PAMPLONA. Así lo han expuesto representantes navarros de Udalerri Euskaldunen Mankomunitatea (UEMA), la Mancomunidad de Municipios Euskaldunes, quienes han advertido de la obligatoriedad legal de ofrecer los servicios oficiales en euskera en Navarra, y han lamentado que en el conjunto de Navarra el 20 % de la población habla euskera pero sólo lo hace el 1,2 % de la plantilla orgánica de la Administración.
Jon Abril, concejal de Bera, ha concluido que el Gobierno de Navarra practica una "vulneración sistemática de los derechos de los navarros" en una Comunidad donde el euskera "es la lengua minoritaria, minorizada y menospreciada", ya que como consecuencia de la zonificación que la Ley hace de la oficialidad del euskera se priva a los euskaldunes de su derecho a relacionarse en esta lengua con la Administración.
Ha asegurado que en los 14 municipios a los que representan "podemos decir con orgullo que somos las únicas administraciones que respetamos los derechos lingüísticos de absolutamente todos los ciudadanos", pero usan muchos servicios dependientes de la Administración foral que se ofrecen en lugares fuera de su zona geográfica y donde no se les ofrece en euskera.
Ha defendido que una lengua minoritaria como el euskera requiere de unas "zonas de respiro" en la que se incentive la recuperación de este patrimonio, pero en Navarra "esto no ocurre" por culpa de la administración foral.
Por ello, tanto él como su compañera Eneka Maiz, han instado a "adecuar" las plantillas orgánicas al contenido de la Ley, de forma que en la zona vascófona tengan prioridad bilingüe los puestos de atención al público, sobre todo en el caso de los trabajadores sanitarios y de las bibliotecas.
Asimismo, han lamentado que los portavoces de UPN y PP, presentes en la comisión, no hayan querido intervenir en el debate, cuando son precisamente los partidos con responsabilidades de gobierno en Navarra y el Estado.
En su defensa, Bakartxo Ruiz (Bildu) ha achacado el problema a la inexistencia de "voluntad política" por parte del Gobierno de UPN y ha alertado de la distancia de la Administración con la realidad sociolingüística navarra que denota el que en "sólo" en 300 de los 23.000 puestos sea preceptivo el conocimiento del euskera.
En la misma línea, por Aralar, Nekane Perez ha lamentado por "vergonzoso" el proceder del Gobierno foral "en contra de semejante patrimonio cultural".
Maite Esporrín (PSN) ha abogado por cumplir la ley, aunque ha pedido "cierta flexibilidad" en situaciones concretas o urgentes, y ha coincidido en la "necesidad de despolitizar el euskera, que nunca debió haber salido del ámbito del patrimonio cultural" de Navarra.
Txema Mauleón, de I-E, favorable a la extensión del euskera, ha pedido "acuerdo político" en este asunto, ha abogado por priorizar los puestos de trabajo de cara al público, y ha subrayado que la Administración ha de "adaptarse a la realidad lingüística de cada zona".
