pamplona - La nueva ley de Accesibilidad Universal de Navarra prevé la reserva de plazas en diversos ámbitos como empleo, educación, vivienda, transporte público o información y formación, entre otros, para garantizar la igualdad de oportunidades a la población con discapacidad. La nueva ley, que sustituye a la anterior que data de 2010, asume los nuevos marcos legales que emanan de la legislación estatal y de la Convención de Derechos de las Personas con Discapacidad, por lo que situará a la Comunidad Foral en una situación puntera y garantista. Así lo puso ayer de manifiesto tanto la consejera de Presidencia, Función Pública, Interior y Justicia, Mª José Beaumont, como el letrado de la Administración de Justicia, Martín Corera.
La nueva normativa, cuyo dictamen está previsto que hoy supere el trámite de comisión parlamentaria, será aprobada el próximo día 7 de junio por el Pleno de la Cámara legislativa de Navarra y, además, con la unanimidad de todos los grupos, según anunció la consejera. Organizada por el citado departamento, ayer se celebró una jornada en Civican para presentar el contenido de la nueva ley. Mª José Beaumont destacó que se trata de “una ley muy garantista que, mirando lo primero por los derechos de las personas, articula los mecanismos necesarios para garantizar el ejercicio de esos derechos en condiciones de igualdad y no discriminación”.
La ley, añadió la consejera, “aporta muchísimas cosas en cuanto que la ley actual es de 2010 y ha quedado obsoleta. Ha habido normativa estatal y la Convención Europea por lo que había necesidad de adaptar la legislación foral a las nuevas estrategias”. La consejera destacó en declaraciones a este periódico, entre las aportaciones, que “ha sido participada y acreditada con las entidades del Cermin, de todos los departamentos del Gobierno foral y de la Federación Navarra de Municipios y Concejos”.
Subrayó que los poderes públicos asumen dos compromiso importantes. Por un lado, en el plazo de 6 meses, el Gobierno tiene que presentar un plan de actuación al Parlamento, y las entidades locales disponen del plazo de un año para elaborar sus propios plantes”. Además, a lo largo de la legislatura se irán abordando los desarrollos reglamentarios. “Vamos a dejar la situación más ordenada, más organizada y participada por las personas que necesitan estas medidas”, añadió la consejera.
Beaumont reconoció que aún “hay muchas barreras. El tema no es fácil y hay que pisar tierra pero hay que dotarse de herramienta porque si no nunca se haría nada y todos los proyectos de ley que vaya a enviar el gobierno o cualquier dictamen deberá conllevar el correspondiente informe específico de accesibilidad”. Apuntó por último que la ley va dirigida a las personas que actualmente tienen discapacidad, singularmente a menores y mujeres discapacitados y a todas las personas que en algún momento de la vida tendremos alguna discapacidad”.
ley participada El proyecto de Ley Foral de Accesibilidad Universal, como queda dicho, surge de la necesidad de adaptar la ley Foral 5/2010, de 6 de abril, a las nuevas normativas que en los últimos años se han ido aplicando en materia de personas con discapacidad e, incluso, superarlas. Durante la jornada celebrada en Civican ayer por la mañana, la consejera agradeció el trabajo de representantes del Cermin (Comité de Entidades Representantes de Personas con Discapacidad de Navarra) y de Edurne Eginoa, directora general de Presidencia y Gobierno Abierto, a quien presentó como “la verdadera artífice del proyecto de Ley Foral” y que ayer fue las encargada de moderar la mesa de participantes.
Tal y como detalló Mª José Beaumont en su intervención, el proyecto de Ley Foral “pretende garantizar la igualdad de oportunidades, la inclusión social y la vida independiente de todas las personas” y recoge para ello nuevos ámbitos de aplicación como la administración de justicia, el patrimonio cultural y actividades culturales, deportivas y de ocio, que junto con otras materias fundamentales como empleo, educación o vivienda, han de recoger las condiciones básicas de accesibilidad y no discriminación para garantizar la igualdad de condiciones.
Además incidió en el aspecto innovador de la Ley al incluir en la regulación aspectos como la accesibilidad web y dispositivos para teléfonos móviles, “la gran evolución de las TIC exige una nueva regulación que las contemple, dado que su presencia en las situaciones de la vida cotidiana es constante y deben ser elemento esencial para lograr los objetivos que se deriven de este proyecto de Ley Foral”, indicó. De este modo destacó que la Ley Foral “garantizará la accesibilidad universal y el diseño para todas las personas en elementos como la firma electrónica o las páginas web y aplicaciones para dispositivos móviles”.
En la jornada, junto a la consejera, participaron Martín Corera Izu, letrado de la Administración de Justicia, la periodista Rosana Torres Reinés y la colaboradora en programa educativos Tere Itxaso Indurain.
Martín Corera valoró el proyecto de ley foral como “una mejora importantísima y sustancial; supone que una regulación autonómica está al día de la ordenación internacional. Hace que Navarra, con esta ley, esté en la punta de lanza de las organizaciones autonómicas en España y en el apoyo y solidaridad con las personas”.
En su opinión “estamos en una situación de avance, lento, pero avanzando siempre de forma persistente, constante y luchando por las reivindicaciones de las personas”.
En su intervención, se refirió a los continuos avances que se están dando tanto en el marco legal, como en las resoluciones de los tribunales en favor de las personas con discapacidad, aunque también lamentó la lentitud en algunos aspectos y criticó el referente al derecho al voto ya que hay 100.000 personas en el Estado a las que se les privó del derecho al voto sin avanzar en la reforma de la de 1985 y que sigue paralizada. Manifestó que las entidades públicas “tienen que asumir y sensibilizarse que tienen que apoyar a estos colectivos”.
