PAMPLONa - A Mari Paz Benito Osés es difícil etiquetarla porque la independencia a todos los niveles impregna su discurso y sus actuaciones. No está afiliada a ninguna asociación judicial, no aspira a un sillón de los tribunales superiores y se siente cómoda como instructora. Su juzgado tiene la buena fama de investigar con agilidad y tino. Ella dice que si es ágil es merced a una oficina de funcionarios tan eficaz que no se los merece.
Empezó como jueza decana en 2010. ¿Por qué le apetecía seguir cuatro años más en el cargo?
-Porque es un momento en el que la carrera parece seguir moviéndose en sus reivindicaciones, estamos en un momento importante de intentar lograr cambios. Esos cambios irían desde la modificación del sistema de elección de los vocales del Consejo General del Poder Judicial y toda la incidencia que eso tiene en la independencia judicial y en la apariencia de independencia judicial. También es un momento de intentar lograr cambios que mejoren las condiciones laborales, no solo a nivel personal como profesionales, sino también desde el punto de vista de cómo realizar el trabajo de cara los ciudadanos, el expediente digital, la necesaria reforma de la planta judicial. Tengo unos compañeros excepcionales con los que es muy fácil trabajar y pensé en continuar cuatro años más a ver si logramos algo.
Llama la atención que siempre lleva la voz cantante de las reivindicaciones por el papel gubernativo que ejerce, pero no tiene necesidad alguna de estar afiliada a ninguna asociación judicial que, al fin y al cabo, son quienes promueven las protestas, como las dos huelgas que han realizado este año.
-No creo que sea necesario formar parte de ninguna asociación para llevar a cabo estas reivindicaciones, porque lo que ponen de manifiesto es que todos estamos de acuerdo en estos concretos puntos que es necesario mejorar. Sí que soy la cabeza visible en la medida en que como decana me toca representar a mis compañeros de los órganos unipersonales (un juez por juzgado) pero tanto las asociaciones judiciales como las fiscales se han puesto de acuerdo en la necesaria unidad para hacer fuerza y para ver que no son reclamaciones gratuitas sino necesarias para mejorar la Administración de Justicia.
¿No es una utopía que una decisión que no está en su mano, sino en la de los grandes partidos, como la elección del sistema de vocales del CGPJ, cambie de aquí a futuro?
-No puede ser una utopía porque lo consideramos algo fundamental, pero no solamente nosotros, cada uno de los jueces y magistrados y los jueces decanos, sino también el Consejo de Europa. El grupo de expertos contra la corrupción está advirtiendo de manera constante de que España no cumple los estándares en cuanto a la forma de elección de los vocales. No puede ser que los partidos elijan a los máximos responsables de jueces y magistrados. Lo que hacemos es apoyarnos en esas manifestaciones a nivel europeo para continuar con nuestra reclamación. Este año hemos asistido a un espectáculo bochornoso. No puede ser una utopía asegurar la independencia judicial de manera ajena a un intercambio de cromos. Creo que se ha demostrado que lo pernicioso no son las personas en sí, sino el sistema, y la forma de elección que se estaba llevando a cabo de una manera tan grosera.
En alguna ocasión le he escuchado que precisamente los responsables de ese sistema pernicioso, los políticos, tratan en ocasiones de echar a los jueces a los pies de los caballos y utilizar resoluciones para ponerles en contra de la ciudadanía.
-Es importante entender que en España existe una separación de poderes, que significa que cada uno tiene una función perfectamente delimitada y que cumplir. El poder legislativo es el que hace las leyes y los jueces lo que tenemos que hacer es aplicar esas leyes que el poder legislativo ha aprobado. El poder legislativo tiene que hacer las leyes y los jueces aplicarlas. Ese poder legislativo es elegido cada 4 años por los ciudadanos que elegimos a nuestros máximos representantes quienes van a tener que trasladar a una norma la percepción o la realidad social que existe en un determinado momento. Si se considera que esa realidad social ha cambiado, y que por tanto las resoluciones judiciales tienen que ir por otro camino, será mediante la modificación de una ley que tenemos que aplicar. Esa modificación no puede obtenerse a través de la presión o de la crítica, no a la profesional a la que nos sometemos, sino a la ligada al insulto y al desprestigio, que tiene un fin que podríamos calificar casi como espurio de poner a la ciudadanía contra los jueces.
