El Comité de representantes de personas con discapacidad de Navarra (CERMIN) ha acudido este martes a una comisión parlamentaria para exponer los problemas y las dificultades que el decreto foral de prestaciones ortoprotésicas está generando a muchas personas a la hora de adquirir estos productos.
La normativa foral fue aprobada en marzo de 2023 con el objetivo de mejorar el régimen de la prestación de prótesis y aparatos ortopédicos, pero más de dos años después, CERMIN asegura haber recibido "muchas quejas" por parte de personas con discapacidad, la mayoría relacionadas con la excesiva burocracia y con los retrasos de las prestaciones.
No obstante, uno de los mayores problemas surge del IMF (Importe Máximo de Financiación) de las ayudas para las prótesis. Antes, si un producto ortoprotésico costaba 1.200 euros y el IMF era de 1.000 euros, la persona usuaria solo tenía que abonar la diferencia de 200 euros, pero ahora cuando un producto prescrito por el médico especialista excede ese índice máximo, el paciente se ve "obligado a asumir la totalidad del producto", sin posibilidad de realizar un copago que cubra únicamente la diferencia.
"Esta limitación implica que personas usuarias no pueden acceder a productos con prestaciones superiores o más adaptados a sus necesidades, como por ejemplo una silla de ruedas de mayor potencia o características técnicas más avanzadas, salvo que abone el importe total", ha dicho.
Asimismo, la presidenta de CERMIN, Mariluz Sanz, ha criticado que "se está denegando la financiación parcial o total de determinados productos que superan el IMF": "Se han identificado desajustes relevantes entre los precios reales de mercado y los importes fijados por el IMF para ciertos productos".
Insuficiencia de productos
Sanz ha relatado también las dificultades para acceder a determinados productos del catálogo ortoprotésico, ya que algunas prótesis "funcionan en la práctica como bienes accesorios pese a estar incluidos en la cartera de prestaciones". Ha señalado la "insuficiencia de productos externos de prescripción ambulatoria como sillas de ruedas, audífonos o tecnologías de apoyo".
Además, ha denunciado que las competencias de prescripción se han restringido a los médicos especialistas, cuando antes también se hacía en Atención Primaria. "Esto incrementa las listas de espera y se acumulan muchos meses de retrasos", ha criticado.
También ha considerado que "la cartera es tan cuadriculada que no permite la flexibilidad necesaria" ni tener en cuenta que cada persona necesita un producto individualizado. "Lo que tiene que hacerse es una valoración integral, no solamente de lo que necesita, sino de su contexto", ha dicho.
Complejidad en la tramitación
Por otro lado, ha señalado la "gran complejidad en el proceso de tramitación y coordinación entre profesionales prescriptores, ortopedias y servicios de rehabilitación". "Todo se alarga muchísimo", ha criticado.
Reacciones de los grupos parlamentarios
UPN (Leticia San Martín): mostró su "indignación" porque "llevamos dos años advirtiendo al Departamento de Salud de las consecuencias negativas de este decreto foral". Ha trasladado el "compromiso" de utilizar todas las herramientas parlamentarias para modificar el decreto foral 33-2023.
PSN (Maite Esporrín): señaló que "la indignación de UPN me llama la atención porque hasta que no llegó este equipo de gobierno no hemos hecho este decreto foral que realmente iguala a todos". Reconoció que "es verdad que hay errores" y aseguró que se está trabajando en mejorarlos.
EH Bildu (Txomin González): afirmó que "es el momento de hacer frente a esta necesidad expuesta por CERMIN" y que el Departamento tiene que actuar, comprometiéndose a impulsar las medidas necesarias.
Geroa Bai (Isabel Aranburu): consideró que "los beneficios del decreto son más que las dificultades" y que no debe parecer que es "un desastre". Añadió que "cualquier cambio tendría que hacerse sin que interfiriera en los beneficios que aporta".
Contigo-Zurekin (Carlos Guzmán): destacó que el decreto contiene "cuestiones positivas, pero también acciones susceptibles de mejora", calificando de "razonable" lo expuesto por CERMIN y comprometiéndose a trasladarlo al Departamento de Salud.
PPN (Irene Royo): indicó que existe voluntad política de resolver el problema: "Lo único que queda es ponernos a trabajar en este decreto e intentar hacer las modificaciones necesarias".
Grupo Mixto (Vox, Emilio Jiménez): criticó la "desidia, dejadez, desinterés, negligencia y abandono" hacia los navarros dependientes, respaldó las reivindicaciones de CERMIN e instó a resolverlas con urgencia.
