La Renta Garantizada vuelve a situarse en el centro del debate político navarro, con posiciones cada vez más definidas entre los partidos y diferencias claras sobre su futuro. Mientras una parte de la oposición plantea endurecer el acceso o cuestiona el actual sistema, los socios que sostienen al Gobierno foral insisten en mantener su carácter de protección social.
UPN ha endurecido en las últimas semanas su posición. La formación regionalista defiende reformar su propia ley y ha planteado tanto un recorte en la prestación como un endurecimiento de las condiciones de acceso. Entre sus propuestas figura exigir a los perceptores la presentación de antecedentes penales.
En el caso del PSN-PSOE, la posición es más abierta pero también más compleja. Los socialistas sostienen que no dejarán a nadie atrás, aunque reconocen que estudian introducir cambios en la renta. Por ahora, no concretan el alcance de una eventual reforma.
EH Bildu ya ha fijado una línea clara: no apoyará recortes. La coalición rechaza cualquier modificación que, a su juicio, “debilite la capacidad protectora de la renta garantizada” y muestra además desconfianza ante planteamientos que vinculen toda la inclusión social exclusivamente al empleo.
Desde Geroa Bai, la prioridad es consolidar el modelo vigente. La coalición reclama que los socios del Ejecutivo respeten el acuerdo programático y mantengan la renta garantizada como una herramienta esencial de protección social.
El Partido Popular de Navarra ha intensificado también su crítica y lo hace en términos próximos a los de Vox. Los populares hablan de “pagas” por no trabajar y del “escándalo” de los 111 millones destinados a esta prestación.
En el bloque de izquierda, Contigo-Zurekin mantiene una defensa cerrada del sistema. Recuerdan que el origen de esta prestación está ligado a Miguel Laparra y consideran que cualquier restricción es una línea roja. Admiten mejoras, pero rechazan limitar derechos.
Por su parte, Vox ha convertido la renta garantizada en uno de sus principales ejes políticos. El partido insiste en denunciar fraude y sostiene que una parte importante de los beneficiarios son inmigrantes, un discurso que ha terminado por influir también en la posición de UPN y PP.