En el caso de La Manada, y ya le anticipo que van varias cuestiones al respecto, la crítica espontánea de la ciudadanía se ha resuelto con un debate real en pos de modificar la legislación existente sobre delitos sexuales. ¿Es ese el camino para hacer cambios de este tipo?
-Lo que creo es que es muy importante escuchar a la sociedad. El hecho de que la sociedad pueda criticar una determinada resolución judicial, o cómo se está tipificando una conducta o cómo está contemplada como delito, es positivo, y la única manera de avanzar y de adecuar las leyes a la realidad. La ley lo que busca es una pacífica convivencia y si hay que modificar la ley para adecuarla a esa convivencia, habrá que hacerlo. Ahora bien, el hecho de que se utilice esta crítica por parte de responsables políticos e incluso de responsables que tienen en su mano cambiar la ley nos parece totalmente rechazable. Si no están de acuerdo en las nomenclaturas del delito, de abuso o agresión, está en sus manos cambiar esas nomenclaturas. Tenemos que tener en cuenta también que son cuestiones técnicas muy complicadas. Y muchas veces lo que se entiende por parte de la ciudadanía no es lo que realmente se ha podido decir en una resolución porque repito que son cuestiones técnicas muy complicadas. Y también tenemos que hacer aquí un poco de autocrítica.
¿En qué sentido pide autocrítica?
-La Justicia se ha mostrado durante mucho tiempo muy distanciada de la sociedad. Y hay que aproximarla y hay que explicar. Explicar no significa que los jueces tengamos que justificar lo que estamos decidiendo en un momento determinado, porque eso se hace en las sentencias y por medio de la motivación. Y todos los ciudadanos tienen que estar tranquilos en el sentido de que si las partes no están de acuerdo con las resoluciones existe un régimen de recursos de forma que un órgano superior continuará viendo ese asunto si considera que hay que realizar algún tipo de modificación. Al margen de lo que sería esa justificación, que no, sí que tenemos que hacer una explicación y a veces sí que se echa de menos que por parte del Consejo General del Poder Judicial se llevara a cabo una labor más didáctica, que permitiera entender determinados conceptos que pueden ser complicados pero que, sin embargo, tienen mucha transcendencia. Hay asuntos que son mediáticos y que exigen comprender de alguna manera lo que se está decidiendo y en base a qué se está decidiendo.
¿Cree que si a la par que se conoce la sentencia se hubiera explicado en qué consiste el prevalimiento, pongamos en una nota de prensa, no hubiera habido la reacción ciudadana que se produjo?
-Creo que esta sentencia en concreto, y este caso en concreto, es excepcional y hay que tomarlo como lo excepcional que es. Es muy difícil incluso para los profesionales el comprender qué es un prevalimiento y poder distinguirlo de una intimidación, lo que puede cambiar incluso el tipo de delito en el que estamos. Pero me voy a remitir a los datos objetivos: en este asunto han intervenido nueve jueces y hemos encontrado posiciones jurídicas diferentes en unos y otros, y todos son profesionales y valoran las mismas pruebas. Este es un asunto muy complicado. Habrá que ver qué dice el Tribunal Supremo. Pero sí que creo que en general hay cuestiones que se tienen que explicar para que se puedan entender, porque de lo contrario es muy difícil hablar de aquello que no se entiende.
La reivindicación, la crítica y la protesta también ha sido excepcional. ¿Le ha sorprendido la reacción ciudadana en este caso?
