Pedro José Urrutia Urrutia, natural de Doneztebe y ya camino de los 80 años, ha sido nuevamente condenado por un delito de estafa esta vez en el Tribunal Supremo (TS) por haber engañado a dos familias navarras con las que se interesó para la supuesta adquisición de una bodega y una nave en Mutilva, inversiones que nunca llevó a cabo. Urrutia es historia viva de la estafa, ya que le impusieron su primera condena en 1968 y acumula más de 20 años de prisión por seis condenas por distintas actividades delictivas, estuvo prófugo y huyó a Costa Rica tras un desfalco de 18 millones a la empresa guipuzcoana Indaux, de Getaria. En 2009 fue finalmente extraditado tras la intervención de un limpiador de alcantarillas policiales como el comisario Villarejo, que alardeaba en sus famosos audios de haber intermediado en su captura.
El Supremo, como ya hizo el TSJN, le impone 26 meses de prisión, después de que el tribunal navarro le rebajara en seis meses la pena que le impuso la Audiencia, que se elevaba a 32 meses. El TSJN consideró que no se le podía aplicar en este caso la agravante de multirreincidencia porque cuando cometió los hechos en Navarra, en 2016, solo tenía una condena en trámite de la Audiencia de Barcelona. En la pena que se le impone también se ve beneficiado por la atenuante de dilaciones indebidas, debido a la tardanza en juzgarse del procedimiento.
Su socio Miguel Ibáñez Martínez también ha sido condenado en su caso a 20 meses de prisión porque antes del juicio abonó 16.000 euros para compensar a sus víctimas.
En ambas operaciones pidió por adelantado dinero a las familias que querían vender sus propiedades ante la promesa de que el acusado rescataría de Panamá y Costa Rica dinero en metálico para traerlo a España y sufragar el coste. En total, decía que iba a pagar 1,5 millones por la bodega y 400.000 euros por la nave.
Lo que ocurrió en realidad fue que los bodegueros le anticiparon 45.000 euros para que realizara las gestiones pertinentes para traer el dinero y el TSJN les condena tanto a él como a su socio en esta ocasión, Miguel Ibáñez Martínez, a indemnizar con 22.000 euros a los dueños de los viñedos. Urrutia se declara insolvente mientras que su supuesto socio, que según los estafados era su chófer, ya había pagado 15.000 euros antes de la vista oral y se le aplicó la atenuante de reparación del daño.
En el juicio, ambos socios y acusados manifestaron que sus intenciones de compra de las parcelas e instalaciones eran reales, que no se trataba de ninguna estafa pero que falleció la persona que estaba realmente interesada en la adquisición y ya no hubo forma de que fructificara el negocio. El TSJN, al igual que hizo la Audiencia, enmarca dichos argumentos en una mera estrategia de defensa y considera que se produjo el engaño suficiente como para que las víctimas cayeran en la trampa. No en vano Urrutia es un cualificado trilero con un expediente de lo más completo.
Su huida a Costa Rica
Incluso, el comisario Villarejo, líder de las cloacas del Estado, presumía de haber dado el soplo a la Policía en 2009 del lugar donde se encontraba refugiado Urrutia en Costa Rica, cuya vida en la región de San Carlos, al norte del país, no pasaba precisamente como discreta. Se dedicó al negocio de las gasolineras y a vivir como un rey.
El obispo de la diócesis de Alajuela, el logroñés Ángel San Casimiro, intercedió con él para "completar los trámites de la residencia, le dio confianza para que le extendiera un poder generalísimo y, como si el español necesitara dinero, le prestó 165.000 dólares", relataba el diario El País en 2008. Por entonces estaba a punto de ser extraditado en un avión medicalizado a España debido a una intervención cardíaca.
Respecto a la estafa por la que se le condena ahora en Navarra, cometida en 2016, Urrutia negó ayer cualquier intervención y se desentendió del asunto. Al contrario que los estafados, un matrimonio propietario de una bodega en la comarca de Sangüesa, que pactó vender los 27.000 metros cuadrados por 1,5 millones, y el dueño de una nave de Mutilva, valorada en medio millón. Al contacto de ambos llegó a través de un mediador inmobiliario y, según relataron los denunciantes, observó las instalaciones y pidió un plazo de dos meses para formalizar la compra, que no prosperó ni se conoce a día de hoy si quería que prosperara.
En los dos casos, alegó a las partes vendedoras que había que elaborar un contrato para que Urrutia pudiera mandar a alguien de su confianza a Costa Rica para liberar el dinero que allí tenía. Esa comisión, de 45.000 € en el caso de la bodega (se hizo en dos entregas y con dos contratos distintos), y de 9.000 en el otro, figuraba a nombre del otro acusado, Miguel Ibáñez, que era quien cobraba para viajar a Costa Rica a por la financiación. Este procesado, que ejercía de chófer de Urrutia, trató de minimizar cualquier ideación de la trama por parte del navarro. "Yo era comisionista -dijo Ibáñez- de una sociedad importante de Panamá con un inversor en Barcelona (Alberto Cerdans), que falleció. Pero yo no les decía a los vendedores quién les iba a comprar el negocio. Coincidió que a mí me meten en prisión y este inversor muere, pero yo no sabía que ese negocio no se hacía realidad".
A los bodegueros denunciantes les devolvieron entonces 8.000 euros de otro hombre interpuesto, según ellos, por Urrutia. Este fue de nuevo exonerado de responsabilidad por el otro acusado, que relató que la devolución de ese dinero la hizo él, al salir en un permiso, con una cantidad prestada.
Urrutia, a pesar de que iba con chófer en un coche de alta gama y un Rolex en la muñeca aparentando gran solvencia, vino a justificar en el juicio que él solo era un acompañante en las reuniones, que no estaba interesado en la adquisición de los terrenos y solo quería buscar un retiro tranquilo en Doneztebe. Los tribunales, uno tras otro, han ido quitándole la razón y calificando su versión como "inaceptable". Su declaración en el juicio fue así: "En aquellos años yo buscaba una casa por Navarra y conversé con un intermediario de un banco que me ofrecía viviendas. A su vez, me ofreció la venta de una bodega y se lo comenté a Miguel, que podía estar interesado en ella. A mí no me interesaba. He vivido diez años en Costa Rica, tuve un problema y tengo todo el patrimonio retenido. He tenido mucho dinero, pero lo tengo todo embargado por la Audiencia de Guipúzcoa. No podía liberar dinero de allí para este negocio. Es que no tengo dinero ni para bodegas ni para la casa de Paloma San Basilio, que es la que me ofreció el del banco. Pero esa casa estaba en el monte, y no me gustó. Pedía mucho dinero y tenía hipoteca”, recordó.
El Supremo desestima ahora los recursos presentados por Urrutia y el otro condenado. Dice el Alto Tribunal que "las condiciones de los estafados relacionadas con el mundo de la empresa no permite culpabilizarles a los mismos por haber intentado llevar a cabo una operación que aparentaba ser creíble con intervención de personas de solvencia en el sector inmobiliario y con una apariencia que el recurrente utilizaba para convertir en “creíble” una historia bajo la que subyacía la falsedad inherente al despliegue de los medios que utilizó para el buen fin de la estafa con la participación del otro acusado".
El Supremo también entiende que no se le puede rebajar la pena por haber consignado 8.000 euros y desestima que se le aplique la atenuante de reparación del daño.
