El Gobierno planea reubicar unos 3.000 menores migrantes no acompañados desde Canarias, Ceuta y Melilla a otros territorios, la mayoría a Andalucía, la Comunidad de Madrid y Comunidad Valenciana, con 118 en Navarra, según ha adelantado la Cadena Ser y han confirmado a EFE fuentes del Ministerio de Juventud e Infancia este viernes.

La cifra total de traslados desde el archipiélago con la que trabaja el Gobierno es de 3.975, a los que previsiblemente habrá que restar unos 850 de Canarias que finalmente serán acogidos por la red estatal de protección internacional al ser solicitantes de asilo, de acuerdo a la orden emitida por el Tribunal Supremo el pasado mes de marzo.

De acuerdo a estos datos, que no tienen en cuenta todavía este extremo, las comunidades autónomas que más jóvenes acogerían serían Andalucía, 677 jóvenes; Madrid, a 647 y la Comunidad Valenciana, a 571.

Le siguen en la lista Castilla-La Mancha, con 320 jóvenes; Galicia, con 317; Aragón, con 251; La Rioja, con 205; Castilla y León, con 197; Extremadura, con 159; Cantabria, con 156; Asturias, con 144; Región de Murcia, con 133; Navarra, con 118 e Islas Baleares con 49.

Tras verse reducido el número total de traslados previstos -inicialmente superaban los 4.400- y aplicar los criterios de derivación acordados, que tienen en cuenta, entre otras cosas, el esfuerzo de acogida realizado hasta ahora, Cataluña y País Vasco no tendrían que acoger a ningún joven.

A pesar de ello, Cataluña ha anunciado su intención de atender, como mínimo, el mismo número de chicos que en anteriores campañas de acogida, 31. Una vez consumados los traslados, Cataluña será la comunidad con mayor número de jóvenes en su sistema, con una importante diferencia respecto a las demás.

Estos cálculos son de máximos; es decir, no todos los traslados tendrán que llevarse a cabo, ya que dependerán de diferentes circunstancias, entre ellas la capacidad de tramitación de expedientes por parte de las comunidades de origen.

Canarias, Madrid y Andalucía, las que más fondos recibirían   

Este plan del Gobierno incluye el reparto del fondo de 100 millones de euros que contemplaba el real decreto ley aprobado el pasado 18 de marzo para reformar el artículo 35 de la ley de extranjería y crear este mecanismo de derivación.

Todos los traslados de las personas menores serán sufragados por el Ministerio de Juventud e Infancia y el Estado cubrirá también los gastos derivados de la acogida durante, mínimo, los tres primeros meses de todos los jóvenes trasladados.

Además, el ministerio compensará económicamente la sobreocupación de territorios como Aragón, Baleares, Canarias, Cantabria, La Rioja, Ceuta, Melilla, Navarra y Madrid.

Según estos datos, Canarias sería la que más recursos recibiría, 24.268.200 euros, y después iría Madrid, con 15.803.550 euros, y Andalucía, con 8.834.850.

La Comunidad Valenciana, por su parte, recibiría 7.451.550 euros según esta propuesta, y Castilla-La Mancha, 4.176.000, cifra muy cercana a los 4.149.900 euros de La Rioja, los 4.136.850 de Galicia o los 4.097.700 de Islas Baleares.

Por debajo de los 4 millones está Aragón, que podría hacerse con 3.614.850 euros de estos fondos; Navarra, con 3.184.200 euros; Castilla y León, con 2.570.850 euros; Cantabria, con 2.088.000 euros; Extremadura, con 2.074.950; Asturias, con 1.879.200 euros; Región de Murcia, con 1.735.650 euros; Ceuta, con 1.372.200 euros; Melilla, con 993.300 euros, y Cataluña, con 404.550 euros.

El plan contempla una reserva para futuros traslados de 7.163.650 euros.

Próxima reunión con las comunidades, el 8 de julio    

El Ministerio de Juventud e Infancia ha convocado la Comisión Sectorial del área para el próximo martes, 8 de julio, a las 16:00 horas, reunión en la que se abordará el orden del día de la futura Conferencia Sectorial, que girará en torno a la capacidad ordinaria de los sistemas de acogida de las comunidades y al reparto de fondos.

Fuentes del Ministerio han recalcado que este sistema de derivación de los jóvenes busca garantizar un equilibrio entre los diferentes territorios, teniendo en cuenta el esfuerzo previo y el número de plazas creadas.

"Hasta ahora han existido enormes brechas entre los diferentes sistemas, con algunos que han realizado un buen trabajo previo y otros que no lo han hecho, y este real decreto viene a corregir estas diferencias históricas", han explicado las fuentes.

Desde el Ministerio han lamentado el "bloqueo sistemático" de algunas comunidades, que han intentando "dilatar los plazos", y han agradecido la buena disposición de otras, como Cataluña, que "voluntariamente ha decidido participar de la acogida".