La Justicia de Polonia decidirá a principios de 2023 sobre la situación del periodista vasco Pablo González, cuando este va camino de cumplir un año detenido en una prisión de ese país sin una acusación formal.
Así lo ha indicado este miércoles a EFE el tribunal de apelaciones de Rzeszów, que ha fijado para el 10 de enero próximo la vista sobre la reclamación presentada por la defensa de González a propósito de la decisión de prorrogar la detención preventiva del informador.
El pasado 24 de noviembre un tribunal de rango inferior en Przemyl prorrogó por tercera vez la prisión de González, quien en febrero cumplirá un año detenido a la espera de juicio y sin acusación formal contra él.
El 28 de febrero de 2022 González, que tiene doble nacionalidad española y rusa, fue detenido por los servicios internos de seguridad polacos (ABW), que acusó al periodista de trabajar para los servicios secretos del Ejército ruso (GRU).
Tras la detención de González la oficina de prensa del coordinador de los servicios secretos polacos indicó que el periodista usó su condición de informador para moverse libremente por Europa y otras partes del mundo, incluidas zonas en conflicto militar.
En aquella ocasión el tribunal regional de Rzeszów admitió la petición de la acusación de enviar al periodista a prisión preventiva durante tres meses durante la investigación del caso.
Los abogados del periodista han presentado hasta el momento una reclamación cada vez que ese tribunal ha decidido prorrogar la prisión preventiva, sin éxito.
La familia de González, por su parte, alega que la detención fue un error por parte de los servicios polacos de seguridad.
Según la pareja del periodista, Oihana Goiriena, González fue detenido por tener doble nacionalidad. El informador, que cubría junto a la frontera con Ucrania la llegada de refugiados desde Ucrania por la invasión rusa de este país, nació en Moscú y es nieto de uno de los conocidos como "niños de la guerra", enviados a la Unión Soviética durante la Guerra Civil española.
González recibió el nombre de Pavel Rubtsov, aunque su madre se lo cambió por el actual cuando se marcharon a Euskadi tras divorciarse de su padre.
Durante la mayor parte de su período en la cárcel González ha sido mantenido en condiciones estrictas que solo le han permitido comunicarse con su familia por vía postal.
El pasado 22 de noviembre el equipo de abogados del periodista, encabezado por el letrado Gonzalo Boye, comunicó que un día antes el detenido pudo ser visitado por primera vez por su pareja, quien dijo haberle encontrado "bien, física y mentalmente".
La visita a la prisión de Radom, donde está detenido González, duró dos horas y se produjo en presencia de un funcionario de los ABW polacos.
En todos estos meses el caso de González suscitó la atención de numerosas instituciones internacionales.
En noviembre Antoine Bernard, responsable de la sección internacional de Reporteros sin Fronteras (RSF) envió una carta al ministro polaco y fiscal general polaco, Zbigniew Ziobro, en la que le pidió que la fiscalía no pidiera una prórroga de la detención preventiva.
Antes, la Asociación Pro Derechos Humanos de España (APDHE) instó al Gobierno español y a las instituciones de la Unión Europea a actuar en defensa de los derechos de González y de a favor de la libertad de prensa.
En marzo las federaciones europea e internacional de periodistas aseguraron que el arresto de González significa un ataque a la libertad de prensa y contra la democracia y pidió su liberación al Gobierno polaco.
La acusación polaca rechaza comentar detalles de la investigación abierta por "la naturaleza, objeto y secreto de las diligencias preparatorias, así como por las actividades operativas y de procedimiento" abiertas en relación con el caso.
