Representantes de distintas entidades navarras que trabajan en campamentos de refugiados saharauis han alertado del empeoramiento de la situación de la población de estos emplazamientos.
Así lo han puesto de manifiesto esta mañana representantes de la Asociación de Trabajadores y Técnicos sin Fronteras (ATTsF), la Asociación Navarra de Amigos y Amigas de la República Árabe Saharaui Democrática (ANARASD) y la Asociación Navarra Amigos del Sáhara (ANAS) en una sesión de trabajo en la Comisión de Convivencia y Solidaridad Internacional del Parlamento foral.
El director de ATTsF, Eduardo Irigoyen, ha alertado del "agravamiento de la crisis humanitaria en los últimos años" en unos campos que se mantienen en un contexto "muy poco productivo" con "actividades de subsistencia muy básica" afectadas continuamente por temperaturas extremas, sirocos e inundaciones con ciclos de unos 10 años que se cumplen próximamente.
La coordinadora de ANARASD, Txaro Pardo, ha incidido en que "en estos momentos de crisis emergentes el pueblo saharaui refugiado vive una crisis crónica y olvidada" enfrentándose a una "grave crisis humanitaria, alimentaria, sanitaria y de otros sectores" debido a la reducción de fondos con la consiguiente caída de proyectos que cubren necesidades básicas.
"Es un equilibrio tan precario que en el momento en que un eslabón de la cadena falla, falla todo el sistema", ha referido.
La situación, ha explicado Irigoyen, se ha visto agravada en los últimos años por la pandemia, que "implicó un frenazo a la incipiente actividad económica que había en campamentos" así como "limitaciones en los movimientos" y la paralización del programa "Vacaciones en Paz".
La responsable de este programa de ANAS, Carolina García, ha lamentado la progresiva reducción de sensibilidad con el pueblo saharaui produciéndose un descenso paulatino del número de niños beneficiados. Así, de los 14.000 que salieron en 2010 se pasó a 4.000 en 2019 y a 2.500 tras recuperarse el programa después de la pandemia.
La ruptura del alto el fuego, ha indicado Irigoyen, ha propiciado la llegada de más de 5.000 personas incrementándose las necesidades, un resurgimiento de la guerra que, según ha señalado García, "ha hecho un daño terrible al pueblo saharaui" extendiéndose un miedo generalizado especialmente entre los niños.
El incremento de los precios, ha apuntado el director de ATTsF, ha implicado recortes en las entregas alimentarias que "han dejado en algunos casos raciones en el 50 % en 2022 y 2023" que "se agravaron más con nuevas reducciones y eliminación directa de algunos alimentos".
La alimentación, ha destacado Pardo, es "insuficiente, irregular y poco diversa" con 40.000 personas que quedan desasistidas. La canasta básica solo llega al 75 % de la población a pesar de que el porcentaje de personas vulnerables alcanza el 95 %.
La consecuencia, ha expuesto, es que la malnutrición alcanza el 28,8 % entre menores de 5 años y la anemia 54,2 % en menores 5 años, el 89 % en embarazadas, el 77 % en lactantes y el 53,5 % en mujeres en edad de procreación.
A esto, ha comentado Irigoyen, se le suma que las grandes crisis humanitarias más mediáticas como la guerra de Ucrania "concentran el foco de la información y las donaciones".
El del Sahara, ha aclarado Pardo, "es un conflicto político que requiere soluciones políticas" como es la aprobación de un referéndum "en el que el pueblo saharaui pueda decidir su propio destino" ya que "debe ser un pueblo libre en un país libre".
