El Gobierno de Navarra investigará el caso del jefe de Obstetricia y Ginecología del Hospital García Orcoyen que cobra la exclusividad pese a que trabaja en una clínica privada, del que informó ayer este periódico. El Ejecutivo abrirá un expediente para investigar el caso después de que ayer el sindicato LAB presentase una denuncia en Función Pública.
El vicepresidente y consejero de Presidencia, Igualdad, Función Pública e Interior, Javier Remírez, detalló ayer tras la sesión de Gobierno que les “consta” esta información y que lo que procede es “abrir el oportuno expediente para ver si se ha actuado bien”. El Gobierno no ha decidido si abrirá o no una inspección general, algo que solicitó ayer el sindicato LAB, porque, según Remírez, “todavía es pronto” ya que no se tiene constancia de ningún otro caso y subrayó que “la honestidad y honradez” de los trabajadores públicos es “algo generalizado”.
Lab quiere una inspección general
Precisamente, el sindicato LAB pidió al Gobierno que lleve a cabo una inspección general y exhaustiva “para erradicar las malas prácticas” que se puedan estar dando ya que el sindicato considera que no es un caso aislado. Tras señalar que ayer se interpuso una denuncia ante Función Pública, el coordinador del sindicato, Imanol Karrera, consideró que “puede ser el primer fraude de otros muchos” por lo que reclamó al Ejecutivo foral que fortalezca los servicios públicos, mejore las condiciones laborales de todo el personal y garantice “una atención digna a toda la sociedad”.
Según Karrera, las características del caso denunciado “son un indicador de lo que puede ser un fraude generalizado y normalizado” ya que “solo así puede entenderse que un profesional que cobra un complemento de exclusividad sin pudor ni rubor alguno anuncie públicamente en internet sus servicios en clínicas privadas y pueda solicitarse consulta con él sin temer a las consecuencias”. Un “aparente sentimiento de impunidad”, apuntó el coordinador de LAB, que puede conllevar “una manera de funcionar aceptada por parte de algunos profesionales representados por el Sindicato Médico y por parte de la propia Administración”. En este sentido, valoró que dado el “carácter central” que para el SMN tiene esta reivindicación se podría pensar que “lo que realmente busca es dar seguridad jurídica a una práctica habitual que sin lugar a dudas está fuera de la legislación vigente”.
