Trabajadores de centros de discapacidad en Navarra reclaman que se desbloquee el nuevo convenio

Las comparecientes, Virtudes Ferrándiz, Rosa León, Leire Arzuaga y Felipe del Cojo Alonso, han solicitado al Parlamento que se involucre y les apoye para lograr desatascar las negociaciones, que se iniciaron el 15 de febrero de 2024.

Han relatado que desde entonces se han encontrado con la "cómoda postura de la patronal, que delega la responsabilidad económica en el Gobierno de Navarra, sin comprometerse realmente".

La trabajadoras han reivindicado una mejora de las condiciones laborales y, en concreto, han recordado que al comienzo de las negociaciones reclamaban una serie de incrementos salariales vinculados al IPC para los ejercicios de 2024, 2025 y 2026.

Reclamaciones económicas

Para el año 2024, demandaban un incremento del 2,9%; otro del 2,7% para el 2025 y, para el 2026, el IPC o el incremento aplicado al funcionariado, el que resulte más alto de los dos.

"No es una reclamación desmedida, solo queremos que se mantenga el poder adquisitivo. En convenios anteriores ya perdimos derechos y poder económico debido a los bloqueos y las congelaciones", han denunciado.

Según han explicado, una persona trabajadora que preste atención directa en jornada completa percibe 1.655 euros mensuales, recibiendo 14 pagas, una cantidad con la que "gran parte de las personas con jornada parcial, en el 35 o 50%, no gana lo suficiente como para cubrir los gastos esenciales".

También han apuntado que se trata de un sector históricamente feminizado y que es un servicio esencial, por lo que el personal "está obligado a prestar servicios mínimos a lo largo de todo el año", lo que supone que, a pesar de que se convoquen movilizaciones, la posibilidad real de ir a la huelga es muy limitada.

"Las trabajadoras del sector están cansadas, frustradas, pero a la vez tienen un gran compromiso para con las personas a las que cuidan", han asegurado.

Criticas al sistema

Las representantes también han hecho hincapié en la existencia de un problema estructural, alegando que los centros de titularidad del Gobierno de Navarra salen periódicamente a licitación, lo que conlleva cambios de empresa y que, en consecuencia, se producen cambios también en el abono de las nóminas, en la documentación de las personas usuarias, en la gestión de la formación y en los protocolos internos.

"Cada licitación es fuente de inestabilidad, tanto para el personal como para las familias. No tiene sentido financiar con dinero público un servicio público esencial mientras se permiten a las empresas privadas obtener beneficios a costa de la precarización de sus trabajadores y trabajadoras", han criticado.

En este sentido, han solicitado que se reflexione acerca del modelo actual y que se garantice su seguimiento, calidad y transparencia, y se asegure que las empresas gestoras cumplan con los requisitos establecidos en los pliegos. Como han explicado, hay ejemplos de este incumplimiento, como el hecho de que algunas trabajadoras no tienen acceso a la herramienta ResiPlus.

Reacciones políticas

Ya en el turno de los grupos parlamentarios, Javier Arza, de EH Bildu, ha indicado que se trata de una problemática que "desgraciadamente no es específica de este sector de la discapacidad sino que es una problemática general de todo el sistema de cuidados en Navarra", en el que  "de cada diez plazas de residencias o de centros de día en general tan solo dos son de gestión pública" y ha abogado por un cambio de modelo.

Por su parte, Carlos Guzmán, de Contigo-Zurekin, se ha sumado a las reivindicaciones de las trabajadores y ha manifestado el compromiso de su formación en la medida de sus posibilidades para lograr las demandas.

Desde UPN, Raquel Garbayo ha aclarado que el partido regionalista defiende tanto la actividad pública como privada, pero ha insistido en que el Gobierno foral debe "dejar de mirar a otro lado y materializar su compromiso".

Por parte del PSN, Arantza Biurrun ha puesto en valor a las profesionales y que peleen por su convenio, "pero entenderán también que el Departamento tenga una visión más global, que, además del suyo, tenga presente el de dependencia y también la intervención social y los recursos son finitos".

Isabel Aramburu, de Geroa Bai, ha prometido que insistirán al Gobierno todo lo posible para garantizar una mejora de las condiciones laborales del sector.

El portavoz del PPN, Javier García, se ha mostrado positivo con el modelo de gestión compartida y que el nuevo convenio puede ser "un buen punto de partida para mejorar las condiciones laborales".

Por último, Emilio Jiménez, de Grupo Mixto, ha manifestado que entiende las reivindicaciones y que el Gobierno tiene la obligación de mejorar esos centros.

Imagen en la Comisión de Derechos Sociales de trabajadoras de centros de atención a la discapacidad