Un juez anula la multa del Gobierno vasco a los conciertos de La Polla Records por incumplir la normativa covid

Un juzgado ha declarado nula la multa de 6.000 euros impuesta por el Departamento vasco de Salud a la promotora de conciertos Last Tour al considerar que había incumplido la normativa sanitaria en dos actuaciones del grupo La Polla Records en Gasteiz, por no haber exigido en la entrada el pasaporte covid y porque parte del público no usó mascarillas.

Los dos conciertos se celebraron los días 17 y 18 de diciembre de 2021 en el Pabellón Buesa Arena, dentro de la gira de despedida del grupo de punk alavés, tras más de 40 años sobre los escenarios.

Los inspectores del Gobierno vasco que acudieron a estas dos actuaciones constataron un "claro incumplimiento" de la normativa anticovid y el Departamento de Salud impuso la máxima sanción, 3.000 euros por cada concierto, al entender que se habían cometido dos infracciones graves en un momento en el que Euskadi se encontraba en situación de emergencia sanitaria.

La promotora de conciertos Last Tour ha recordado este viernes en un comunicado que recurrió a los tribunales, que ahora le han dado la razón, y el Gobierno Vasco deberá devolver esa multa más los intereses legales.

Last Tour expone que debido a las restricciones impuestas en la pandemia, en 2020 y 2021 perdió más de un 90 % de la facturación, y que también 2022 se vio seriamente lastrado por las fechas en las que se levantaron por completo todas las restricciones.

"Aplazamos cientos de conciertos, cancelamos otros tantos, otros los hicimos sujetos a la norma que se dictaba en el momento que las autoridades creían oportuno, muchos de ellos reduciendo aforos y perdiendo dinero", relata Last Tour, que asegura que siempre cumplió la normativa.

Recuerda que en diciembre de 2021 pudo retomar dos de los conciertos aplazados desde hacía un año y medio, los de La Polla Records en el Buesa Arena de Vitoria, y que los días previos a las actuaciones se dictaron nuevas normas lo que les obligó a tener que devolver cientos de entradas de personas que se negaban a acudir si tenían que mostrar el pasaporte sanitario.

También tuvieron que multiplicar el personal de seguridad para realizar ese seguimiento del pasaporte.

Pese a ser deficitarios por todas las entradas devueltas, los conciertos se celebraron porque querían reivindicar el valor de la cultura pero se encontraron con el expediente sancionador, que fue a su juicio un "injusto atropello".

Ahora la justicia ha dado la razón a esta promotora mediante un fallo firme en el que anula las sanciones y obliga a la Administración vasca a devolver el dinero.