STEILAS denuncia que la nueva ley educativa de Navarra cierra aulas en nueve centros públicos

El sindicato de enseñanza STEILAS ha presentado un comunicado en el que denuncia que la ley educativa aprobada esta semana en el Parlamento de Navarra garantiza la continuidad de los conciertos con los centros privados sin ofrecer las mismas garantías a la red pública. La norma salió adelante con los votos de UPN, PP y VOX, y la abstención de Geroa Bai y EH Bildu.

El sindicato cuestiona directamente la posición de estas dos últimas formaciones, que justificaron su abstención argumentando que sin ella se producirían cierres de aulas en centros concertados. Para STEILAS, el argumento resulta difícil de sostener cuando el 77% del alumnado del modelo D —el de mayor presencia del euskera— estudia en centros públicos. "La libertad de elección de centro no es un derecho para todo el mundo, sino el poder de elección", señalaron desde el sindicato. "Si vives en Roncal o en Carcastillo, la elección de centro es otra quimera."

Nueve centros públicos perderán aulas

Uno de los puntos más controvertidos del comunicado es la denuncia de que, pese a que el Departamento de Educación anunció que no se cerrarían aulas en la red pública —presentando la situación como un "balance cero"—, finalmente se cerrarán aulas en al menos nueve centros, la mayoría de modelo D y escuelas rurales. El propio consejero Carlos Gimeno reconoció a finales de marzo que no se abrirían 19 aulas en la pública y 14 en la concertada, aunque nunca lo formuló como "cierres" sino como aulas que no alcanzan la ratio. "El balance cero directamente es que ni nos lo creemos", afirmaron Miren Ustárroz, una de las portavoces del sindicato. Y, de hecho, STEILAS lleva desde el 26 de marzo solicitando por registro al Departamento y a Transparencia la lista completa de centros afectados sin haber obtenido respuesta. Esta "opacidad" llega hasta los propios centros: directoras y directores llevan semanas preguntando a inspección qué ocurrirá con sus aulas sin recibir contestación. A quienes informaron a las familias de lo que estaba pasando, el Departamento les afeó que "estaban creando alarma social".

Por otro lado, la doble vara de medir también la señalaron y quedó más que evidente. En el ikastetxe Joakin Lizarraga de Sarriguren se cerrará un aula, con el riesgo de que a largo plazo desaparezca toda una línea. Los Maristas, en cambio, en idéntica situación de ratio, mantendrán sus dos líneas durante cuatro años al amparo del concierto: "La ley foral recién aprobada contradice además la normativa vigente de decretos y órdenes forales sobre cómo se abren y cierran aulas en el sistema público", expresó Raúl López, otro de los representantes del sindicato.

Las consecuencias, advierte STEILAS, van más allá del cierre inmediato de aulas. Perder un aula en una escuela rural no es solo perder una clase: implica la pérdida de un miembro del equipo directivo, de horas de orientación, de pedagogía terapéutica y de especialistas. En muchas de estas escuelas la dirección carece de personal administrativo o conserje y asume todas las funciones. El futuro de estas escuelas y su viabilidad pedagógica quedarán comprometidos si los recortes se mantienen. Además, se pone en riesgo la labor que realizan en la transmisión del euskera al alumnado de origen migrante y en la atención a las carencias socioeconómicas de sus comunidades.

Una interinidad del 49% que incumple la normativa europea

La tasa de interinidad en la educación pública navarra alcanza el 49%. STEILAS denuncia que esta situación contraviene la directiva europea sobre temporalidad en el empleo público y que, lejos de corregirse, es mantenida deliberadamente por el Gobierno para poder prescindir del profesorado sin coste en momentos de crisis.

Asimismo, la diferencia con los centros concertados es notoria. Mientras que la mayoría de los trabajadores de la privada concertada cuentan con empleo fijo y derecho a indemnización en caso de despido, en la pública el Gobierno puede, según denuncia el sindicato, despedir al profesorado sin ningún coste. Como precedente, STEILAS recuerda que en 2012, bajo un gobierno de coalición entre UPN y PSN, se despidió a 800 docentes de la red pública. "Tuvimos que ver cómo una patronal de la educación privada tenía una campaña que decía 'en la nuestra, educación sin recortes'. Me acordaré siempre de esos carteles en las marquesinas de las villavesas", recordó López.

Para STEILAS, la cuestión no se resuelve con la destitución del consejero Carlos Gimeno —al que califica de síntoma, no de causa— sino que apunta al sometimiento de las fuerzas políticas navarras al PSOE como el verdadero nudo del problema. El sindicato recuerda que el actual régimen de conciertos con los centros privados fue instaurado precisamente por el PSOE en 1985 y que, desde entonces, no se ha dado ningún paso real para revertirlo. El comunicado denuncia también que el PSN ha gobernado el Departamento de Educación a su antojo durante los últimos siete años: sin negociar con la mayoría sindical, firmando pactos con sindicatos minoritarios de orientación españolista y aplicando recortes que el sindicato califica de "euskarófobos". "Si no se revierten estas políticas, la escuela pública lo va a pagar muy caro", advirtieron.

"Ha terminado el tiempo de la paciencia estratégica"

Y frente a lo que describe como una nueva crisis estructural del capitalismo, el sindicato exige un giro radical en las políticas educativas: aumento de la inversión, estabilización de las plantillas docentes y avance hacia la publificación del sistema. "De la mano de la ultraderecha nunca se mejorará la escuela pública", afirma el texto. "Ha terminado el tiempo de la paciencia estratégica. Si no se revierten estas políticas, la escuela pública lo va a pagar muy caro", concluyeron.