Luz verde a la ley navarra de justicia restaurativa y mediación

La ley, impulsada por el Gobierno de Navarra, ha contado con los votos a favor de PSN, Geroa Bai, Podemos e I-E, la abstención de EH Bildu y el voto en contra de Navarra Suma.

La norma tiene por objeto promover la resolución pacífica de conflictos mediante la regulación del Servicio de Justicia Restaurativa (ámbito penal) y la habilitación de una serie de instrumentos de calidad y formación en las esferas civil, mercantil y contencioso-administrativa, de modo que la reparación voluntaria de daños y la prevención de la judicialización de conflictos, también en el ámbito comunitario, contribuyan al ejercicio de una justicia "más democrática y cercana".

Con este fin, se instaura el Servicio de Justicia Restaurativa para promover el desagravio y el entendimiento mutuo como vías alternativas de compensación y reinserción.

El Servicio de Justicia Restaurativa asumirá los casos que le sean derivados por el órgano judicial competente en cualquier fase del proceso penal, en delitos de cualquier tipología y gravedad, excepto aquellos prohibidos expresamente. En los casos de extinción o no acreditación de la responsabilidad penal, podrán desarrollarse procesos dirigidos a que las víctimas obtengan una reparación moral adecuada.

Una vez recibida la solicitud de acceso, bien sea por parte de las víctimas, de las personas a las que se atribuye el delito, de la Oficina de Asistencia a las Víctimas -sección Ejecución Penal-, de colegios profesionales o de cualquier otro servicio público que tenga conocimiento de los hechos, se evaluará y, de ajustarse a los requerimientos, se propondrá la iniciación de un proceso restaurativo intrajudicial.

Los resultados de esos procesos tomarán forma de acuerdos entre las personas afectadas, compromisos de reinserción o pactos de reparación comunitaria. Las personas facilitadoras solo tendrán que intervenir si las partes lo solicitan o si observan la existencia de aspectos desproporcionados, poco realistas o injustos, en cuyo caso deberán razonar y registrar el motivo de su intercesión.

Todo proceso concluirá con un informe final que, respetando la confidencialidad legalmente establecida, se comunicará a la Fiscalía y los órganos judiciales.

Respecto a la mediación, entendida como recurso voluntario para la solución de controversias, podrá aplicarse a conflictos que versen sobre materias de libre disposición, además de a aquellas otras sobre las que las partes puedan presentar propuestas de acuerdo, siempre en el marco de la legislación que en cada supuesto resulte de aplicación.

Atendiendo a razones técnicas o características familiares, psicológicas y sociales que así lo aconsejen, se dará preferencia a la comediación entre profesionales de distintas disciplinas, para los que se establecerán sistemas de coordinación y formación conjunta.

Para el buen desarrollo de las labores de intercesión, se instaurará un Registro de Mediación de Navarra, de carácter voluntario e informativo, cuya gestión recaerá en el departamento competente por razón de la materia. Las personas y entidades inscritas deberán cumplir el Código Ético y realizar las actividades de formación que se establezcan en el plan de calidad bienal.

Por otra parte, en relación a las prácticas restaurativas comunitarias, se conciben como herramientas de prevención y resolución de conflictos no judicializados en cualquier ámbito social, incluidos el familiar, vecinal, laboral, escolar, sanitario, de consumo, organizacional y penitenciario.

En el ámbito educativo, el Gobierno de Navarra impulsará la prevención de conflictos mediante la inclusión de programaciones didácticas con contenidos relativos a la igualdad, la paz, la no violencia y la resolución pacífica de conflictos.

Además, el Ejecutivo promoverá la creación de una Red Navarra Restaurativa que ofrezca prácticas comunitarias, mediante convocatoria de subvenciones y otros instrumentos de cooperación con las entidades de iniciativa social.

El consejero de Políticas Migratorias y Justicia del Gobierno de Navarra, Eduardo Santos, ha destacado en el pleno del Parlamento que "el enfoque restaurativo y la mediación se constituyen en pilares de la construcción de una justicia más democrática, más apegada a las necesidades de las personas y que sigue los instrumentos jurídicos europeos y estatales más avanzados".

En contra de la ley, el parlamentario de Navarra Suma Jorge Esparza ha señalado que su grupo ya presentó esta legislatura una proposición de ley para regular la mediación, que no prosperó, y ha explicado que Navarra Suma no apoya este proyecto impulsada por el Gobierno porque "plantea un modelo distinto al que defendemos". "Plantea un modelo de confrontación entre justicia tradicional y las nuevas técnicas restaurativas. El propio consejero Santos ha dicho que hay que apostar por una justicia más democrática. Continuamente hablan de justicia patriarcal, machista, punitivista. Nosotros apostamos por un modelo de convivencia entre la justicia tradicional y estas técnicas de resolución de conflictos", ha asegurado.

La parlamentaria del PSN Virginia Magdaleno ha afirmado que "el camino de este proyecto de ley ha sido muy largo" y ha recordado que se creó una ponencia parlamentaria en la que "hemos trabajado todos los portavoces de forma consistente y dura". Además, ha destacado una enmienda del PSN que excluye de esta ley los casos de violencia de género, casos que ha considerado "difíciles de subsanar en el contexto de la mediación o las prácticas restaurativas".

Por parte de Geroa Bai, Blanca Regúlez ha considerado que esta ley es "buena" para Navarra y "novedosa", aunque "le falten cuestiones que nos gustaría que estuvieran recogidas". Así, ha lamentado que no se ha incluido la mediación laboral en esta ley, pese a que sí estaba contemplada en el anteproyecto. "En esta cuestión, el desconocimiento de lo que se pretendía regular ha llevado al PSN a una sinrazón y presentación de enmiendas -para excluir la mediación laboral- buscando como aliado a Navarra Suma", ha criticado.

La parlamentaria de EH Bildu Arantxa Izurdiaga ha afirmado que su grupo ha trabajado "activamente" en este proyecto y ha realizado "numerosas aportaciones que se han incorporado vía enmienda", pero ha señalado que se abstienen "no tanto por lo que se recoge" en la ley, "sino por lo que no se recoge". Así, al igual que Geroa Bai, ha lamentado que "se ha excluido al ámbito laboral" de esta ley, lo que ha considerado como "un gran error".

La parlamentaria de Podemos Ainhoa Aznárez ha destacado que con esta ley "ensanchamos derechos y ponemos a disposición de la ciudadanía herramientas útiles para la resolución de conflictos de manera pacífica".

La portavoz de Izquierda-Ezkerra, Marisa de Simón, ha asegurado que "lo fundamental y positivo de esta ley es la incorporación a la justicia tradicional de procedimientos de resolución de conflictos, soluciones pactadas, la reparación del daño causado si procediere a través de la mediación, y más fundamental aún es intentar regular esa justicia restaurativa en lo que tiene que ver con el apoyo a la protección de las víctimas pero también la reinserción de los causantes del daño". No obstante, ha considerado un "gran error" no incluir la mediación laboral.