Pamplona - Javier Miranda Erro evidencia en su tesis doctoral que los problemas de accesibilidad que se producen en Navarra no se deben a una ley deficiente, ya que esta es correcta, sino que están motivados por su incumplimiento. “El problema no es que la ley diga que las cosas se hagan mal, -explicó el autor tras la presentación de su trabajo en el Parlamento de Navarra-, sino que los encargados de la gestión no siguen esta norma que indica cómo hacerlo bien”. El resultado de esta mala gestión, apuntó, es que se niegan derechos a las personas con discapacidad.
Una de las principales lacras en este aspecto se encuentra en la continua interpretación que se hace de la ley, comentó. “¿Por qué determinadas normas como por ejemplo las del ámbito tributario no se cuestionan y sin embargo las de accesibilidad sí?”, se preguntó. Su experiencia personal en una silla de ruedas le ha demostrado que muchas personas obvian las necesidades que tienen las personas discapacitadas e incluso discuten la necesidad de tomar medidas. “No es poco frecuente que cuando preguntas en un restaurante si hay algún obstáculo para entrar con la silla de ruedas te digan que no y luego te encuentres un peldaño”, ejemplificó añadiendo que, en su defensa, los dueños aluden a que con ayuda ese obstáculo se puede salvar con facilidad. “Yo lo que quiero es poder entrar solo”, clarificó.
La accesibilidad universal es un horizonte utópico, reconoció, ya que siempre habrá algo que se pueda mejorar. Pese a eso abogó por tomar medidas de adaptación, ya que su fin último es conseguir que todas las personas estén igualadas en derechos. “Hay una parte de la población que no va a poder ejercerlos si no hay accesibilidad”, destacó, y es que, a su juicio, la discapacidad no la tiene la persona ni se da por sus circunstancias personales, la produce el entorno. Para él, la discapacidad no deja de ser una construcción social en la que se hace una distinción entre personas normales y anormales. “Si esas personas que se salen de lo normal tienen cubiertas sus necesidades de accesibilidad entran a tener un comportamiento normal en cuanto al desarrollo de su vida”, subrayó.
La tesis de Miranda, La accesibilidad universal y su gestión como elementos imprescindibles para el ejercicio de los derechos fundamentales, muestra un análisis de la situación de la accesibilidad en puntos concretos de Pamplona, donde se observan numerosas deficiencias e incumplimientos de la ley estatal en esta materia. La Comunidad foral cuenta con una norma propia, pero según explicó el autor, decidió ceñirse a las reglas comunes a todo el país porque estas son más básicas y generales. “La ley foral tiene que ceñirse al reglamento estatal, por lo que si incumple este también se hace lo mismo con la norma de Navarra”, apuntó.
Pamplona acostumbra a ser el referente, donde se miran las entidades locales, pero el autor observó que en el ámbito rural, por norma general, hay menos cobertura de las necesidades de accesibilidad. Algo curioso a su parecer, ya que las leyes son iguales para todos. Según su planteamiento anterior, esto hace que las discapacidades en estos lugares alejados de la urbe las discapacidades sean mayores y más generalizadas, ya que mayor número de personas ven limitados sus derechos por problemas de accesibilidad en su entorno y, quienes ya los sufrirían en las ciudades, los ven intensificados.
Ámbitos más precarios La accesibilidad en el transporte intercomarcal de autobuses en Navarra es, a juicio de Javier Miranda, “una catástrofe”. “Una cosa es el transporte en Pamplona con los autobuses adaptados y otra es el transporte en autobuses a pueblos”, apuntó, explicando que en su inmensa mayoría estos vehículos no están adaptados y presentan dificultades prácticamente insalvables para personas en silla de ruedas incluso si estas van acompañadas. Pamplona, además, cuenta con un servicio de bono taxi con el que las personas con graves dificultades en su movilidad pueden utilizar este medio de transporte de manera gratuita entregando al correspondiente acreditación de que son usuarias de este servicio. El área de Servicios Sociales y Mujer es el que se hace cargo del pago.
Miranda hizo referencia también a que quienes más dificultades genéricas encuentran en su día a día son las personas con discapacidad cognitiva e intelectual. Una de las medidas de accesibilidad frecuentes para estas personas es la utilización de pictogramas, dibujos sencillos que representan una realidad y que pueden ayudar a una mejor comprensión a este colectivo.
Según comentó, estos tienen que ser entendidos por el máximo número de personas posibles, no pensados para un colectivo específico. Además, añadió, deben de estar validados y normalizados, algo que no siempre se cumple. Dentro de este grupo el estudio señala como no adecuados los pictogramas fomentados por al Asociación Navarra de Autismo (ANA), unos dibujos que buscan facilitar la normalización de los espacios a estas personas pero que no están dirigidos a otros públicos.
Malas prácticas El trabajo de Javier Miranda hace referencia a que no siempre se incluyen mejoras de accesibilidad con los fines adecuados, distorsionando su labor de ayuda. Uno de estos malos usos, a su parecer, es el político, pues aseguró que en numerosas ocasiones se invierte en esta materia en busca de votos y una imagen positiva del partido, no para mejorar la vida de las personas. “La accesibilidad suele aparecer en vísperas electorales”, ilustró el autor. Las empresas, aseguró, utilizan también estas mejoras con fines poco adecuados, ya que realizan proyectos orientados a la mejora de la accesibilidad con una misión publicitaria, buscando una mejor imagen de la marca.
El no convertir a la persona en el centro de estas mejoras, destacó Miranda, es el gran problema de estas motivaciones, ya que las desvirtúa y, en ocasiones, las convierte en inútiles puesto que no se adecuan a la ley. Y es que de qué sirven una rampa con una inclinación excesiva, un baño adaptado a sillas de ruedas cuya puerta ellos no pueden manipular o un ascensor a cuyos botones no se puede acceder desde esta misma herramienta de transporte.
