El juez más mediático de Navarra cambia de destino. Era un secreto a voces y ahora ya se ha consumado. El titular del Juzgado de Instrucción número 2 de Pamplona, Fermín Otamendi Zozaya, que lleva de baja desde abril y que en su ausencia su juzgado recibió la visita del servicio de Inspección del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) debido, al parecer, a la cantidad de causas paralizadas y en las que acumulaba retrasos considerables, va a abandonar próximamente la Comunidad Foral. El Boletín Oficial del Estado del pasado 2 de diciembre de 2022 publicó la marcha del magistrado Otamendi al juzgado de lo Contencioso Administrativo número 3 de Girona. Es decir, ya no se dedicará a la instrucción penal sino a los pleitos que tengan relación con todo tipo de administraciones públicas

Otamendi se marcha sin ni siquiera acabar una de las últimas causas más relevantes que investigaba, como el caso Davalor, que incluso provocó la dimisión y salida del Gobierno de Navarra del por entonces consejero Manu Ayerdi.

Su manera de actuar ha levantado frecuentes ampollas entre los principales intervinientes del Palacio de Justicia y también le había llevado a tener roces no solo con abogados/as sino incluso con el propio personal de su juzgado, uno de los que más interinidad sufre de los órganos judiciales navarros. Habitual de la primera línea de las reivindicaciones de jueces y magistrados, la fama mediática y de juez implacable y controvertido se originó por su particular manera de instruir algunos casos judiciales relevantes de la Comunidad Foral.

Otamendi fue por ejemplo el instructor del caso Vizcay, o caso Osasuna, la causa en la que se investigó la denuncia que presentó Osasuna por la salida sin justificar de 3 millones de euros del club durante el mandato de Archanco. En dicho procedimiento, en el que se recibió asimismo una denuncia de la Liga de Fútbol Profesional después de que el exgerente Ángel Vizcay declarara que parte de ese dinero se había destinado al pago de diversos partidos, Otamendi tuvo que afrontar dos situaciones propias de su afán peculiar. En una de ellas, harto ya de las varias declaraciones que había ofrecido Vizcay, le puso a este entre la espada y la pared al sacarle a colación, en una indagatoria ante varios abogados, si su confesión ante la Liga podía tener origen en algún tipo de chantaje. Todo a raíz de unas imágenes que había encontrado en el correo electrónico de su ordenador y a las que Vizcay restó importancia. Ya, durante el juicio, el exjugador de Osasuna, Sisinio Fernández, llegó a confesar que en una ocasión, al ir a declarar con el instructor Otamendi, este le puso al teléfono a Javier Tebas, presidente de la Liga, que le prometió cubrirle su contrato a cambio de que contara lo que había escuchado del vestuario de Osasuna sobre amaños. Ninguna de las partes implicadas utilizó finalmente esta declaración de Sisinio para denunciar al juez y de este episodio, la sentencia dictada por la Audiencia pasa absolutamente de puntillas.

PROCESAMIENTO DE MIEMBROS DE INDAR GORRI

Otamendi también procesó en una operación policial gigantesca a varios miembros de la peña Indar Gorri, a los que estuvo investigando durante meses por desórdenes públicos, altercados y formar un grupo criminal. Finalmente, fueron condenados once de los hinchas de los 21 que fueron imputados inicialmente por Otamendi.

El magistrado navarro, que ha aludido a razones personales para su traslado a Girona, lleva inactivo desde abril en su juzgado de Pamplona, escasas semanas antes de que su órgano judicial recibiera una inspección del CGPJ para conocer la situación de distintas causas y si existía alguna anomalía. La resolución del servicio de Inspección no ha trascendido en caso de que esté dictada.

Otro caso que ha acompañado sin duda el haber de Otamendi ha sido el caso Cervera, donde investigó al exdiputado del Partido Popular, Santiago Cervera, por un supuesto intento de chantaje al presidente de la CAN, José Antonio Asiáin. Cervera, que también dimitió de su puesto en la Mesa del Congreso cuando fue detenido, fue interceptado por agentes de la Guardia Civil cuando recogía un sobre con supuesta documentación en las murallas de Pamplona, en lo que una vez visto con perspectiva podía haber sido una trampa tendida al propio político. En cualquier caso Otamendi no cesó en su intento de sentarle en el banquillo y Cervera ha recordado en varias ocasiones sus desencuentros con el magistrado. Incluso, posteriormente, este le demandó por vulnerar su derecho al honor en un artículo publicado en este periódico.

El propio juez investigó asimismo la causa de la ikurriña desplegada frente al Ayuntamiento de Pamplona justo minutos antes de que se lanzara el Chupinazo y era también el encargado de instruir la investigación para conocer el origen del pelotazo policial que dejó tuerto a un vecino de Villava, Aingeru Zudaire. Este fue un asunto que trató de cerrar de cualquier modo, archivarlo y listo, pero que no le fue posible, e incluso llegó a dictar una resolución en la que invitaba a Zudaire a reclamar daños y perjuicios a los sindicatos convocantes de la huelga en la que se produjo su incidente. Al caso Davalor, Otamendi no le ha puesto cierre después de meses de investigación y de miles de folios de documentación recabada. El asunto ahora mismo está muerto por inactivo. Su juzgado lo ha ocupado hasta ahora una jueza sustituta, hasta que la plaza salga a concurso público.