Cuando un padre o madre descubre material preocupante en el móvil de su hijo, o cuando un ciudadano se topa con contenido ilegal en una plataforma, puede y debe denunciarlo. Esta vía ha dado lugar a investigaciones de gran calado, como la que destapó un canal de Telegram con más de un millar de suscriptores que comercializaban pornografía infantil. La denuncia partió de una persona afincada en Navarra que, al entrar en ese canal, decidió avisar a la Policía Nacional.
El canal operaba a través de un sistema en cadena: en un grupo genérico se anunciaba la existencia de contenido pedófilo y de otros fetiches. Quienes querían acceder debían abonar una cantidad –mediante Bizum, PayPal u otros sistemas de pago– para ser admitidos en el canal privado.
La clave jurídica es importante: acceder a sabiendas a ese tipo de contenido es delito en España, incluso si no se descarga ni se distribuye nada. El mero acceso online a material de pornografía infantil, conociendo su naturaleza, está penado por el Código Penal. "Aunque la plataforma no colaboró facilitando todos los usuarios, a través de los sistemas financieros de pago hemos podido identificar a más de treinta personas. Y seguimos."
Administradores en Andalucía y Madrid
Los administradores del canal, que fueron localizados en Andalucía y Madrid, aunque la denuncia partió de Navarra, ya han sido detenidos. La investigación continúa su fase de identificación de usuarios, con víctimas localizadas en Argentina y otros países latinoamericanos. El delito por el que se imputa a los administradores es distribución de pornografía infantil con agravante de lucro.
Internet no tiene fronteras, y tampoco las tienen las investigaciones de pornografía infantil. La Policía Nacional trabaja coordinada con los servicios centrales y con organismos internacionales como Interpol, que mantiene la base de datos iChild para la identificación de víctimas a escala global.
El funcionamiento es ilustrativo: si un investigador de Perú tiene en su poder un vídeo de una niña masturbándose en un sofá en el que aparece, al fondo, un programa televisivo español, no reconocerá la señal. Pero cuando ese material se comparte en los encuentros internacionales de Interpol, un agente español puede identificar inmediatamente que la escena es de España. A partir de ahí, comienza la identificación de la víctima.
"En todos los casos que me han tocado en Navarra, el agresor siempre ha estado fuera", explica la investigadora. "Eso tranquiliza a los padres: no es el vecino del quinto. Ha ido a por esa niña igual que podría haber ido a por cualquier otra".
