Salud actualiza la normativa de piscinas para facilitar a varios municipios que puedan abrirlas aunque no cumplan estrictamente la normativa

El departamento de Salud ha actualizado el decreto foral 86/2018, por el que se establecen las condiciones higiénico-sanitarias y de seguridad de las piscinas de Navarra, para facilitar a varios municipios navarros que puedan abrir sus instalaciones aunque no cumplan de manera estricta con la normativa.

Así lo ha aclarado el departamento de Salud después de que este jueves el consejero, Fernando Domínguez, anunciase en el Parlamento foral que no es posible implantar "más moratorias" a la aplicación del decreto.

Domínguez explicó que desde el año 2018 se han hecho dos moratorias, en el año 2022 y en el año 2025, para la progresiva adaptación de las piscinas a este decreto foral. El problema es que hay municipios, en concreto pequeñas localidades, que han tenido dificultades para adecuarse a la normativa e incluso teniendo redactado el proyecto de obra, no han dispuesto de financiación para la ejecución de la misma.

Declaración Responsable

Por ello, Salud ha flexibilizado la Declaración Responsable de Funcionamiento de la piscina, que va acompañado de un informe técnico y que es necesario firmar para la apertura de las instalaciones, salvo para las comunidades de menos de 20 viviendas.

De esta manera, aquellos municipios que no cumplan por completo con el decreto pero tengan proyectos redactados o en marcha, o deficiencias que no comprometan en ningún caso la seguridad de las personas, podrán firmar la declaración y abrir sus instalaciones.

Según datos del departamento de Salud, de momento 224 piscinas han abierto sus instalaciones tras presentar la declaración responsable, 48 menos que las 272 que la firmaron el año pasado, aunque muchas de ellas podrán hacerlo ahora tras la actualización de la normativa.

No obstante, que se les permita abrir no quiere decir que no se les pueda sancionar si no cumplen con el decreto, tal y como sostuvo el consejero en la Cámara foral. Domínguez afirmó que "en ningún caso" se cerrarán piscinas "si las deficiencias observadas no ponen en riesgo la salud de las personas", sino que serán sancionadas. "En los casos en que se realizan trabajos de remodelación pendientes documentados por motivos ajenos al titular de la piscina, se podrán tener en cuenta la tipificación de la infracción por parte de la Secretaría General Técnica", apuntó.

"Se han agotado todas las prórrogas"

En cuanto a las prórrogas, Domínguez explicó que el decreto foral 86/2018 "ya no admite más moratorias para su cumplimiento". "Desde el año 2018 se han hecho dos modificaciones, en el año 2022 y en el año 2025, para la progresiva adaptación de las piscinas a este decreto foral. Y en este año, como todas partes ya sabíamos, ya ha finalizado el plazo otorgado por las disposiciones transitorias y se han agotado todas las prórrogas y moratorias posibles para que se cumpla", ha apuntado.

De esta forma, "según lo que establece la norma, a día de hoy las instalaciones deben estar adecuadas a lo dispuesto en el decreto foral". Además, "todas las piscinas, tanto públicas como privadas, que han solicitado moratorias las han obtenido porque se ha estimado que los incumplimientos no han comprometido ni comprometen de forma importante la salud o la seguridad de las personas".

El consejero reconoció sentir "preocupación" por las pequeñas localidades, pero indicó que "yo no puedo darles el dinero ni más moratorias porque la norma me lo impide y han pasado varios años desde que está aprobada.