Navarra, Cataluña y País Vasco se han comprometido a sellar una alianza en el ámbito de la justicia restaurativa, de la que son territorios pioneros. Para ello, la consejera de Interior, Función Pública y Justicia de Navarra, Amparo López; la consejera de Igualdad, Justicia y Políticas Sociales del País Vasco, Nerea Melgosa, y la consejera de Justicia, Derechos y Memoria de Cataluña, Gemma Ubasart, suscribieron ayer martes por la tarde en San Sebastián una declaración conjunta en la que abogan por avanzar en la atención a las necesidades de la víctima y a fomentar la reinserción de la persona responsable del delito.
El texto resalta que la justicia restaurativa supone un nuevo enfoque “más democrático y social” en la justicia penal y en otros ámbitos donde pueden producirse daños o conflictos, ya que pone el foco en las personas implicadas.
Las tres regiones consideran que es “más cercana a la vida de las personas y las capacita para participar activamente en el tratamiento del injusto”. Indican que, en los procedimientos penales ordinarios, predomina el conflicto y las partes enfrentadas tienen poco margen para abrir un proceso de reparación. Asimismo, el texto destaca que la sentencia judicial no tiene un efecto positivo en el trauma de la víctima ni reconduce el comportamiento del victimario. Sin embargo, mediante la justicia restaurativa, se consigue un “efecto reparador en la víctima de alto valor personal”, y también repercute en el conjunto de la sociedad de forma positiva.
La consejera López destacó en el encuentro que la justicia restaurativa “contribuye a generar convivencia y cohesión social” y también a poner a las víctimas “en el centro de las actuaciones”. En esa línea, defendió que el enfoque restaurativo permite construir un sistema penal en el que las garantías procesales del acusado y satisfacer las necesidades de reparación de las víctimas “no son objetivos excluyentes”, sino que pueden “alcanzarse conjuntamente”. A su vez, explicó el proyecto piloto que ha convertido a Navarra en la primera región española en ofrecer el servicio de justicia restaurativa a víctimas de abusos sexuales cometidos en el seno de la Iglesia Católica, habiéndose concluido dos procesos restaurativos pioneros con sendas víctimas.
Objetivos acordados
Las tres consejeras, mediante la firma del documento, se han comprometido a prestar atención a las necesidades de las víctimas y también a lograr el objetivo de la reinserción de los responsables del delito. Para ello, han acordado distintas medidas: generar un cambio cultural y sistémico en el ámbito judicial aplicando los valores y principios de la justicia restaurativa; implantar políticas públicas efectivas en este ámbito; potenciar servicios estables de calidad que cuenten con una financiación suficiente, y promocionar las prácticas restaurativas comunitarias como herramientas de prevención y resolución de conflictos, previniendo la judicialización de los conflictos.
Ley Foral de Justicia Restaurativa
Cabe recordar que en marzo de este año se aprobó la Ley Foral 4/2023 de Justicia Restaurativa, Mediación y Prácticas Restaurativas asumiendo el Gobierno de Navarra la obligación de garantizar la existencia de servicios, programas y procesos con esta finalidad en todo el territorio de la Comunidad Foral. El Departamento trabaja para continuar con su desarrollo a lo largo de 2024 y 2025, donde también se incluye la confección del primer plan estratégico como herramienta que incluya medidas de impulso, apoyo y formación.
