El nuevo reglamento de Extranjería deja en el limbo a más de 1.400 solicitantes de asilo en Navarra

Comunicado de SOS Racismo

Hoy entra en vigor el nuevo Reglamento de Extranjería que se aprobó el pasado 19 de noviembre. Este cambio llevaba meses anunciándose como una medida que, tal y como señaló la Ministra, “pretende adaptarse a la legislación europea, además de tener en cuenta las demandas de nuestro mercado laboral, las necesidades de los migrantes y los retos demográficos de nuestro país”. No mienten, pero tampoco cuentan la verdad.

Efectivamente, esta norma se diseñó para atender las demandas del mercado laboral, pero para controlar el acceso al mercado laboral regular e irregular de quienes son consideradas migrantes, generando constantemente una clase trabajadora desregularizada, vulnerable y sin derechos, que además se va modificando en base a los intereses económicos y políticos del estado, y que se ampara y alinea con la necropolítica migratoria de la Unión Europea. Se atreven a hablar de las “necesidades de los migrantes”, mientras siguen criminalizando el derecho a migrar, mientras la ILP, impulsada por personas migradas, duerme en un cajón del Congreso de los Diputados. Ni la mencionan, no consideran una regularización sin condiciones, porque romperían el pacto de estado que asumieron ya en el 85: aplicar una política migratoria, basada en el control y el castigo a quienes deciden ejercer su derecho a migrar y desobedecer el orden mundial impuesto desde el norte global. Esta ley y todas sus reformas no harán otra cosa que perpetuar un racismo institucionalizado que ha normativizado la exclusión, explotación y expulsión.

Este cambio se da en un contexto de falta de citas en extranjería, retrasos en la resolución de trámites (de hasta 9 meses en solicitudes de arraigo social) y una total falta de información clara sobre el acceso a trámites, situación que llevamos denunciando desde el 2018. Este Reglamento pretende, dicen, facilitar y agilizar los trámites burocráticos. Sin embargo, el caos e inseguridad que lleva provocando desde su aplicación está siendo patente: antes de su entrada en vigor se han dictado 4 notas aclaratorias, las instrucciones se han publicado a falta de 1 semana de la entrada en vigor, hasta el día de ayer se desconocían los formularios y documentos que se van a requerir, desde las Oficinas de Extranjería siguen denunciando la falta de personal, se otorga mayor responsabilidad a las Embajadas y Consulados con el caos burocrático que ello genera.

El nuevo Reglamento trae consigo una ampliación de las vías de regularización excepcional por vía de arraigo y reduce, además, de tres a dos años la residencia previa. Esto, sin duda, facilitará el acceso de muchas personas a la regularización. Pero tiene una cara b:

• Supone el desmantelamiento de la política de asilo: quienes soliciten asilo o protección internacional y vean rechazada su solicitud el tiempo que hayan residido en el Estado no computará a efectos de poder solicitar la regularización por arraigo. Volverán a la casilla de salida, como si acabasen de llegar. Hay que tener en cuenta que actualmente, hay aproximadamente 190.000 personas esperando la admisión o la resolución de sus solicitudes y en 2024 el 46.5% de las solicitudes de protección internacional fueron denegadas o archivadas. Desde la aprobación del Reglamento de Extranjería, muchas personas solicitantes de protección internacional se encuentran en un limbo jurídico sin saber que hacer y cómo les va a afectar el nuevo Reglamento a su situación.
• Se mantiene y afianza el agravio comparativo entre los familiares extracomunitarios de nacionales de la UE y los de españoles. Así, se crea una categoría específica para familiares de personas de nacionalidad española que dejan de tener la categoría de “comunitarios” y pasan a ser “extranjeros”. Además, se asienta el concepto de nacionales españoles de primera y de segunda. El derecho de estos segundos a su vida familiar queda supeditada a que sus familiares no sean de países extracomunitarios.
• Se perpetúa y expande la lógica punitiva de la política migratoria. No solo se sigue exigiendo la carencia de antecedentes penales para poder regularizarse sino que se introduce, además, el requisito de “no representar una amenaza para el orden público, seguridad o salud pública” que abre la puerta a más denegaciones y a mayor inseguridad jurídica. Además, consolida el imaginario de querer solo una migración “buena” y ahonda en el rechazo a quienes cometen delitos pasando por alto no solo el artículo 25 de la Constitución sino todas las desigualdades estructurales y mayor presión policial que recae sobre la población migrada.

