“La atención educativa especializada no puede depender de convenios privados”. Es la reivindicación que realizan diferentes entidades sociales de dislexia, TDAH y altas capacidades tras el convenio firmado entre Educación y la Fundación Alegría para coordinar la atención al alumnado con Trastorno del Espectro Autista (TEA). La firma provocó la dimisión en bloque del equipo directivo del CREENA (Centro de Recursos para la Equidad Educativa en Navarra), al que no se tuvo en cuenta en la decisión. Ahora, las asociaciones piden que no se tome en consideración la renuncia del equipo directivo del CREENA, “que ha demostrado con su dimisión su defensa firme del interés superior del menor” y con el que las entidades venían trabajando “en buena dirección” los dos últimos años en la Comisión de Inclusión Educativa.
Silvia Saldaña, presidenta de Adhi (Asociación navarra para el tratamiento y el estudio del Déficit de Atención, Hiperactividad e Impulsividad); Iranzu Ostolaza y Ainara Duque, presidenta y vocal de Disnavarra (Asociación navarra de Dislexia); María Sola, presidenta de ANAC (Asociación navarra para las Altas Capacidades) y Mariluz Sanz, presidenta de Cermin (Comité de representantes de personas con discapacidad de Navarra), se reúnen con DIARIO DE NOTICIAS para reclamar “una atención a la diversidad pública y de calidad”.
Las entidades del tercer sector piden la readmisión del equipo directivo del CREENA. “La dimisión de la dirección del Centro es un grito de alerta frente a una decisión que amenaza el corazón del sistema educativo público en Navarra. Se han negado a ser cómplices de una deriva que pone en peligro el derecho universal a la educación. El convenio firmado con la Fundación Alegría no es un acuerdo inocuo, es la puerta abierta a la privatización de un derecho fundamental: la educación inclusiva para todos los niños y niñas”, explican.
Para las asociaciones, este convenio no solo vulnera la autonomía de los centros y del profesorado, sino que rompe el compromiso que Navarra ha mantenido durante años: ofrecer una educación pública, gratuita y de calidad para todo el alumnado, sin excepciones. “Por eso, exigimos la anulación inmediata del convenio firmado con la Fundación Alegría por ser contrario a derecho y reclamamos la no toma en consideración de la renuncia del equipo directivo del CREENA”.
Apoyo de 90 centros
Noventa centros educativos ya han mostrado su rechazo al convenio entre Educación y la Fundación Alegría y su apoyo al equipo directivo del CREENA. “Hoy, la pelota está en el tejado del Departamento de Educación. Rectificar no es una opción política, es una obligación ética. Porque cuando hablamos de derechos de la infancia, no hay margen para la ambigüedad: la educación pública no se negocia, se defiende”, aseguran.
Las asociaciones del Tercer Sector tienen claro cuál debe ser el ámbito de actuación de las tres piezas que conforman el sistema: las entidades sociales, el CREENA y el Departamento de Educación. “Las asociaciones tenemos la función de acompañar, sensibilizar, formar y dar apoyo a las familias. Enriquecemos la comunidad educativa, aportamos conocimiento y experiencia y colaboramos en proyectos complementarios. Pero nuestro papel no es sustituir la responsabilidad de la administración pública ni ocupar el espacio de los equipos técnicos públicos”.
“En cuanto al CREENA, es el órgano técnico público que diseña, coordina y garantiza la atención especializada en los centros educativos, asegurando calidad, equidad y coherencia pedagógica. Por su parte, el Departamento de Educación es el responsable último de garantizar el derecho a la educación inclusiva, dotando recursos, personal y políticas públicas que fortalezcan el sistema. Cuando estas funciones se mezclan, el riesgo es evidente: privatización encubierta, pérdida de transparencia y desigualdad en el acceso. La atención educativa especializada no puede depender de convenios privados, porque eso convierte un derecho en un servicio condicionado”, concluyen.
