El Defensor del Pueblo de Navarra, Patxi Vera, ha instado al departamento de Educación a que conceda a Andra Mari Ikastola el desdoble denegado que viene solicitando desde enero.

Educación ha denegado a esta ikastola la posibilidad de desdoblar segundo de Educación Primaria con 26 alumnos propios y dos solicitudes más de matriculación, señala la institución en un comunicado en el que concluye que "ha vulnerado el acuerdo de concertación que mantiene con la misma, así como los criterios que la LOMLOE establece para justificar un aumento de la ratio".

La ikastola, teniendo autorización para dos líneas en Primaria y un acuerdo de concertación con Educación para once unidades concertadas en vigor, solicitó en enero el desdoble de segundo de Primaria para este curso manteniendo las diez unidades concertadas que tuvo el curso anterior.

El periodo de prematriculación ordinario finalizó con 28 alumnos en total por lo que se superaba la ratio de 25 para desdoblar el curso y a pesar de ello, señala, Educación no autorizó el desdoble ni en la resolución publicada en abril ni tampoco en la de septiembre.

Agotado el plazo de tres meses para responder al recurso de alzada interpuesto en mayo contra tal decisión y a punto de comenzar el nuevo curso, la ikastola contactó a finales de agosto con el Defensor del Pueblo para solicitar su amparo.

Una vez analizada la información de ambas partes, desde la institución se ha resuelto que el desdoblamiento solicitado por Andra Mari Ikastola es procedente.

Al respecto indica que Educación ha incumplido el acuerdo de concertación firmado y que la reducción de una unidad concertada con respecto al curso pasado no se ajusta a derecho atendiendo a la legislación que regula el acuerdo de concertación.

A eso añade que la directriz general de incrementar en un 10% la ratio de 25 alumnos argumentada por el Departamento al Defensor del Pueblo, no es aplicable en este caso a tenor de los criterios establecidos en la LOMLOE al respecto.

Tras recordar a Educación que tiene el deber de resolver en plazo los recursos que se presenten y de motivar su negativa en este caso, entiende que como no se ha motivado la respuesta al recurso interpuesto en mayo, se ha incumplido esa obligación.

En octubre la ikastola presentó un segundo recurso de alzada contra la resolución hecha pública en septiembre, por lo que Educación dispone de un plazo de tres meses para dar respuesta motivada a este segundo recurso. Si la respuesta no satisficiera la demanda de la ikastola, ésta podría acudir al Tribunal Superior de Justicia de Navarra.

Al mismo tiempo, Educación dispone de un plazo de dos meses para responder al Defensor del Pueblo si acepta la resolución emitida y qué medidas va a adoptar.

Mientras tanto, los 26 alumnos están en una única aula y la cooperativa de padres y madres asume un desdoble parcial para poder atender de forma más adecuada las necesidades pedagógicas del grupo. Las dos nuevas solicitudes externas de matriculación recibidas no fueron aceptadas por Educación y estas familias han sido obligadas a permanecer en otro centro.