Bien es cierto que la amplitud del concepto de violencia doméstica enmascara o amplifica ciertos matices de dicha violencia y pone al nivel la que se sufre de manera descendente, con víctimas menores de edad, como la que sufren los padres adultos por parte de adolescentes fuera de sí. En global se identifica como la violencia que se produce dentro de la familia, y que según la Organización Mundial de la Salud se define como los malos tratos o agresiones físicas, psicológicas, sexuales o de otra índole, infligidas por personas del medio familiar y dirigida generalmente a los miembros más vulnerables de la misma: niños, mujeres y ancianos”.

El Instituto Nacional de Estadística (INE) entiende que el concepto integra a todo acto de violencia física o psicológica ejercido tanto por un hombre como por una mujer, sobre cualquiera de las personas descendientes, ascendientes, cónyuges, hermanos... a excepción de los casos considerados de violencia de género. Precisamente este organismo, encargado de confeccionar las cifras estadísticas del Estado en cualquier materia, ha ofrecido recientemente los datos de violencia doméstica denunciada en 2023 a nivel autonómico. Navarra registró hasta 111 denuncias por violencia dentro de la familia, con 88 hombres investigados y 23 mujeres. Se trata de la cifra más alta recabada en los últimos años. El año anterior habían sido un centenar las denuncias, mientras que en 2021 apenas se habían alcanzado los 71 asuntos incoados, cifra que aún era menor antes de la pandemia.

Clases de delito que se denuncian y víctimas

Según la tipología de la infracción cometida, las lesiones son el delito más denunciado, con hasta 62 casos, y hubo 26 por torturas o delitos contra la integridad moral y 23 por amenazas. Se dictaron hasta 112 medidas de protección y en 44 casos las víctimas fueron el padre o la madre, mientras que en 43 ocasiones la víctima fue el hijo o hija. En 11 denuncias fueron agresiones a hermanos, en seis casos a abuelos y en nueve hubo denuncias por violencia hacia nietos o nietas. Además, los procedimientos en cuestión llevaron a que se dictaran 79 condenas que llevaban implícitas penas de prisión, 89 que comportaban alejamiento y 62 que privaban del uso de armas.

La Memoria de la Fiscalía, en este caso de 2022 y que pone el foco en la violencia filio-parental, aborda el problema desde el punto de vista que en este tipo de violencia se pone de manifiesto “una situación de maltrato habitual, no un hecho puntual, dado que los padres suelen aguantar esas situaciones de agresiones y daños, o cuando menos amenazas en general, durante un tiempo prolongado hasta que llegan a una situación límite”.

De hecho, el Ministerio Fiscal observa que en este tipo de procesos “se sigue constatando que los procesos que son objeto de enjuiciamiento terminan con demasiada frecuencia con sentencia absolutoria, fruto de la dificultad de enervar la presunción de inocencia ante la negativa de los denunciantes a mantener su denuncia inicial o la declaración testifical en los términos inicialmente planteada, especialmente al ver que para su hijo se le pide una pena de prisión y alejamiento por un tiempo muy importante para ellos, alegando que lo que quieren es que a su hijo denunciado lo internen en algún centro que corrija su comportamiento agresivo, pero que no le impidan la comunicación con el mismo ni lo ingresen en prisión”.