Los registros en la cárcel de Ana Julia Quezada no hallan ningún móvil
Un juzgado de Ávila investiga a un funcionario de la prisión por haber entregado un dispositivo móvil a la asesina del niño Gabriel Cruz a cambio de sexo
Los registros y cacheos llevados a cabo de forma ordinaria y habitual en la prisión de Ávila donde está encarcelada Ana Julia Quezada, condenada por el asesinato en Almería del niño Gabriel Cruz en febrero de 2018, no han encontrado de momento ningún tipo de terminal móvil, según ha informado el delegado del Gobierno en Andalucía, Pedro Fernández.
No obstante, Fernández ha aclarado que este asunto está judicializado, concretamente en manos del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 4 de Ávila, que investiga a un funcionario por facilitar presuntamente a Quezada un teléfono móvil a cambio de sexo.
Investigan a un funcionario de la cárcel de Ana Julia Quezada, la asesina de Gabriel Cruz, por entregarle un móvil a cambio de sexo
"No ha aparecido ningún tipo de terminal, no ha aparecido ningún tipo de móvil", ha sentenciado en declaraciones a los medios en Sevilla el delegado del Ejecutivo central en Andalucía.
"Apoyo y cariño" a la madre de Gabriel
También ha trasladado su "solidaridad, apoyo y cariño" a la madre de Gabriel, Patricia Ramírez, quien por su parte denunció este miércoles en rueda de prensa amenazas directas desde prisión por parte de la autora del crimen.
La madre del niño Gabriel denuncia amenazas de muerte por parte de la asesina de su hijo
Fernández ha dicho que tiene constancia de que tanto el secretario de Estado de Seguridad y el secretario general de Instituciones Penitenciarias se han reunido con Ramírez, mientras que se mantiene abierta la investigación judicial en Ávila para determinar si hubo algún tipo de "interconexión telefónica" desde la propia prisión hacia Patricia.
"No hay constancia en este momento de la existencia de ese terminal", ha insistido el delegado, quien ha confirmado la apertura de una investigación administrativa, que actualmente está "interrumpida, en suspenso" como consecuencia del procedimiento judicial.
Según Fernández, sobre la petición de mayor protección de Ramírez, será el juzgado de Ávila el que tenga que determinar "si finalmente hay o no hay algún tipo de hecho que ponga de manifiesto esa situación" y por tanto haga necesaria tal medida.