Ven “graves insuficiencias” en el informe sobre los abusos a menores en la Iglesia

Afirma congratularse por el informe, puesto que “aspira a contribuir a la toma de conciencia iniciada hace unos años por parte de la sociedad española” y ante la necesidad de que las víctimas tengan una respuesta, pero lamenta, igual que el miembro de la Plataforma Tolerancia 0, Miguel Hurtado, que el resultado del análisis “no garantiza los derechos a la verdad, la justicia, la reparación y la no repetición, y que no se hayan investigado a fondo los archivos canónicos ni el encubrimiento cometido por la jerarquía católica de forma generalizada y sistemática”. Por ello, cree que es “una oportunidad de oro perdida”.

También sorprende a Europa Laica que, aunque en el informe se estima que el porcentaje de personas adultas que fueron víctimas de abusos cometidos por un sacerdote o religioso católico es del 0,6%, no se recogen otros estudios “que concluyen que los abusadores de menores pueden representar entre el 4 y el 10% del clero, e incluso más, según tiempos y lugares”.

La organización rechaza “de forma destacada” el apartado del análisis sobre las indemnizaciones a las víctimas de estos abusos. Considera que pretender que el Estado se haga cargo de ellas es “inaceptable”. “Solo faltaba eso”, añade. En este sentido, recuerda que la Iglesia “que ha propiciado y ocultado los abusos sexuales, no carece de recursos económicos” y que “su inmensa riqueza la ha acumulado en gran parte precisamente gracias a la generosidad del Estado, a través de la acción o inacción de los distintos gobiernos pre y postconsitucionales”.

Denuncia así que el Estado, con el último gobierno de PSOE y Podemos, “ha seguido contribuyendo a la fortuna de la Iglesia” mediante la concesión de unos 12.000 millones de euros anuales, entre asignaciones directas, exenciones de impuestos, asignación tributaria, etc.

“Súmese a esto la complicidad estatal (gubernamental) en el robo a la ciudadanía de un enorme patrimonio público –que incluye la Mezquita de Córdoba, la catedral de Granada, y así hasta más de 100.000 bienes– a través de las inmatriculaciones eclesiásticas de bienes públicos”, asegura.

Europa Laica también carga contra las recomendaciones realizadas para prevenir estos abusos, puesto que, en primer lugar, no se ha realizado un estudio y diagnóstico “suficiente” de las causas de los abusos. El informe reconoce que detrás de los abusos sexuales, tanto a menores como a adultos, hay un abuso de poder. Sin embargo, la organización señala que no se “llega a ver” que ese abuso de poder, especialmente en la infancia, antes de físico “suele ser mental”. De esta forma, carga contra la postura del informe, donde se pone sobre la mesa la “necesidad” que la Iglesia Católica adopte compromisos públicos para el reconocimiento de las víctimas, la reparación y la reforma institucional. “Estamos en desacuerdo: no podemos dejar todas estas acciones a merced de la buena voluntad de la Iglesia católica. Es el Estado quien debe exigir le reparación de las víctimas. En cuanto a la reforma institucional de la Iglesia, es algo que no compete al Estado”, responde.