El Gobierno central aprobó la semana pasada el anteproyecto que reformará en un único texto la ley de dependencia y la ley de discapacidad, que entre otras cuestiones establece la obligatoriedad de pedir subvenciones para instalar ascensores o rampas en edificios residenciales siempre que un vecino lo pida y, en caso de que la comunidad de vecinos se niegue, se habilita a los solicitantes a acudir a la justicia.
Esta nueva norma busca reconocer la accesibilidad como un derecho y en el caso de Navarra, el Gobierno foral tiene una línea de ayudas propias para eliminar barreras arquitectónicas de edificios que el año pasado benefició a más de 2.600 viviendas en la Comunidad Foral.
Según se recoge en el balance de 2024 del programa de rehabilitación Biziberri, el año pasado se tramitaron 204 expedientes para la supresión de barreras arquitectónicas en 2.659 viviendas, a las que se les concedió una ayuda total de 15,7 millones. El año anterior, fueron 268 expedientes de eliminación de barreras arquitectónicas en 3.690 viviendas para las que la subvención alcanzó los 19 millones de euros.
Así, en los últimos dos años más de 6.300 hogares navarros han instalado rampas o eliminado escalones o cualquier otra barrera y la partida subvencionada para ello por el Gobierno foral asciende a 34,7 millones. En total, el programa Biziberri del Ejecutivo foral alcanzó cifras de récord en 2024 con más de 10.247 viviendas rehabilitadas y con una subvención total de 52,5 millones de euros. De todas las obras acometidas, el 11,7% correspondieron a supresión de barreras arquitectónicas, el 10,4% a la instalación de envolventes térmicas y el 2% a la instalación térmica comunitaria, y prácticamente la mitad de ellas se realizaron en Pamplona y comarca.
Accesibilidad universal
El Plan Biziberri impulsado por el Gobierno de Navarra busca subvencionar a comunidades de vecinos y particulares para la rehabilitación y mejora energética de viviendas y edificios en Navarra. La mayoría de obras que se acometen son para eliminar barreras arquitectónicas y hacer accesibles los edificios a personas con movilidad reducida y, a partir de ahora, se amplían los supuestos en los que las comunidades de vecinos estarán obligadas a instalar rampas o ascensores.
El pasado 11 de febrero el Consejo de Ministros aprobó el anteproyecto de reforma de las leyes de dependencia y discapacidad que amplía derechos y recoge medidas para impulsar cambios que aseguren la inclusión, la autonomía y la vida en comunidad de todas las personas en situación de dependencia.
En lo que respecta a la eliminación de barreras arquitectónicas, la reforma de la ley de dependencia modifica la ley de propiedad horizontal para generar obligaciones a la comunidades de vecinos de pedir las ayudas para realizar obras de accesibilidad (ascensores, rampas, colocación de telefonillos a menor altura...) y se podrá denunciar si no lo hacen. De hecho, el artículo 10 de la ley de propiedad horizontal ya recogía que tendrán carácter obligatorio y no requerirán de acuerdo previo de la Junta de propietarios “las obras y actuaciones que resulten necesarias para garantizar (...) la accesibilidad universal y, en todo caso, las requeridas a instancia de los propietarios en cuya vivienda o local vivan, trabajen o presten servicios voluntarios, personas con discapacidad, o mayores de 70 años”.
Las comunidades de vecinos, obligadas
Todo ello siempre que el coste total de la obra –una vez descontadas las subvenciones– no exceda de 12 mensualidades de la cuota de la comunidad.Asimismo, la norma también recogía que “será obligatorio realizar estas obras cuando las ayudas públicas a las que la comunidad pueda tener acceso alcancen el 75% del importe de las mismas.
Ahora, con la reforma de la ley que ha planteado el Gobierno central, ese porcentaje “se ha reducido al 70%”, explica Peio Mendia, presidente de administradores de fincas en Navarra y lo más importante de la modificación: las comunidades de vecinos estarán obligadas a solicitar las ayudas para realizar obras de accesibilidad siempre que un vecino lo pida. En caso de negarse la comunidad, se habilita a los solicitantes a acudir a la justicia.
“Hay que tener en cuenta también que las Administraciones dan subvenciones cuando se hacen rehabilitaciones completas para garantizar la accesibilidad universal. Es decir, no vale solo con poner ascensor, si hay una persona con discapacidad en el edificio hay que poner ascensor, rampas donde haya escaleras, bajar los interruptores de la luz y el telefonillo a menor altura, etc. Todo lo que sea necesario para que esa persona pueda entrar y salir de su domicilio sin problema”, explica Mendia.
