pamplona - Llamadas telefónicas, consultas personales, preocupación e incertidumbre entre los clientes, pero también entre los trabajadores, aunque la consigna que ayer recibieron estos últimos fue la de hacer un llamamiento a la calma y a la normalidad. Las cinco clínicas de la empresa Vitaldent en Navarra (cuatro propias en Pamplona y una en Tudela, la única franquiciada) centralizaron ayer las dudas de decenas de pacientes alarmados por el arresto de la cúpula directiva de la firma por un supuesto delito de fraude fiscal y blanqueo de capitales y como ello podría repercutir sobre sus tratamientos ya iniciados o en vísperas de hacerlo. “No es un plato de buen gusto para nadie, eso por supuesto. Pero las instrucciones que hemos recibido desde la central es que sigamos trabajando y atendiendo con normalidad a nuestros clientes como así estamos haciendo”, aseveraban ayer desde una de las clínicas situadas en la capital navarra.
Agentes de la Policía Nacional detuvieron ayer en Madrid y Alicante a trece personas vinculadas a clínicas Vitaldent, entre ellas a su dueño Ernesto Colman, por fraude millonario a la Hacienda Pública y a sus franquiciados, quienes fueron los que denunciaron las prácticas ilícitas, consistentes en el pago de dinero en metálico que se habría desviado a Suiza o Luxemburgo para evadir impuestos y que posteriormente habría regresado a España en forma de inversiones.
La cadena odontológica, que cuenta con más de 430 centros en España y el extranjero, dispone en la Comunidad Foral de un total de cinco clínicas, pero solo una de ellas responde al modelo de franquicia, la que está ubicada en Tudela. En Pamplona cuenta con establecimientos en propiedad en la calle Iturrama, avenida Bayona, calle Garde y avenida Conde Oliveto. Abrir una de estas clínicas en régimen de franquicia cuesta unos 280.000 euros, según apuntaron fuentes de la Asociación Española de Franquiciadores (AEF), que explicaron que el contrato tiene una vigencia de diez años y la cifra de inversión incluye canon de entrada, formación, acondicionamiento del establecimiento y suministro de material, entre otros conceptos. La cadena les cobra además un royalty del 5%, o lo que es lo mismo, los franquiciados deben entregarle el 5% de lo que facturen; y un canon por publicidad de ese mismo porcentaje.
Tras hacerse público el escándalo, los trabajadores de los centros de Pamplona recibieron las instrucciones de “seguir trabajando y atendiendo con normalidad a nuestros clientes. Los tratamientos se van a seguir realizando como hasta ahora”. Por su parte, los pacientes conocedores de las detenciones evacuaron las correspondientes consultas y recibieron como respuesta palabras tranquilizadoras. “He empezado hace dos meses una ortodoncia y me han dicho que no me preocupe, que todo sigue su curso. Habrá que ver qué pasa y confiar que no nos perjudique a los clientes”, señaló ayer un vecino de Pamplona.
colaboración con la justicia Mediante un comunicado difundido a media tarde, Vitaldent incidió en el mensaje de “tranquilidad”, asegurando que sus clínicas siguen funcionando “con normalidad” y que van a colaborar “activamente” con la Justicia para lograr esclarecer la situación. “La investigación judicial en curso no guarda relación con nuestra actividad diaria que seguirá prestándose con los criterios de calidad al cliente que nos caracterizan”, defendió Vitaldent, para añadir que su “prioridad” son los pacientes, a quienes manifestó su “absoluto compromiso”. “En este momento estamos trabajando para poder atender de la mejor forma las necesidades de nuestros pacientes y continuaremos trabajando de la misma forma durante todo el tiempo que dure la investigación judicial”, zanjaron desde la compañía.
En la misma línea se pronunció el director general de la Policía, Ignacio Cosidó, quien también lanzó un mensaje de tranquilidad a las clínicas franquiciadas de Vitaldent, ya que, en principio, no se tendrían que ver afectadas por la operación abierta contra la cúpula de esa organización. “No es un problema de estafa a los consumidores y, en principio, no tiene que afectar a las franquicias que trabajan bajo esta marca”, dijo ayer Cosidó. El director general de la Policía recordó que a los detenidos se les investiga por un posible delito fiscal y también por posible blanqueo de capitales, “pero es a los responsables de Vitaldent, no a las clínicas”.
“no afectará a los consumidores”
Guardar documentación. Las organizaciones de consumidores recomiendan a los pacientes de Vitaldent conservar cualquier documentación que demuestre la vinculación con las clínicas y los servicios acordados. Sin embargo, desde Irache se pidió “prudencia” porque a su juicio “esta operación policial no debería afectar a los clientes directamente”, ya que la actividad de las clínicas no parece comprometida. No obstante, “habrá que esperar acontecimientos y ver cuál es el verdadero alcance de la investigación”, añadieron. Desde las asociaciones aconsejan, no obstante, guardar presupuestos, contratos o facturas relativas a los tratamientos contratados ya que con esa documentación se puede pensar en posponer nuevos tratamientos o pagos; si se tiene un préstamo vinculado se podría cancelar la financiación en el caso de que se dejara de recibir el servicio principal; y si se observa cualquier irregularidad se puede denunciar ante Consumo o en una comisaría.
