hipoteca de 270.000 euros de un piso que adquirió en 2000.

Cumple las condiciones del Código de Buenas Prácticas que asumieron de forma voluntaria entidades como la suya: familia monoparental, en situación de vulnerabilidad social, madre de dos hijos y sin recursos. "Sin discusión", dice la PAH. "Se han presentado tres escritos a la entidad desde diciembre para rebajar el tipo de interés y pagar Euribor más 0,25%, lo que le permitiría respirar, se ha pedido la dación en pago con alquiler social y refinanciar la deuda, teniendo en cuenta que los 270.000 euros de deuda se van a poner en 350.000 dentro de un año", expone Lesmes. "Ni contestan, parece que están esperando a que transcurran los primeros meses de impago para embargarle", añade. De momento Eva ha dejado de pagar la primera cuota con unos intereses de mora del 17,5% que le van a suponer 3.825 euros al mes. La única opción ofrecida por Kutxa fue la venta de la vivienda -"sin saber lo que me quedaría después"- o una carencia de intereses pagando 853 euros cuando, a partir de mayo, el subsidio serán unos 426, "y no me puedo comprometer".

Esta situación arranca de una primera historia sentimental de la que, ya no quedan nada más que "malos recuerdos" y una pareja que falleció. Partió con su hija a Elizondo, donde compró una vivienda con su nueva pareja y puso en alquiler el piso de Ansoáin donde hasta entonces había residido. Para afrontar la compra, hizo un préstamo puente condicionado a la venta de la primera vivienda en dos años, imposible en pleno estallido de la burbuja inmobiliaria.

Su segunda relación sentimental no fue mejor que la primera -está separada y con una denuncia por maltrato- de modo que malvendió la casa de Elizondo, volvió a Ansoáin y le quedaron 80.000 euros de deuda que pasaron a engordar la primera hipoteca, hasta los 270.000 euros. Una operación en la que participó su exmarido, aunque no pagaría un euro de aquella deuda, y en la que actuaron como avalistas sus dos padres y la madre de su ex. Paga un interés del IRPH de Cajas más un 0,5%, que le supone un 4,5%, "peor que una cláusula suelo".

Eva trabajó durante muchos años en diferentes empresas. En abril de 2011 concluyó su último contrato y advirtió a la entidad de que los 1.300 euros de letra peligraban. "Me volvieron a coger a través de una ETT y fuimos tirando hasta agosto, cuando me quedé en la calle", relata. Los 1.200 euros de paro no hubieran sido suficientes si no fuera porque su primera hija cobra una pensión de orfandad y porque sus padres le han apoyado en todo momento. "Es una vergüenza. Vas de buena fe y queriendo unas cuotas asumibles, con un plazo a 40 años, un interés normal de mercado... pero como hay avalistas de por medio van a por todos, con la amenaza de ejecutar tu piso y el aval. Quieren que crezcan los intereses .Es una usura absoluta", reprueba.