Un total de 6.466 órganos se trasplantaron en España en 2024, de los que en un 28% (1.824) tuvo que mediar un juez, según datos facilitados por el Ministerio de Sanidad. La autorización judicial fue necesaria así para el trasplante de 1.419 órganos procedentes de personas fallecidas: 767 riñones, 262 hígados, 119 corazones, 225 pulmones y 46 páncreas. A ellos se suman 405 trasplantes de donante vivo, para cuya realización también fue necesaria la autorización de un juez.

Así se desprende de los datos presentados en las XXVII jornadas de encuentro entre profesionales de la Administración de Justicia y de la comunidad trasplantadora que se celebran en Santander. Cada año, Cantabria y la Organización Nacional de Trasplantes (ONT), junto al Consejo General del Poder Judicial, organizan estas jornadas. Este foro se aprovecha para que jueces y forenses conozcan las últimas novedades incorporadas a la práctica diaria del trasplante y así facilitar su labor a la hora de tomar decisiones relacionadas con este ámbito de la medicina.

De los 2.562 donantes fallecidos que se registraron en 2024 en España, 483 (19%) requirieron autorización judicial para la obtención de órganos y tejidos, un porcentaje “que se mantiene muy estable a lo largo de los últimos años”, señala el Ministerio. En función del tipo de donante, la participación judicial se requirió en el 23% de los donantes en muerte encefálica y en el 14,8% de los donantes en asistolia.

EN CORTO

l Donantes vivos. En 2024, 405 personas fueron donantes vivos en España, 398 de un riñón y 7 de parte de su hígado. Para este tipo de intervenciones, interviene el juez de primera instancia para comprobar que el consentimiento que otorga el donante es informado, voluntario y libre.

l Renal. El trasplante más habitual es el renal, seguido del hepático, el cardíaco y el pulmonar. Nada sería posible sin las más de 2.500 personas que cedieron sus órganos al fallecer.

Por accidente de tráfico

En cuanto a las características de los donantes que requirieron autorización judicial, la mayoría eran varones (71%) y su media de edad fue de 53,8 años, inferior a la de los donantes en los que no fue precisa la autorización judicial (62,5 años), probablemente por sus diferentes causas de fallecimiento. De hecho, el traumatismo craneoencefálico no relacionado con accidentes de tráfico fue la causa de fallecimiento del 45% de los casos judiciales y el traumatismo por accidente de tráfico del 23%.

En lo que respecta a las actuaciones de los jueces en los procesos de donación de personas fallecidas, el pasado año la coordinación de trasplantes solicitó autorización judicial para la obtención de órganos en 500 ocasiones. Únicamente en 17 casos (3%) no se autorizó esa obtención por considerarse que la donación podría interferir con la investigación judicial. El porcentaje de negativas judiciales fue similar en la donación en muerte encefálica (3,3 %) y en la donación en asistolia (3,5%).

Sanidad explica que la figura del juez en el proceso de donación “es clave en los supuestos en los que las circunstancias de fallecimiento de la persona obligan a iniciar una investigación”. Los principales motivos son accidentes, posibles homicidios o fallecimientos en los que es necesaria una autopsia para determinar su origen. En el resto de supuestos, el juez de instrucción no interviene.

El médico forense, adscrito a los órganos judiciales como perito, ha de especificar si la extracción de órganos puede interferir en la investigación de las causas de la muerte y elaborar un informe que permita al juez decidir sobre esa situación. Por eso es imprescindible que los profesionales que participan en estos casos conozcan bien el proceso de donación.