La Asociación de Consumidores de Navarra Irache ha recibido el último año más de 8.000 consultas y reclamaciones de temas sobre luz y gas. Muchas de ellas están originadas en las contrataciones vía telefónica y en los cambios de compañía, “que no se producen siempre con las garantías necesarias para los clientes”. También se producen quejas por cambios de precios, servicios adicionales o lecturas de gas “que no corresponden al consumo”.
En una nota de prensa, Irache señala que “cada vez las compañías energéticas usan con más frecuencia la vía telefónica para conseguir nuevos clientes”, pero “muchas de estas contrataciones se dan sin la información y la transparencia necesarias para el consumidor”, de manera que “algunos consumidores ni tan siquiera sepan que han cambiado de compañía”. Otras veces el problema es que el consumidor “no sabe qué precios ha pactado o estos son más altos de los que le prometieron”.
Algunos comerciales presentan ofertas “más atractivas que las condiciones reales, que son las que constan en la grabación posterior”. Otras veces “basta con clicar un enlace que llega en un mensaje al móvil del consumidor para que se den por firmadas y aceptadas las condiciones del contrato, que el cliente a veces ni ha visto”.
Irache destaca que “el gran problema de esta forma de contratar es la falta de información y la falta de un documento por escrito. Solo en algunos casos las compañías envían posteriormente el contrato por escrito con las condiciones pactadas, pero en otros muchos el consumidor no cuenta con ningún documento al que acudir”.
Al conseguir la información del contrato, “muchos consumidores descubren que están pagando contratos vinculados, de mantenimiento, urgencias o protección de pagos”. Además, cuando el consumidor solicita la baja del contrato de luz o gas, “no es extraño que se le liquiden los servicios adicionales de una vez y le carguen importes que pueden acercarse a los 200 euros”.
También hay quejas en cuanto al funcionamiento de estos servicios adicionales ya que “muchas veces garantizan el envío de un técnico pero no siempre se arregla la avería, suele haber una limitación de horas de trabajo gratuitas y tampoco incluyen siempre las piezas de repuesto”.
Otras quejas recibidas en el último año se deben a encarecimientos de la factura porque al prorrogar el contrato, generalmente de año en año, “la empresa ha aplicado nuevas condiciones, sin que el consumidor haya reparado en ello”. En este sentido, Irache ha indicado que la compañía tiene obligación de comunicar al consumidor este cambio de condiciones con un mes de antelación. Si el consumidor no se opone, se le comienzan a aplicar.
También se ha dado el caso de facturas de luz “con repetidas lecturas estimadas o con supuestas lecturas reales que no responden a la realidad del consumo y que hace que el consumidor tenga que afrontar un recibo más alto que el que le corresponde”. “En general, las compañías deben leer los contadores cada dos meses y, si por alguna circunstancia no han podido hacerlo, se debe regularizar el consumo como mínimo de forma anual”, explica la asociación.
Por otro lado, Irache ha destacado que en los últimos meses han aumentado las demandas que están poniendo compañías de luz y gas “para reclamar supuestas deudas pendientes”. La mayor parte de estas demandas son monitorios, un proceso por el que el consumidor “solo tiene veinte días hábiles para oponerse a la reclamación de deuda”. Si no lo hace ni paga la cantidad reclamada en este tiempo, el juzgado entenderá que la deuda es firme y puede abrir un proceso de ejecución forzosa para que sea abonada. – Diario de Noticias
