La consejera de Derechos Sociales, Economía Social y Empleo, Carmen Maeztu, ha asegurado en comisión parlamentaria que no el cien por cien pero sí la mayoría de las personas perceptoras de Renta Garantizada cumplen con las obligaciones estipuladas y con los requisitos marcados para acceder al sistema. Maeztu, quien ha expuesto su valoración del informe de fiscalización sobre la Gestión de la renta garantizada y su impacto en el empleo (2019-2023) de la Cámara de Comptos, ha señalado que este organismo "detecta ámbito de mejora y en eso es coincidente con la visión que tenemos desde el Departamento".
La consejera ha querido "contradecir algunos de los mensajes políticos que los partidos de derechas están efectuando ya que son muy populistas y dañinos" y ha subrayado que por parte de algunos grupos se ha hecho "una lectura totalmente catastrofista e interesada" del informe. En su intervención, ha aseverado que la convivencia de la Renta Garantizada con el Ingreso Mínimo Vital "no es un hándicap, es una oportunidad para hacer más fuerte el sistema y para dotarnos de mayores recursos".
"En ningún caso se puede interpretar que se cobra doble, o que se duplique el número de perceptores. Los requisitos para percibir el Ingreso Mínimo Vital o la Renta Garantizada son distintos, por lo que pueden existir casos en los que solo se perciba una de ellas y otros en los que perciban ambas", ha explicado.
Maeztu ha aludido a algunas de las cuestiones apuntadas en el informe como áreas de mejora y ha destacado que, en la modificación de la ley foral de Renta Garantizada que se presentará este año, uno de los aspectos será dotar a la Administración de mayores posibilidades de supervisión del requisito de residencia en Navarra. Ha asegurado además que "se supervisa de manera generalizada y se comprueba" el requisito de mantenerse disponible para ofertas de empleo adecuado.
Respecto al deber de aceptar esas ofertas, ha apuntado que las empresas tienen libertad para intermediar en la medida que deseen con el SNE y se está trabajando para que más empresas lo hagan. Además, ha enfatizado, las empresas no tienen la obligación legal de decir si han contratado o no a la persona.
El requisito de participar en las actividades de inserción laboral "se cumple en muchas más ocasiones que las que se incumple", ya que el 78% sí acude a las ofertas de trabajo y el 93% acude a las citas de orientación, ha manifestado. Y sobre el requisito de comunicar los cambio de domicilio y de situación de la unidad familiar, ha afirmado que "no se cumple al 100% pero sí en la inmensa mayoría".
La consejera también ha aludido al reintegro de abonos indebidos y ha precisado que ya se ha ingresado el 67% de los mismos gracias a la labor de supervisión. Se han remitido entre 2019 y 2023 propuestas de reintegro por un total de 14.79 millones, de los cuales se han recuperado 9,9 millones y el resto están en alguno de los procedimientos de reintegro iniciados. Los grupos parlamentarios han insistido en los argumentos ya expresados en la comparecencia esta semana del presidente de la Cámara de Comptos para exponer el informe.
