Los juzgados especializados en el ámbito de la violencia machista (que hasta ahora solo investigan o instruyen aquellas causas en las que hay violencia sobre una mujer que ha tenido relación con el agresor) dan abasto a duras penas con el ascenso de las denuncias relacionadas con este tipo de violencia –en Navarra ha crecido un 30% en el último año– y, por tal motivo, ven difícilmente realizable la asunción de la investigación de asuntos de violencia de género como pretende la última reforma judicial aprobada. Lo tendrán que hacer antes del próximo 3 de octubre, pero, por ahora, no se ha concretado si lo van a hacer con más medios y de qué tipo.
En una reunión reciente, el Ministerio de Justicia compartió con las asociaciones judiciales y con los representantes de los juzgados de violencia que reforzará con un 50% más de magistrados de esta especialidad. Dijo el ministro Bolaños que se aprobará próximamente la vía para hacerlo y también que afectará a aquellos lugares donde no se puedan reconvertir juzgados de instrucción en juzgados de violencia.
Falta de medios
Sobre los medios materiales que también se demandan para atender la sobrecarga de trabajo, el Ministerio alude a que corresponderá a las comunidades autónomas dotar de dichos medios. Pero sobre el colapso anunciado por los propios jueces no se atisba aún la manera de ponerle coto.
La reforma entiende que los juzgados especializados en violencia sobre la mujer deben asumir tales competencias por la mayor formación de las juezas que están al frente de dichos órganos y debido a que, en la línea de lo aprobado en el Convenio de Estambul de 2014, el concepto de violencia machista debe ampliarse fuera del ámbito de la pareja y alcanzar a cualquier acto violento cometido sobre una mujer por el hecho de serlo.
Impacto de la Ley
A raíz de este asunto, el Consejo General del Poder Judicial estima que la entrada en vigor de la Ley 1/2025 de medidas en materia de eficiencia del Servicio Público de Justicia, que atribuye a los Juzgados de Violencia sobre la Mujer la competencia para conocer de todos los delitos de violencia sexual, supondrá un incremento medio en toda España del 12,9% en el número de asuntos que tramitan estos órganos judiciales, si bien la incidencia variará mucho según los territorios. En el caso de la Comunidad Foral el aumento está calculado en el 17,19%.
El Consejo entiende que los delitos de violencia sexual entre los años 2023 y 2024 han sumado en Navarra un total de 1.582 procedimientos y que los juzgados especializados en violencia sobre la mujer que se encargarían de instruirlos a partir de octubre ingresaron en ese periodo de tiempo 9.203 asuntos. Por tanto, su carga de trabajo crece el citado 17% y la disminución de la carga en los juzgados de instrucción ordinarios, que de esta forma no tendrían entre sus competencias asumir la violencia sexual, se cifra en un 2,62%.
Por territorios
El estudio realiza una estimación de la carga de trabajo por Comunidad Autónoma y por partido judicial pues, con los datos recabados por el CGPJ, la incidencia de la entrada en vigor de la Ley 1/2025 se mueve en una horquilla que va desde un máximo del 20% a un mínimo del 2,79%.
El incremento más notable de asuntos en los Juzgados de Violencia sobre la Mujer se daría en Cataluña y en Illes Balears, donde la estimación del aumento de la carga de trabajo es del 20,25% y del 19,60%, respectivamente. Les siguen Murcia (18,3%), Galicia (18,27%), La Rioja (17,36%), Navarra (17,19%), Castilla y León (17,17%), Cantabria (15,23%), Castilla-La Mancha (14,58%), Madrid (14,36%), Asturias (14,13%), Canarias (13,55%) y Extremadura (12,08%). Por último, Comunidad Valenciana (8,04%), Andalucía (7,32%), Aragón (4,23%) y la CAV (2,79%).
