Testa Residencial, uno de los principales grandes tenedores del Estado y el mayor arrendador de Navarra, plantea llevar al mercado libre viviendas que en su momento fueron de protección oficial y que, una vez finalizado el plazo de protección, siguieron siendo subvencionadas por el Gobierno de Navarra tras llegar a un acuerdo con la empresa.
En 2020, unas 500 viviendas perdieron la protección oficial al cumplirse 20 años desde su construcción. Los inmuebles están ubicados en los barrios de Etxabakoitz, Errotxapea, Sanduzelai (San Jorge), Buztintxuri y Artikaberri. Antes de que finalizara esa protección, hacia 2018, la empresa madrileña realizó una compra masiva de estos bloques como si se tratara de activos financieros, con la financiación del fondo buitre BlackStone, el principal de Europa. Desde entonces, la gestión en Navarra quedó en manos de Grupo Larrabide como única gestora.
El Gobierno de Navarra —dirigido entonces por el PSN junto con Geroa Bai y Unidas Podemos— aprobó en 2020 una modificación urgente del techo de gasto para llegar a un acuerdo con Testa y seguir subvencionando las viviendas durante siete años. La presión para alcanzar ese acuerdo vino de la propia empresa, que previamente había amenazado con incrementar los alquileres hasta los 800 euros a inquilinos de viviendas de protección oficial. La subvención supuso, en la práctica, una transferencia directa de las arcas públicas a la empresa privada.
Asambleas de vecinos
Ahora, varios vecinos y vecinas de bloques en Etxabakoitz, Errotxapea y Artikaberri se están organizando a través del Sindicato Socialista de Vivienda y han comenzado a reunirse en asambleas vecinales. En ellas han denunciado una acumulación de problemas: periodos de hasta siete meses sin reparaciones, calderas estropeadas en invierno, incrementos en las tasas o cláusulas abusivas en los contratos. Los vecinos también han trasladado al sindicato que Testa no tiene intención de renovar los contratos de alquiler y que, una vez que los inquilinos abandonen los pisos, los pondrá a la venta a precios de mercado libre.
Tanto Testa Residencial como Grupo Larrabide se aprovechan, según el sindicato, de su posición como únicos propietarios y gestores de los bloques para impedir cualquier forma de organización vecinal. En ausencia de comunidad de propietarios, la empresa controla toda la información y toma de decisiones sobre los edificios. A medida que van caducando los contratos, las viviendas aparecen a la venta en plataformas como Idealista, con el objetivo, según denuncia el sindicato, de revenderlas y obtener cuantiosos beneficios, dejando sin hogar a personas y familias.
El Sindicato Socialista de Vivienda en Iruñerria llama a la organización y la lucha colectiva como respuesta frente a lo que califica de abusos de grandes propietarios como Testa Residencial.
