El Sindicato Médico de Navarra advierte del "alarmante" aumento de agresiones a profesionales

Representantes del Sindicato Médico de Navarra (SMN) han advertido del "alarmante" incremento de agresiones a los profesionales que trabajan en el sistema sanitario, y han pedido, tanto al Parlamento foral como al Departamento de Salud, que trabajen para garantizar "un espacio seguro de trabajo a todos los profesionales de salud". En ese sentido, han propuesto una serie de medidas como un registro de reincidentes o un régimen sancionador "eficaz". Asimismo, han llamado la atención ante el "problema de representatividad de los datos" de agresiones, debido a una "falta de homogeneización" de los sistemas de registro.

GUÍA CONTRA AGRESIONES

Así lo han señalado en una sesión de trabajo en sede parlamentaria, solicitada por UPN, PSN y PPN, en la que representantes del sindicato han presentado la 'Guía contra agresiones externas a sanitarios'. Han comparecido Laura Vásquez, autora de la guía, así como Pilar Anadón, responsable de riesgos laborales del sindicato.

Vásquez ha destacado que "las agresiones a sanitarios no son hechos puntuales ni inevitables, son un problema que afecta a la seguridad de los profesionales y, en última instancia, a la calidad asistencial". Ha advertido del "alarmante aumento" de agresiones a profesionales sanitarios. En el caso de Navarra, se notificaron el año pasado 183 agresiones a personal facultativo, casi un 12% más, mientras que en España fueron 847 agresiones notificadas a médicos. Por su parte, se registraron 17.070 agresiones al conjunto de personal que trabaja en el ámbito sanitario en el ámbito nacional, un 16% más, y la Policía Nacional contabilizó 406 denuncias.

En este contexto, la guía pretende ser "un documento práctico y útil" que aporta "una serie de herramientas" para prevenir y detectar las agresiones así como consejos de actuación ante una agresión y el procedimiento para notificarlo y denunciarlo.

Vásquez ha destacado que el personal facultativo "es uno de los grupos que mayor porcentaje de tasas de agresiones registra en comparación con otras categorías", siendo el que mayor agresiones sufrió entre 2017 y 2024, a excepción del 2022, que encabezó el personal administrativo.

POCAS DENUNCIAS

No obstante, ha señalado que, de las agresiones producidas, "pocas son notificadas y aún menos llegan a ser denunciadas", lo que conduce a "una infraestimación de los datos". Algo que provoca "un desconocimiento de la magnitud real de la situación, lo que limita la adecuada dotación de medios para poder y abordarlo, comprometiendo la eficacia de las medidas adoptadas".

Según ha explicado, el objetivo de la guía presentada es "dar una imagen de la evolución de las agresiones", así como del perfil del profesional agredido -una mujer de entre 35 y 55 años que desarrolla su actividad en Atención Primaria y extrahospitalaria-, aportar recomendaciones y protocolos de actuación, y adaptarse al ejercicio profesional en Navarra, donde la figura del interlocutor policial territorial corresponde a la Policía Foral.

La guía recoge, asimismo, una serie de propuestas como el refuerzo de los botones físicos de alarma, la creación de un registro de agresores reincidentes, el uso de cartelería que explique al usuario "lo que implica agredir a los profesionales sanitarios", el incremento de seguridad presencial "en puntos donde se acumulan más agresiones" y campañas de concienciación a los usuarios. Asimismo, apuesta por "avanzar hacia mecanismos de registros homogéneos" de las agresiones, crear nuevos protocolos "específicos y ajustados a los diferentes escenarios en los que se pueden producir agresiones" y la "aplicación efectiva y contundente del régimen sancionador".

EL TURNO DE LOS GRUPOS

En el turno de los grupos, la representante de UPN, Leticia San Martín, ha indicado que "da la sensación de que hay un incremento del número de agresiones" a los profesionales sanitarios, que ha atribuido a "la saturación del sistema sanitario, las listas de espera" que "genera frustración en el paciente y su familia". También a una "pérdida de respeto a instituciones como el sistema sanitario" y una "falta de percepción de consecuencias graves".

Por su parte, la socialista Maite Esporrín ha destacado que las cifras de agresiones son "escandalosas" y "no podemos permanecer impasibles". Ha incidido en la necesidad de "denunciar todos los casos", que exista un registro de reincidentes, "notificar siempre" y "nunca aceptar la violencia como un medio de resolución de un conflicto". Y ha considerado que la educación "es el principal método para resolver, no sólo las agresiones sino para aceptar las frustraciones que nos van a tocar vivir".

Txomin González, de EH Bildu, ha llamado la atención ante las "variaciones" en los datos de agresiones por parte de diferentes organismos y ha destacado la necesidad de "homogeneizar la recogida de datos". Y se ha referido a las recomendaciones del Defensor del Pueblo "a nivel de recursos y de necesidades" que "son de sentido común" y que "ayudarían a prevenir y proteger a los profesionales sanitarios".

Desde Geroa Bai, Isabel Aramburu, ha subrayado que "hay que tener tolerancia cero" ante las agresiones y ha considerado que "los datos demuestran que la situación no mejora". Ha mostrado sus dudas sobre la creación de un registro de reincidentes porque pone "pone el acento sobre todo en el paciente" y ha apostado por la formación a los profesionales "en el manejo de situaciones complejas, en la resolución de conflictos, mejores habilidades comunicativas, en técnicas de negociación y mediación".

Irene Royo, del PPN, ha considerado "muy grave" la situación ante las agresiones a sanitarios y "no nos podemos quedar al margen", lo que requiere "actuaciones claras, inmediatas y coordinadas". Ha reclamado "cero agresiones", "cero minimizaciones" de estas agresiones y "cero excusas, sobre todo por parte de la Administración, para actuar e intentar poner solución a este tema".

Por Contigo-Zurekin, Carlos Guzmán, ha lamentado que "las agresiones constituyen un problema creciente y grave con una clara tendencia al alza en los últimos años" y ha opinado que "deberían considerarse por la Administración como accidentes laborales".