La Unidad de Atención a Víctimas con Discapacidad Intelectual (UAVDI), un órgano en el que trabajarán especialistas de ámbitos sociales y jurídicos, se ocupa desde ya por reducir la vulnerabilidad de las personas con discapacidad intelectual frente a situaciones de maltrato y abuso, y promover, a su vez, sus derechos en igualdad de acceso a la justicia. La iniciativa, impulsada conjuntamente por las Fundaciones Caja Navarra y la Caixa, va ser desarrollada por la microcooperativa Incluye.
“Este programa ha contado, desde el principio, con la colaboración y supervisión del Gobiernos de Navarra, mediante los Departamentos de Interior, Justicia, Derechos Sociales y, en menor medida, Educación, además de los cuerpos de seguridad y las autoridades judiciales”, ha destacado la delegada de la Fundación la Caixa en la Comunidad Foral, Izaskun Azcona. “Ésto es lo que va a permitir que el proyecto se extienda y sea la administración, en el futuro, quien se haga cargo de él”, ha añadido José Ángel Andrés, presidente Fundación Caja Navarra.
Cuando no existe la figura del facilitador, más del 70% de los casos en los que las víctimas tienen discapacidad intelectual son sobreseídos, en contraste con el 19% en el caso de contar con ella
Las personas con discapacidad necesitan un apoyo específico cuando son víctimas de violencia, explicó Andrés, ya que son altamente vulnerables a sufrir cualquier tipo de abuso. “La prevalencia de abusos a personas de este colectivo es muy elevada en comparación con la población sin discapacidad intelectual, de hasta diez veces mayor”, ha contado. Además, “deben afrontar las consecuencias emocionales que el abuso o el maltrato ha dejado tras de sí y deben enfrentarse a un sistema policial y judicial que no se adecúa a su condición, provocando que su acceso a la justicia sea en condiciones de desigualdad”, ha ampliado Azcona.
Precisamente, entre las causas de esta mayor vulnerabilidad han destacado las relaciones de poder desiguales, su dependencia hacia los cuidados de terceros, el ocultamiento o la indiferencia de sus testimonios, su falta de información en educación sexual, y sus dificultades para saber detectar una situación potencialmente abusiva, para referirla, para oponerse a ella y para denunciarla.
Actuaciones contempladas
La principal figura que se introduce es la del facilitador, que acompaña a la víctima en todo el proceso judicial, ayudándola a entender todo lo que ocurre y a contar los hechos a los profesionales del juzgado. El facilitador, en pocas palabras, evalúa las capacidades de la víctima y dota de herramientas a policías y jueces para saber cómo actuar, además de acompañarla a ella y hacer una especie de mediación. “Cuando no existe esta figura, más del 70% de los casos en los que las víctimas tienen discapacidad intelectual son sobreseídos, en contraste con el 19% si se cuenta con ella”, apuntó, Almudena Martorell, presidenta Fundación A la Par, que aportará su experiencia de 13 años en una iniciativa similar en Madrid.
Además, los objetivos específicos de esta Unidad de Apoyo, entre otros, son la prevención y sensibilización sobre la vulnerabilidad de estas personas y la necesidad de implementar ajustes de procedimiento; asesoramiento jurídico especializado y adaptado antes, durante y después del procedimiento judicial; intervención psicoterapéutica a nivel individual y familiar, ante una situación de abuso; y diseño de herramientas que contribuyan a adaptar la intervención con las personas con discapacidad intelectual, tanto en los contextos forenses, judiciales como clínicos.
