El Defensor del Pueblo de Navarra, Patxi Vera, ha advertido de que se están dando "casos de extorsión grave" para acceder al empadronamiento en la Comunidad foral, algo que, en su opinión, no se debe tanto a "mafias organizadas" sino a "actuaciones individuales de propietarios que se aprovechan de la situación" de personas que necesitan empadronarse, algo que es la "llave para solicitar cualquier ayuda". Igualmente, ha destacado la "imperiosa necesidad" de vivienda en alquiler social. CONSULTA AQUÍ EL INFORME ANUAL DEL DEFENSOR
Vera, que ha comparecido este miércoles en el Parlamento de Navarra para presentar el informe del Defensor correspondiente al año 2022, ha expresado su voluntad de "mantener una actividad proactiva" en el ámbito social para supervisar que "sea cierto que no se deja a nadie atrás", lo que le ha llevado a visitar a 27 entidades sociales que "trabajan en primera línea" y ayudan a personas que viven en Navarra en situación de pobreza o exclusión, quienes "están más en riesgo de que se vulneren sus derechos".
Se ha mostrado "orgulloso" de que en la Comunidad foral "exista una malla de entidades sociales que se complementan y que es una red de protección" a colectivos logrando "evitar que estas personas caigan al fondo". No obstante, ha señalado que "cubren servicios que debería dar la Administración y no el voluntariado".
Entre las principales quejas que ha detectado en estas reuniones se encuentra la "imperiosa necesidad" de vivienda de alquiler social y ha alertado de que "tenemos a personas viviendo debajo de un puente y en bajeras abandonadas".
También ha advertido del acceso al empadronamiento, que es la "llave para solicitar cualquier ayuda". Ha advertido ante "restricciones" que "facilitan casos de extorsión graves". Ha llamado la atención, además, ante ciudadanos que "no se atreven a quejarse por temor a represalias".
Por otro lado, ha destacado la "brecha digital" que "dificulta conectar con la Administración por otra forma que no sea telemática o para acceder a ayudas", que está suponiendo a sus destinatarios "un trabajo añadido que les está desbordando". Finalmente, ha pedido la "abolición de la cita previa con la Administración" y ha apelado a "derribar las barreras levantadas por la pandemia".
EDUCACIÓN CONCENTRA LA MAYORÍA DE LAS QUEJAS CIUDADANAS
En 2022, el Defensor del Pueblo ha realizado 3.575 actuaciones, de las que 1.411 han sido quejas si bien 238 se presentaron "en bloque" debido a la huelga en las escuelas infantiles. También se han recibido 1.829 consultas, se han realizado 19 actuaciones de oficio, se han recibido 10 propuestas de mejora y se han tramitado 17 expedientes de medicación. El año pasado acudieron a la entidad 9.601 personas -el 63,7% mujeres-: 4.317 para quejas, 5.221 para consultas y 45 con propuestas.
Patxi Vera ha destacado que la preocupación por el Covid-19 "ha bajado al séptimo lugar" y "previsiblemente desaparecerá del top 10 este año" después de ocupar las primeras posiciones en 2020 y 2021. Educación ocupa el principal motivo de queja debido a la huelga en las escuelas infantiles, si bien también se recogen quejas por la admisión de niños, la "desatención" a alumnado con necesidades especiales, la jornada escolar o por acoso escolar.
Otros de los principales temas de queja son el acceso al empleo público, por procesos de estabilización o retrasos en procesos selectivos; seguido de retrasos en la renta garantizada, falta de plazas en albergues, la dificultad de concertar cita en la Seguridad Social; o las listas de espera, la "escasez de profesionales" o la atención por parte de administrativos en sanidad o la "escasez" de vivienda en alquiler, entre otras.
Del total de quejas presentadas, se dio la razón a 617 (69,4%), en 249 no fue necesario una resolución y 23 hubo desistimiento o actuación judicial. La mayoría de las quejas estaban motivadas por la actuación de la Administración, sus organismos y sociedades públicas, con el 37%, seguido de las entidades locales con el 25,5%. El 20% se debe a la actuación conjunta entre ambas administraciones, el 12,8% por la administración del Estado y el resto por otras entidades.
Según ha destacado Vera, el Defensor del Pueblo de Navarra ha sido el primero en hacer un análisis sobre las quejas presentadas en función con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), primando las quejas relacionadas con vivienda, el acceso al empleo público o en materia de discapacidad y euskera, entre otras.
Patxi Vera ha recordado que el 1 de octubre se aprobó la posibilidad de que el Defensor del Pueblo pueda imponer multas a las administraciones que no remitan la información requerida o no respondan a las resoluciones. En 2022 se dictó una multa cohercitiva a un ayuntamiento que "procedió al cumplimiento de sus deberes dentro del plazo". En este sentido, ha destacado que "no he apreciado mala fe" sino "falta de medios".
NAVARRA SUMA CRITICA LA SITUACIÓN "DEMENCIAL" EN LA SEGURIDAD SOCIAL
En el turno de los grupos, el portavoz de Navarra Suma, Juan Luis Sánchez de Muniáin, ha resaltado, por "frecuentes y novedosas", las quejas por la "falta de atención" en las oficinas de la Seguridad Social. Ha considerado una situación "demencial" que haya una "auténtica barrera" para "aquellos ciudadanos a los que deben servir" dando como solución "trámites telemáticos cambiantes". A ello ha añadido las "desesperada situación por las listas de espera" o los ciudadanos que "llevan varios años esperando la adjudicación de una vivienda".
Seguidamente, la socialista Inma Jurío ha destacado el aumento en el número de quejas y consultas pero también de propuestas ciudadanas ante las que "debemos ser receptivos". Ha señalado que el principal objeto de queja en 2022 fue Educación, principalmente por la huelga en las escuelas infantiles y ha resaltado que el Gobierno foral y la Federación de Municipios y Concejos han "sentado las bases de un acuerdo para dar respuesta a las necesidades de este ciclo".
Por parte de Geroa Bai, María Solana ha considerado el informe del Defensor "un Navarrómetro de primer orden' y ha puesto en valor su "proactividad" en el ámbito social que "va más allá de la que mantienen muchos de los consejeros del Gobierno de Navarra", citando en especial al de Educación "que tiene bastante dificultad para mantener esa relación". Solana ha subrayado que, a pesar de la huelga de las escuelas infantiles, Educación "sigue siendo un ámbito que genera muchas quejas".
Desde EH Bildu, Adolfo Araiz ha remarcado que el Defensor del Pueblo es un "servicio indispensable" y ha recordado los "intentos de supresión de los gobiernos de UPN en tiempos de crisis". Ha opinado que "la burocracia, normas sin sentido de la administración o la interpretación literal del procedimiento lleva a extremos intolerables". Ha llamado a "superar el concepto de administración absolutamente cerrada" y ha considerado que el Defensor "ha ido rompiendo barreras, la visión que tenían las administraciones hacia la ciudadanía".
Finalmente, el representante de Podemos, Mikel Buil, ha indicado que "hemos llegado a una suerte de techo en las quejas presentadas" y se ha planteado si "representa el malestar social" o la "propia capacidad del Defensor del Pueblo y el conocimiento que tiene la población del mismo". Ha puesto en valor la oficina de atención ciudadana para ofrecer una atención presencial "porque su función social es clave".
