De enero a septiembre, Navarra registra 1.693 denuncias por violencia hacia las mujeres
La cifra supera por cuatro unidades a la del año pasado. Sacar a la luz las 'violencias silenciosas' es el eje de la campaña del 25N para 2025
El Gobierno de Navarra ha presentado este lunes la campaña institucional para la celebración del 25N, Día Internacional para la Eliminación de la Violencia hacia las Mujeres, bajo el lema 'La violencia también se oculta en lo cotidiano. Hagámosla visible'. La iniciativa coincide con la tendencia ascendente del número de denuncias policiales registradas en la comunidad, que ha ascendido de las 1.689 entre los meses de enero y septiembre de 2024, a las 1.693 del mismo intervalo mensual de este año.
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Según informa Patricia Abad, directora del Instituto Navarro para la Igualdad (INAI), “por lo general, siempre hay un aumento anual del 5% en las denuncias debido a un complejo cúmulo de factores, entre los que se encuentra la mayor conciencia social”. Por un lado, cada vez, las mujeres se sienten más seguras para acudir a denunciar porque “la respuesta de las instituciones, la asistencia que reciben y la sensibilización de la sociedad está mejorando”, apunta Abad.
Al mismo tiempo, la directora esclarece que “más que un aumento en la violencia, lo que hay son más tipos de abusos reconocidos, como el acoso digital, el 'sexting' u otras formas de agresión a través de internet”. Además, añade, “agresiones como los tocamientos, que casi todas las mujeres hemos sufrido y que antes no tenían importancia, se han puesto en valor, por lo que ahora ocupan una parte importante del cómputo de denuncias”. No obstante, la directora recuerda que entre el 30 y el 40% de la violencia contra las mujeres jamás llega a registrarse. “No la conocemos porque no se denuncia. Es lo que llamamos infradenuncia”, detalla.
La campaña
Las iniciativas de este año ponen el foco en la violencia psicológica, económica y simbólica que sufren muchas mujeres en su día a día y que, tal y como apuntó el vicepresidente, Felix Taberna, durante la presentación, “provienen de componentes de ámbito social, costumbrista y atávico que hay que ir aboliendo”.
Para erradicar estos discursos –que, “lejos de estar desterrados, están experimentando un auge en la juventud por la influencia de los medios digitales”, ha manifestado Patricia Abad– los materiales de la campaña se sustentan en tres conceptos. Bajo el mensaje “La violencia sí tiene género”, se pretende desacreditar a quien niega esta afirmación recordando que el 86% de las víctimas de delitos contra la libertad sexual son mujeres y niñas, y el 93% de los detenidos e investigados por delitos contra la libertad sexual son hombres.
Con el fin de desmentir la idea de que muchas de las denuncias por violencia de género son falsas, desde el INAI exponen que el promedio de sentencias condenatorias por denuncia falsa sobre violencia de género entre los años 2009 y 2023 es del 0,0084%. El último de los mensajes tacha la afirmación popular de que “para hacer algo con una tía tengo que firmar un contrato” y la sustituye por “para hacer algo con una tía tengo que respetar su libertad”.
Aunque Abad expone que “entre 2003 y 2013 se identifica un número muy alto de feminicidios que está disminuyendo en los últimos años”, la realidad es que existe una corriente de antifeminismo que viene abriéndose paso y que se basa en la negación de la desigualdad y la ridiculización de los movimientos feministas mediante ‘fake news’ o desinformación en diferentes medios.
Ya que, tal y como señaló Taberna, “la violencia de género afecta a prácticamente la mitad de la población, tanto a nivel estatal como mundial”, resulta fundamental rechazar estos discursos machistas y negacionistas y continuar desarrollando políticas que protejan a las mujeres. Por este motivo, el Gobierno de Navarra ha aumentado en un 27% el presupuesto para estos fines y ha destinado alrededor de 35.000 euros a la campaña, que se difundirá por redes y mediante carteles y lonas.
Formas de violencia psicológica, económica y simbólica
Según el análisis del INAI / NABI, las llamadas “violencias silenciosas” se consideran las más difíciles de detectar y probar. Los agresores naturalizan sus comportamientos y los justifican, no identificándolos como manifestaciones de violencia machista, y a veces las propias víctimas y sus entornos normalizan las agresiones que sufren, por lo que es muy difícil que afloren y se pueda intervenir sobre ellas.
La violencia psicológica es la forma más oculta de agresión. A menudo pasa desapercibida, incluso para quienes la sufren. Se trata de una violencia muy extendida y difícil de identificar, dado que no deja rastro físico. Los casos más comunes de violencia psicológica incluyen insultos, menosprecios, humillaciones, control económico, control social sobre el entorno de las víctimas o el llamado ‘efecto luz de gas’. Este último es una estrategia que consiste en confundir a la víctima, distorsionando la realidad y el relato de los hechos cotidianos hasta el punto de que ella llega a dudar de su salud mental. En muchas ocasiones, esta forma de violencia busca relegar a las mujeres a una posición de subordinación, como parte de una ideología que rechaza la igualdad de género.
