La Memoria de la Fiscalía de Navarra dedica un capítulo específico a un tema que considera de obligado tratamiento como es el de los menores de edad y el uso que les dan a sus redes sociales. En este ámbito de la Justicia juvenil, donde el Ministerio Público echa en falta una recogida de datos más fiable que puedan arrojar más certezas sobre este tipo de dinámicas delictivas, sobre todo por el hecho de que algunos asuntos quedan encuadrados al margen de la cibercriminalidad informática y se catalogan al margen del medio por el que se han llevado a cabo. Entre las estadísticas que ha podido recoger la Fiscalía destaca que el 10% de las diligencias que investiga son por delitos cometidos con el empleo de redes sociales.
Transformado el porcentaje en números concretos resulta que hasta 81 procedimientos que se siguieron contra menores de edad durante el año pasado se habían producido a través de las distintas redes. En este sentido, 16 de dichos asuntos fueron por delitos relacionados con estafas informáticas y 65 por el resto de delitos. Desglosando estas últimas aparecen registrados los siguientes: amenazas (24), acoso y coacciones (6), extorsión (4), delitos contra la intimidad (12), usurpación de estado civil (4) y distribución de pornografía (1). Además, como delito de acoso escolar a través las Tecnologías de la Información y la Comunicación, se incoaron 14 diligencias previas y en 7 de ellas los presuntos autores eren menores de 14 años.
El Ministerio Fiscal destaca en su informe que “se viene apreciando cada año con preocupación el aumento del uso generalizado y precoz del teléfono móvil con acceso a redes sociales y contenidos inadecuados.
Recuerda la Memoria que según una encuesta de la ONG Save The Children, más de la mitad de los menores ha accedido por primera vez a la pornografía antes de los 13 años, y un 8,7% antes de los 10 años, con una edad media de 12 años. El mundo virtual es una realidad paralela con creciente actividad delictiva en la que también intervienen como denunciados y como perjudicados los menores de edad.
Según el estudio publicado en la web Pantallas amigas sobre datos de los menores españoles, la edad media en la que un menor accede a su primer Smartphone oscila entre los 10 y los 12 años, pese a que La Ley de Protección de Datos fija en 14 años la edad a partir de la cual se puede prestar consentimiento de manera autónoma, para poder tener su propia cuenta en redes sociales como X, Instagram, TikTok…
Con 8-9 años en redes sociales
Por su parte en un estudio publicado desde la Agencia española de Protección de Datos rebaja a los ocho-nueve años, la edad en la que los menores entran en las redes sociales y se registran. “Está claro que, pese a que las redes sociales no fueran pensadas para un público menor de edad, lo cierto es que desde los ocho-nueve años, los menores acceden a las redes sociales y se registran, con o sin el conocimiento de sus padres, alterando el año de nacimiento para que supere la edad mínima exigida por la plataforma. A ello hay que añadir, la facilidad de acceso y la falta de mecanismos para verificar la exactitud de los datos proporcionados por el usuario, en particular su edad.
Con este panorama, la importancia de la ciberdelincuencia va en aumento, como se demuestra con el incremento en el número de hechos delictivos conocidos y su peso cada vez mayor proporcional en la delincuencia en general, algo que, obviamente, también afecta a la Jurisdicción de Menores.
Las estafas informáticas se disparan un 89% en un año y se llegan a cometer ocho cada día en Navarra
La Memoria de la Fiscalía refleja que los delitos contra el patrimonio ocupan el primer lugar en cuanto a diligencias previas, habiéndose registrado un total de 8.588 procedimientos de esta clase, lo que supone un incremento del 43% respecto del año anterior. En términos cuantitativos destacan las causas abiertas por estafa, que ha escalado hasta los 2.916 procedimientos incoados, lo que supone un incremento de 89,7%.
La Fiscalía recuerda que “ese espectacular incremento responde, en gran parte, al aumento de estafas cometidas por medios informáticos o a través de internet, y es que así como los ciudadanos hemos tenido que adaptarnos a las nuevas exigencias tecnológicas que cada día nos plantea nuestra actividad laboral, ciudadana, o, incluso de ocio, también era inevitable que los nuevos recursos y medios informáticos fuesen utilizados con fines espurios, fraudulentos y criminales por individuos y organizaciones”.
Así, recuerda que “la informática se ha convertido en un instrumento que cada vez tiene mayor presencia en la actividad delictiva, hasta el punto de que ha rebasado ampliamente su ámbito originario de los delitos de estafa, para asentarse en un numeroso y denso grupo de actividades delictivas, que van, por ejemplo, desde el acoso informático a menores de edad solicitando favores sexuales, hasta delitos de odio o violencia doméstica y pornografía infantil.
Como consecuencia de ello, la informática se ha convertido en un auténtico quebradero de cabeza para los investigadores, no sólo por las complicaciones tecnológica, sino también y muy especialmente, porque la opacidad o el carácter transfronterizo de muchos delitos dificulta –cuando no imposibilita– la realización de una adecuada investigación.
En ese sentido, destaca la Fiscalía, “uno de los casos paradigmáticos es el del robo de la identidad digital –para la ulterior comisión de estafas– que se produce cuando una persona física o jurídica suplanta a otra, en las comunicaciones digitales o en sus perfiles de redes, y, a partir de esa suplantación realiza una serie de delitos, normalmente patrimoniales, con, al menos, dos perjudicados: por un lado, la persona cuyo patrimonio ha sido fraudulentamente perjudicado; y, por otro, la persona cuya identidad ha sido suplantada, y que, en demasiados casos, se ve injustamente imputada, al menos inicialmente, como sospechosa de haber participado en el delito patrimonial”