-La reacción ciudadana puede sorprender, pero el hecho de que exista esa reacción y esa crítica creo que siempre es positivo, porque es la manera de hacernos pensar a todos y cada uno desde la función que debemos desempeñar y si estamos realizando nuestra función desde esa sociedad, o necesita algún cambio o modificación. En la reunión de jueces decanos, y a raíz de lo que ha ocurrido con este asunto, se propuso que en los gabinetes de comunicación, una figura fundamental y en la que debe estar un profesional, se incorporara al mismo a un juez para colaborar y ayudar a entender este tipo de resoluciones y esos términos jurídicos. Desde luego es fundamental y se ha puesto de manifiesto que hay que revisar la tipificación de los delitos contra la libertad sexual y ver si es necesario introducir términos como la violación. Cuando analizas las críticas, llegamos a la conclusión de que la mayor parte del problema es terminológico. Por eso habrá que analizar por qué en su momento se decidió ese término y suprimirlo del Código Penal (en 1995), y hablar de abuso y agresión. Y también habrá que ver si lo que hoy en día se contempla como delito de abuso sexual tiene que ser tal o tiene que ser reconducido hacia ese concepto más acorde, como lo que se reclama, que sería la violación. Y lo que sería muy importante es trasladarlo a la ciudadanía y para entender que los jueces la función que tenemos es la de aplicar el Código Penal.
¿Le ha molestado alguna vez que una resolución suya no se haya entendido?
-Ahora mismo no me viene ninguna a la cabeza. No caigo en ninguna. Pero sí que me afecta en general, cuando veo que alguna resolución no se entiende por falta de explicación nuestra. Es muy importante que hagamos esa función didáctica y que acerquemos la Justicia a todos, desde los más pequeños, para que entiendan qué son los juzgados y tribunales. Al final, nuestro trabajo no es el de unas personas que están vestidas con toga, encima de un estrado y que se dedican a resolver problemas, nuestro trabajo es servir a los ciudadanos que tienen un conflicto y que no lo han podido resolver de otra manera. Depositan aquí su confianza para que se les pueda dar una solución y esa solución tiene que ser temprana.
¿Y cree que el ciudadano confía?
-Lo que sé es que cuando el Consejo General del Poder Judicial realiza sus estadísticas en cuanto a los datos de confianza en los tribunales, aquellas personas que han tenido que tratar asuntos en los juzgados tienen más confianza en la Justicia que aquellos que no han tenido nunca contacto con ella. Los juzgados tenemos un halo negro que llevamos arrastrando desde hace muchos años, no se si merecido o inmerecido, pero cuando la gente tiene ese contacto directo, creo que confía más.
En fechas recientes, en un reportaje sobre violencia de género en estas páginas, una compañera suya hablaba de que su época como jueza de instrucción era a veces un tanto frustrante porque se quedaban casos por el camino.
-El trabajo de un juez instructor es el de tratar de esclarecer un hecho que ha ocurrido buscando todos los datos tanto favorables como desfavorables. Lo que hacemos entonces es recabar todos los datos para la investigación. Si ese hecho es finalmente delito irá a juicio, y si no, lo es tendremos que archivar. Sí que es verdad que a veces se observan carencias, o faltan diligencias para seguir adelante, pero si no hay pruebas se tendrá que absolver y si no hay indicios se tendrá que archivar.
Y, a su vez, ¿es frustrante en algún momento ostentar el cargo de jueza decana?
-Como jueza decana es frustrante intentar una serie de reclamaciones año tras año, y año tras año, y que se consiga muy poquito, por no decir casi nada. Hay que tener en cuenta que los jueces tenemos por así decirlo tres patronos: el Ministerio de Justicia, el Consejo General del Poder Judicial y la comunidad autonómica. En este sentido, la Comunidad Foral es quien nos ha dado una mayor respuesta. Hay cuestiones como el juzgado de cláusulas suelo, o la oficina de asistencia a víctimas del delito, donde la postura de Navarra ha sido de máxima colaboración desde el principio. Sin embargo, conforme nos vamos alejando de la administración local a la central, la posibilidad de obtener algo de lo que se está reclamando se aleja muchísimo. Y ahí es cuando entramos en la necesidad de jueces de refuerzo o de letrados de Justicia de refuerzo, las posibilidades se diluyen.