Por su parte, la violencia económica es un tipo de violencia que sucede en el ámbito de la pareja y la expareja. Consiste en generar una forma de sometimiento y dependencia a través de los vínculos económicos que el agresor mantiene con la mujer. Se trata de acciones, omisiones o conductas que afectan a la libre disposición del patrimonio de las mujeres, incluyendo su salario, documentos, bienes, acceso a vivienda u otros recursos económicos. Tiene como objetivo ejercer control, limitar, destruir o apropiarse de forma ilegítima de los recursos económicos o patrimoniales de las mujeres.
La Macroencuesta de Violencia sobre la Mujer de 2019 señala que más de 2,3 millones de ciudadanas mayores de 16 años han sufrido este tipo de violencia económica, lo que supone un 11,5% de la población total de las mujeres residentes en España. Algunos ejemplos de esta violencia son la reclamación sobre cómo gasta el dinero la mujer, la prohibición de trabajar o estudiar, la acusación de gastar en cosas banales o amenazas de quedarse con los bienes de ella. En el ámbito de la expareja, este tipo de violencia se suele plasmar en el impago deliberado de la pensión de alimentos de los hijos e hijas en común.
En lo que respecta a las formas de violencia simbólica, destacan los mensajes y actitudes encaminados a la cosificación de las mujeres, hasta el punto de hacerlas sentir culpables de los hechos violentos que cometen algunos hombres sobre ellas por su modo de vestir, de comportarse o de exponerse a andar “sola” por las calles. El lenguaje sexista genera también violencia, al excluir a las mujeres del discurso cuando se habla solo en forma masculina y contribuir a desvalorizar logros de las mujeres o invisibilizarlas, cuando no directamente a denigrarlas.
Se consideran también formas de violencia los estereotipos de género, basados en falsas creencias, simplificaciones o generalizaciones sobre el comportamiento diferenciado esperable en hombres y mujeres. Son ideas preconcebidas que se transmiten a través de la cultura, la educación y los medios de comunicación, según las cuales unas profesiones son más aptas para mujeres que otras o ciertos rasgos de carácter son más propios de un género que de otro.
En la misma línea, el discurso negacionista también se basa en la negación de la desigualdad, la violencia contra las mujeres y la ridiculización de los movimientos feministas, obstaculizando el desarrollo de políticas públicas, de prevención y atención
“El concepto de matrimonio infantil forzado está muy unido a las claves culturales”
Según ha detallado Patricia Abad, directora del Instituto Navarro para la Igualdad, en lo que se refiere a los matrimonios forzados “hay dos vertientes que atender: una, en relación a los procesos judiciales y otra, en cuanto a los protocolos de coordinación”. Estas declaraciones de Abad durante la presentación de la campaña de este año para el 25N se enmarcan en el reciente caso de la menor de 14 años residente en Navarra que había sido supuestamente “vendida” a una familia de en Lleida para un matrimonio forzoso, y que finalmente, ha sido archivado por el juez al negar la menor los hechos.
En lo que se refiere a los protocolos de coordinación, Abad ha apuntado que “tenemos desarrollado un protocolo para los matrimonios forzados en Navarra, que tiene que ver con la prevención, la atención y la detección de estos casos”. Según ha indicado, “el concepto de matrimonio forzado como tal está muy unido a claves culturales y a otras tipologías de matrimonios concertados que tienen otros contextos, también en personas que son menores de edad”.
Estos casos, ha aclarado, “son bastante poco habituales, pero sí que se conocen y por eso tenemos, en el marco del tercer acuerdo interinstitucional, un protocolo elaborado, porque además, así lo ordenaba la Ley Orgánica de Garantía Integral de la Libertad Sexual”.
En cuanto a la segunda de las vertientes, la judicial, la directora ha mencionado que “este caso concreto está judicializado, con lo cual no estamos ahora en la fase de detección y de prevención, pero sí que todos los elementos que se están vertiendo alrededor de las circunstancias de la menor en este caso nos sirvende mucha ayuda realmente, porque hay muchas claves que es necesario analizar”.
En este sentido, ha remarcado que “las claves culturales para la conceptualización del matrimonio forzado son muy específicas y tienen que ser analizadas y valoradas en todas las circunstancias y en todos los casos” y ha subrayado las circunstancias complejas de este suceso reciente, en el que dos comunidades autónomas se están viendo involucradas. “De hecho, la menor se encuentra actualmente en Cataluña”, ha añadido.
“El matrimonio forzado, al igual que otras tipologías como la trata o la mutilación genitalfemenina, son tipos de violencia sexual que hay que poder detectar, aunque realmente sean pocos casos”, ha insistido. Además, “es fundamental atenderlos porque eso nos permite aprender aprevenirlos y conseguir dar la atención necesaria a estas mujeres y niñas de manera adecuada y personalizada”, ha admitido tras incidir, una vez más, en que “no son casos habituales”.
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