La Comisión Ciudadana por la Verdad en las residencias de la Comunidad de Madrid durante la primera ola de la pandemia de Covid-19, promovida por las plataformas Marea de Residencias y Verdad y Justicia, ha concluido que la respuesta del Gobierno de Ayuso "fue inadecuada" y se "vulneraron derechos fundamentales" de los residentes y sus familias.
Según consta en el informe sobre lo ocurrido en las residencias en los meses de marzo y abril de 2020, en este periodo se produjo "una sobremortalidad" en estos centros "que pudo y debió haberse evitado".
Recursos insuficientes
Entre la decena de conclusiones del informe, presentado este viernes en el Ateneo de Madrid, se incluye también que "los recursos sociales y sanitarios eran insuficientes" cuando se declaró la pandemia, situación que "no se ha corregido".
En este informe, presentado tras tres meses de estudios y 25 testimonios recogidos, se apunta que la comunicación entre residencias y familiares, así como la información a éstos, "fue inadecuada" y se sentencia que la Comunidad "no medicalizó las residencias".
"La Comunidad de Madrid restringió drásticamente las derivaciones de pacientes desde las residencias a los hospitales, utilizando criterios discriminatorios por lugar de residencia, discapacidad física o deterioro cognitivo, así como por carecer de seguro privado", subraya el informe, que remarca que la Administración regional "no utilizó los medios alternativos existentes" para ofrecer atención sanitaria a los pacientes de las residencias "ni derivó a pacientes a hospitales privados".
Para esta Comisión, "el sufrimiento y la muerte evitable de miles de personas mayores que vivían en las residencias" fue consecuencia de "unas decisiones planificadas y conscientes de discriminación en la atención", por lo que sentencia que "se han vulnerado gravemente derechos fundamentales de las personas residentes y sus familiares".
Derecho a la verdad
También se ha vulnerado, sostiene el informe, "el derecho a la verdad", pues considera que "no se ha investigado debidamente lo que ocurrió" y "no se han establecido ni responsabilidades ni reparaciones justas".
El encargado de presentar el informe ha sido el presidente de la Comisión, el magistrado emérito del Tribunal Supremo José Antonio Martín Pallín, quien ha precisado que "no se trata de una invasión de tareas que corresponden a los políticos", pero dado que las comisiones de investigación "se frustraron", acciones como ésta "fortalecen la calidad democrática".
Especialmente crítico se ha mostrado con el papel de la Fiscalía a la hora de investigar lo ocurrido o participar en los procesos judiciales en marcha, una actitud que ha tachado de "conformista" y que por su pasado profesional en el Ministerio Fiscal le "duele doblemente". "En algunos casos ni acudían a las declaraciones", ha lamentado.
Entre las recomendaciones que señala el informe está precisamente la búsqueda "de la verdad" y el "deber de no olvidar", algo que pasa, señalan, porque tanto el Gobierno de la Comunidad como la Asamblea de Madrid "reabran la comisión de investigación sobre la pandemia". A esto se suma que la Fiscalía "complete una investigación eficaz y diligente".
Además, reclama un "cambio radical" en el planteamiento del modelo de cuidados, algo que conllevaría una dimensión económica, sociocultural --que pasa por una mayor visibilización de los mayores o personas con discapacidad "como sujetos de pleno derecho", sanitaria, jurídica --con una "puesta al día de la normativa"-- y política. Por último, se pide "mejorar la dotación del sistema sanitario público" y "visibilizar y luchar contra el edadismo".
"No todas las comunidades actuaron igual"
Durante la presentación de este informe, el magistrado emérito ha reconocido la "situación excepcional" que se vivió y que hizo que los dirigentes políticos se vieran "compelidos a tomar decisiones que de otra manera hubieran tomado con más tiempo", pero ha insistido en que la política es "el arte de decidir" y ha destacado que en el informe se comprueba que "no todas las comunidades autónomas actuaron de la misma forma".
El presidente de la Comisión Ciudadana por la Verdad ha recalcado que el informe presentado este viernes "no es un dogma de fe", sino un resultado "fruto de un trabajo riguroso, razonado y fundamentado", por lo que ha defendido que a la hora de desmontarlo "tendrá que hacerse también un trabajo, riguroso, razonado y fundamentado". "El debate está abierto", ha lanzado.
Una vez presentado, en un acto que ha contado con la presencia de los portavoces de los grupos políticos Más Madrid y PSOE tanto en la Asamblea de Madrid como en el Ayuntamiento de la capital, el texto se enviará a "todas las instituciones del Estado", como la mencionada Fiscalía, el Defensor del Pueblo e incluso la Corona, así como a la Comisión Europea.
A juicio de José Antonio Martín Pallín, la vía penal por lo ocurrido en las residencias "debería encabezarla el Ministerio Fiscal" como "depositario de la acción pública", aunque ha recordado que también las familias e incluso la ciudadanía mediante la figura de la acusación popular, pueden acudir a la Justicia.
Estadística "desoladora"
Todo esto tras reconocer que "hasta ahora" el panorama en los tribunales arroja una "estadística bastante desoladora", con 19 causas archivadas hasta el momento por los organismos jurisdiccionales madrileños.
Martín Pallín ha comparecido acompañado del resto de miembros de la Comisión, como el profesor de Derecho Constitucional y del Instituto de Derechos Humanos de la Universidad de Valencia Fernando Flores, a la sazón redactor del informe; la doctora en epidemiología María Victoria Zunzunegui; el médico Fernando Lamata; la escritora Anna Freixas; la socióloga y politóloga Cristina Monge, y el abogado y profesor de la Universidad Carlos III de Madrid Eduardo Ranz.
Precisamente María Victoria Zunzunegui ha remarcado que las decisiones adoptadas ignoraron las prácticas profesionales y la evidencia científica de lo ocurrido en China o Italia semanas antes. "No se hizo lo que se tenía que hacer de acuerdo con prácticas profesionales y evidencia científica", ha incidido.
Por su parte, el doctor Lamata ha aseverado que los mayores derivados a centros hospitalarios tuvieron "un porcentaje de supervivencia del 65%", lo que extrapolado a la Comunidad de Madrid pudo traducirse en que "más de 4.000" de los 7.291 fallecidos en residencias de la región "podrían haberse salvado". "No daba lo mismo", ha concluido.
Hasta el momento, la Justicia suma 19 pronunciamientos que desestiman las responsabilidades de la Comunidad de Madrid en lo ocurrido, el último, por la muerte de dos residentes en sendas residencias de Parla, en el que la Audiencia Provincial dedujo que la atención desplegada "fue la adecuada".
Al contrario que en este caso, la Audiencia Provincial de Madrid sí obligó al Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 3 de Collado Villalba a reabrir el pasado año una causa contra la presidenta de la Comunidad, Isabel Díaz Ayuso, y sus exconsejeros de Sanidad e Interior, Enrique López y Enrique Ruiz Escudero, respectivamente, por las muertes de usuarios de una residencia de ancianos en la primera ola de la pandemia de Covid-19.
También con anterioridad la Audiencia Provincial había determinado, en relación con la muerte de otros dos residentes en otra residencia de la Comunidad, que el Gobierno regional priorizó el criterio clínico en las derivaciones.
