El debate sobre la obligatoriedad de la mascarilla en centros sanitarios ha sido un mar de dudas hasta este miércoles, día en el que el Ministerio de Sanidad pretende imponer su uso obligatorio en todo el Estado. Pero la incertidumbre es tal que a última hora de ayer martes no se sabía a ciencia cierta si en aquellas comunidades que están en contra de que la mascarilla sea obligatoria como es el caso de Navarrase impondrá la decisión del Ministerio o no.

El lunes por la noche saltaba la noticia de que Sanidad –en base al artículo 65 de Actuaciones coordinadas en Salud Pública y en Seguridad Alimentaria– iba a extender la mascarilla obligatoria a los centros sanitarios de todas las comunidades. Pero horas más tarde –el martes por la mañana– la ministra Mónica García abría la puerta a que cada comunidad tomé la decisión que considere oportuna. “Sanidad no va a intervenir y no va a decir a las comunidades qué tienen que hacer, ya que está dentro de sus competencias”, subrayó en una entrevista en Antena 3.

De hecho, hoy acababa el plazo de 48 horas que el Ministerio dio a las comunidades para presentar aportaciones sobre qué medidas tomar para contener la epidemia de virus respiratorios, tras las cuales estaba prevista una reunión entre Sanidad y las CCAA que finalmente no se va a producir. En cambio, García va a comparecer hoy para presentar el documento de actuaciones coordinadas que se va a sacar adelante con el objetivo de “dar cobertura legal a las comunidades que ya la han implantado (la mascarilla) en centros sanitarios”, tal y como señaló ayer la ministra.

Por lo tanto si las comunidades tienen competencia para tomar sus propias decisiones –tal y como señaló el martes la responsable de Sanidad– en Navarra la mascarilla no será obligatoria en los centros sanitarios, ya que el Gobierno foral es partidario de recomendar su uso pero no de que sea obligatoria. No obstante, habrá que esperar a la declaración de hoy de García a tenor de las informaciones contradictorias que han salido del Ministerio en las últimas horas.

De momento no es obligatoria

En cualquier caso, de extenderse el uso obligatorio de la mascarilla en todo el Estado será una medida que entre en vigor una vez que haya una declaración oficial del Ministerio, por lo que, de momento, los ciudadanos que acudan hoy a un centro sanitario no tienen la obligación de llevar mascarilla y portarla será una decisión individual.

En caso de que finalmente el Ministerio imponga la obligatoriedad en todas las comunidades, desde el departamento de Salud anunciaron ayer que analizarán jurídicamente la decisión y “si no hay alternativa” la acatarán. La Comunidad Foral ha mantenido desde el principio una postura favorable a la recomendación del uso de la mascarilla en centro sanitarios, sociosanitarios y para aquellas personas con síntomas, pero no de imponer su uso obligatorio. Tras la reunión del Consejo Interterritorial de Salud del lunes, en la que participó el consejero Fernando Domínguez, el departamento ha trabajado una serie de alegaciones que envió ayer a Sanidad.

6 a favor, 11 en contra

De hecho, la mayoría de comunidades autónomas son partidarias de quedarse en la recomendación. Seis territorios van a seguir la línea del Ministerio y van a imponer la mascarilla obligatoria en centros sanitarios Catalunya, Comunidad Valenciana, Aragón, Murcia, Asturias y Canarias– y once son reacias a ello –Navarra, la CAV, Andalucía, Castilla y León, Cantabria, Baleares, Comunidad de Madrid, La Rioja, Galicia, Extremadura y Castilla-La Mancha–.

La Comunidad Foral y la CAV critican la centralización de las decisiones y reclaman que se respeten las competencias de las comunidades. Asimismo, analizarán jurídicamente si la medida tiene encaje legal.

Pero por otra parte, el resto de comunidades contrarias a la obligatoriedad –prácticamente todas gobernadas por el PP– han aprovechado este debate para cargar contra el Gobierno central, a quien han acusado de actuar “tarde y mal” y han tildado de “improvisadas” las medidas planteadas por Sanidad. Sin embargo, todas las comunidades han asegurado que acatarán la decisión si finalmente el Ministerio la impone para todo el Estado.