Los socios del Gobierno de Navarra -PSN, Geroa Bai y Contigo-Zurekin- y EH Bildu han impulsado una proposición de Ley Foral para el derecho a la vivienda asequible con una serie de modificaciones normativas que pretenden habilitar “nuevas y ambiciosas herramientas” para facilitar el acceso a la vivienda. Además, entre las novedades de esta nueva ley, si una persona rechaza “sin causa justificada” una vivienda que “cumple con las características y preferencias que había indicado en su solicitud”, quedará excluida del censo durante un plazo de dos años si la vivienda es de alquiler y en caso de que sea de compraventa su exclusión será de tres años. Con esta medida que “busca garantizar que las viviendas se asignen a personas realmente interesadas y necesitadas”.
Igualmente, se crea un registro de grandes tenedores de vivienda -personas físicas o jurídicas con cinco o más viviendas-, una identificación que permitirá aplicarles el régimen de contención de precios en zonas declaradas como mercado residencial tensionado. Así, el que busque una vivienda en alquiler “podrá saber si el propietario es un gran tenedor y exigir que el precio se ajuste a los márgenes legales establecidos”, destacó el parlamentario Kevin Lucero (PSN). La iniciativa fue presentada por el propio Lucero, Itxaso Soto (Geroa Bai) y Daniel López (Contigo-Zurekin).
Entre las nuevas medidas incluidas en esta proposición se incluye sortear parte de las promociones de vivienda protegida en alquiler a menores de 35 y mayores de 60 años, la penalización por discriminación en el acceso a la vivienda y el acoso inmobiliario, o un registro de grandes tenedores de vivienda. López explicó que esta proposición es “fruto de dos meses de trabajo” entre los socios del Gobierno de Navarra y EH Bildu con el objetivo de conseguir “la mejor reforma legislativa” que “corrija el rumbo que ha tomado la vivienda” que “impide el acceso a la misma a gran parte de la población”.
Desde Geroa Bai, Itxaso Soto reconoció que el acceso a la vivienda “es una preocupación de primer orden” y ha apostado por propiciar “el valor del uso de la vivienda frente a quienes quieren hacer negocio”. Tras poner en valor las medidas en esta materia impulsadas con el Gobierno de Barkos, señaló que “todavía queda camino por recorrer y retos que acometer”.
SORTEO EN ALQUILER PROTEGIDO
Entre las medidas acordadas por los cuatro partidos se incluye la creación de la figura de “arrendamiento asequible” que “amplía el espectro de gente que va a poder acceder a la vivienda pública” ya que hay personas que “no llegan a acceder nunca al alquiler social porque no se encuentran en una situación de extrema vulnerabilidad pero que de facto se ven expulsados del mercado libre por los precios desorbitados”, explicó López. Por otro lado, desaparece la figura de arrendamiento con opción a compra porque “no funciona como en el mercado libre”.
En cuanto al sorteo, precisó que “no elimina ningún baremo para los casos de vulnerabilidad” ni las reservas contempladas por ley, sino que parte de las nuevas promociones de alquiler protegido se repartirán según este nuevo sistema. En este sorteo, un 50% se destinará a personas menores de 35 años o mayores de 60 y la otra mitad para el resto, con la intención de asegurar “un reparto equitativo dentro de todas las capas de la sociedad”. La proposición contempla, además, “facilitar el procedimiento administrativo” para hacer alojamientos dotacionales así como la venta en derechos de superficie, pensado especialmente para las cooperativas. De esta manera, “el suelo siempre va a ser público” y la vivienda no se adquiere como propiedad sino como un “derecho de uso” por 75 años prorrogables. “Esto tiene las ventajas del alquiler, si una persona se va puede entrar otra” y “las ventajas de la compra, que es la permanencia en el tiempo”, valoró López.
SANCIONES POR “DISCRIMINACIÓN” Y “ACOSO INMOBILIARIO”
Asimismo, la modificación legal incorpora “nuevas formas de discriminación en el acceso a la vivienda, como el racismo o la xenofobia, la discriminación por orientación sexual, discapacidad o situación socioeconómica”, que se penalizará como falta grave dentro de un nuevo régimen sancionador. También se incluye el concepto de “acoso inmobiliario” entendido como “cualquier comportamiento, omisión o abuso que tenga como finalidad forzar a una persona a abandonar su vivienda en contra de su voluntad, ya sea mediante presiones, deterioro intencionado, impago inducido, amenazas o cualquier otra acción que genere un entorno hostil”.