En sus declaraciones, la ministra también señalaba que el cambio iba a “servir para combatir a las mafias, el fraude y la vulneración de derechos”, esta afirmación resulta insultante. En primer lugar, porque es la misma regulación la que legaliza vulneraciones de derecho y consagra situaciones de irregularidad durante 2 años. En segundo lugar porque los mercados paralelos surgen necesariamente siempre a la sombra de los derechos negados: tanto en el tránsito cuando no hay vías legales y seguras, como una vez en destino cuando las personas se ven obligadas a sobervivir en los márgenes y se encuentran abocadas a callejones burocráticos sin salida, plagado de abusos laborales, por no hablar del acceso a derechos fundamentales como la vivienda, el empadronamiento o la sanidad. Esta narrativa, en la que el estado se libra de toda responsabilidad en las causas profundas de las migraciones se va reforzando mientras las fronteras, configuradas ya como espacios de no derecho, van militarizándose. Para ello, desde el Ministerio se sigue hablando de manera perversa de la importancia de la cooperación con países de origen y tránsito para reducir los riesgos en la migración, pero en realidad esta cooperación sigue siendo el paradigma de las políticas coloniales y está supeditada a intereses de control de las economías del sur y al mantenimiento del negocio de control migratorio: como frenar salidas y facilitar devoluciones. Resulta absolutamente hipócrita hablar de "reducir riesgos" cuando las políticas migratorias se orientan a cerrar rutas seguras, obligando a las personas migrantes a emprender trayectos cada vez más mortales, mientras se recortan o desmantelan los servicios de salvamento marítimo, todo ello para impedir la llegada del 4% de la inmigración que llega al estado. No olvidamos las más de 10.400 muertes del año pasado solo en la ruta atlántica.

Las consecuencias de esta necropolítica y de todas las leyes que emanan de ella cercenan las vidas de todas las personas que el Estado se empeña en seguir criminalizando. Este nuevo Reglamento de extranjería va a seguir dificultando el derecho a la libre circulación, va a seguir abocando a la gente a la migración en condiciones de irregularidad, exige una residencia irregular durante 2 años para poder regularizarse (y con ello poder trabajar), sigue dejando en la irregularidad o impidiendo el acceso a papeles a quienes tengan antecedentes penales. Todo ello se traduce en miles de personas obligadas a vivir en condiciones de vulnerabilidad. Por ello, señalamos que esta problemática es estructural y que la responsabilidad está en Bruselas y en Madrid. Pero no solo. También está en Navarra y en todos y cada uno de nuestros municipios. No podemos permitir que las instituciones forales y municipales sigan amparándose en la falta de competencias en materia migratoria y obviando una ley de extranjería que atraviesa y condiciona la vida de miles de personas que viven aquí para no hacer nada. A ellas les debemos exigir políticas que atiendan y palíen las vulnerabilidades que las propias políticas migratorias generan en nuestro territorio.

Por ello, exigimos el reconocimiento efectivo e incondicional de todas las personas que viven en Navarra como sujetos políticos de derechos, sin distinción alguna por su situación administrativa ni por su condición socioeconómica. Somos conscientes de que las instituciones no son neutrales: actúan desde y para la defensa de los intereses de la clase dominante. Esta realidad limita estructuralmente —cuando no impide directamente— el acceso real de las personas migrantes a sus derechos. Por ello, no depositamos expectativas en unas instituciones que, en esencia, operan contra nuestras vidas. Sin embargo, las señalamos, las interpelamos y las presionamos para que, al menos, cumplan con aquello a lo que están obligadas según los parámetros de su propia legalidad. Si cada Departamento, cada municipio, cada nivel de la administración no cumple, no es, por incapacidad, sino porque su voluntad está subordinada a la gestión del orden que las sostiene.

Esta exigencia sólo tiene sentido si se enmarca en una construcción colectiva de un horizonte emancipador, donde la vida no esté condicionada por papeles, fronteras ni por la lógica del mercado. Un horizonte que únicamente puede abrirse con organización, con desborde y con lucha. Y sobre todo, y como señalamos en cada comunicado, resulta urgente e imprescindible seguir sosteniendo discursos que señalen el racismo estructural, pero también el racismo interiorizado, y que se alejen de lógicas maniqueas. Es preciso seguir construyendo redes de apoyo y solidaridad mutua que nos sostengan y desde las cuales generemos alternativas donde todos los proyectos de vida puedan ser habitados.

Así pues, rechazamos sin ambigüedades cualquier intento de vincular la garantía de derechos al llamado “efecto llamada”, así como todos los eufemismos (“efecto expulsión”) que encubren discursos racistas bajo un barniz técnico o humanitario. Ese discurso es una forma más de violencia institucional, una pieza del engranaje que decide quién puede vivir en condiciones y quién puede ser excluido. No aceptamos que se utilice el miedo como excusa para sostener esta barbarie.

20 de mayo de 2025

Firman este comunicado: SOS Racismo Nafarroa, Salhaketa Nafarroa, Haritu, El Hadji Gune Autogestionatua, Flor de Africa, Punto de Información a Personas Migrantes (PIM), Apoyo Mutuo, Azta, Zabaldi, Kontseilu Sozialista Iruñerria, Dar Etxea, Mugak Zabalduz.