Al mes pasan por su despacho y por el servicio del que es responsable en el Colegio de Abogados de Pamplona, decenas de mujeres víctimas de violencia machista. La letrada Maribel Martínez considera que “al igual que el resto de violencias, quizás se esté experimentando un alza en la violencia vicaria como resultado también de la aplicación reciente del artículo 94 del Código Civil, que fue modificado y afecta a la suspensión de las visitas cuando hay hechos de violencia de género que tienen menores a su cargo. Recientemente, el Tribunal Constitucional (TC) ha aclarado que dicho régimen debe ser supervisado por la autoridad judicial, que es quien debe ponderar la conveniencia o no de dicha suspensión. Hasta ahora en Pamplona se estaba decidiendo sobre las visitas estudiando cada caso, pero en otros partidos judiciales de Navarra se aplicaba de manera automática”.

Martínez reconoce que “muchísimas mujeres victimas tienen menores a su cargo, hijos comunes con los maltratadores” y que hay muchos de estos agresores que “hacen daño a los propios menores porque saben que es el mayor daño que le pueden hacer a sus mujeres. Asimismo, también hay otros maltratadores que utilizan a los menores para acercarse a las madres, para seguir con el control económico y de la relación”.

La abogada pamplonesa recuerda que “el impago de pensiones es el único tipo de delito económico familiar contemplado en la ley. La violencia económica es del todo invisible a efectos legales, pese a que una sentencia del Supremo concluye que se trata de otro tipo de violencia machista”. Por ello, Martínez cree que “ese control económico que ejerce el agresor sobre la mujer y sobre la familia es muy grave porque lleva a mujeres a mantenerse en esas situaciones de violencia ya que sus empleos precarios no les permiten salir de esos círculos”.