La Fiscalía pide 7 años de prisión al exsecretario municipal de Oteiza por desviar 130.659 € del ayuntamiento a sus cuentas

La Fiscalía reclama siete años de prisión, así como la inhabilitación para empleo público durante 20 años, por un delito continuado de falsedad en concurso medial (es decir, un delito se convierte en un medio necesario para cometer otro) con un delito de malversación para el que fuera entre diciembre de 2017 y mediados de 2023 secretario municipal del ayuntamiento de Oteiza, de Tierra Estella. El juicio se celebrará en los próximos meses en la Audiencia Provincial de Navarra a través del jurado popular. En este caso, las facturas falsas elaboradas por el procesado eran el medio para cometer la malversación de fondos públicos. Como responsable civil directo al procesado se le exige una indemnización de 130.659 euros, cantidad que habrá de ser incrementada con los intereses legales.

La investigación dirigida por el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 1 de Estella-Lizarra y efectuada por la Policía Foral sobre la actuación irregular del secretario municipal ya ha concluido. En la misma, según la Fiscalía, se ha constatado que dicho funcionario desvió a través de facturas falsas un total de 130.659 € a dos cuentas personales suyas a lo largo de los dos últimos años. Se le investiga por hasta 79 transferencias bancarias indebidas. El procesado, que ya no trabaja en el ayuntamiento, se encuentra en libertad a la espera de juicio.

El Ministerio Público señala que el investigado tenía entre sus funciones el control de las cuentas del Ayuntamiento, así como autorizar el pago a proveedores y prestadores de servicios del Consistorio de Oteiza. Dentro de las cuentas corrientes del Ayuntamiento respecto de las que el investigado se hallaba autorizado se encontraba una en la que se realizaban alguno de los pagos que debía hacer al Ayuntamiento de Oteiza, previa autorización del acusado.

Así, el acusado, aprovechando el control que tenía sobre esa cuenta, entre los años 2020 y 2022, autorizó, con ánimo de ilícito enriquecimiento, 79 transferencias a dos cuentas bancarias de las que era titular él mismo. El valor total de las transferencias ascendió a 130.659,97 euros. De las 79 transferencias, 27 se realizaron a una de las cuentas del acusado por 39.683,07 euros; mientras que 52 transferencias por una cantidad total de 90.976,90 euros.

Para justificar estos pagos, el acusado confeccionaba facturas ficticias, en la que o bien se hacía constar la intervención de terceros que, en realidad, no habían prestado servicios ni proveído de bienes al Ayuntamiento, o bien giraba dos facturas por servicios prestados, destinando una de ellas a la empresa prestadora de servicios y otra a su propia cuenta corriente.

Los hechos fueron denunciados penalmente ante la Policía Foral el 21 de febrero de 2023 por parte del alcalde de la localidad, Rubén Martínez Landa (Agrupación Independiente Mendibelzu), junto al responsable de una empresa pública del Gobierno de Navarra, cuyo logotipo era utilizado por el denunciado para elaborar las facturas falsas y aparentar que el dinero del Consistorio salía con destino a dicha empresa en lugar de a unas cuentas corrientes personales del investigado.

El origen de la denuncia

En la denuncia inicial se exponía que días antes de la denuncia una trabajadora del Ayuntamiento de Oteiza había alertado acerca de la emisión de una serie de transferencias o pagos bancarios a través de la plataforma FACE (facturación electrónica del Ministerio de Hacienda) en favor de una empresa pública navarra, que sin embargo no había emitido ningún recibo. El responsable de dicha empresa, Gestión Ambiental de Navarra, también negó el cobro o pago alguno por las facturas emitidas desde el Ayuntamiento.

Así, los investigadores descubrieron que tales transferencias se habrían realizado en favor de dos cuentas bancarias de la entidad BBVA, con sedes en Zaragoza y Pamplona, que no pertenecerían a la empresa pública supuestamente beneficiaria o destinataria de las mismas. En las facturas emitidas en papel, se habría copiado el logo de la empresa pública, para dar mayor credibilidad a la operación fraudulenta, aun no correspondiéndose con el formato oficial de la entidad.

Según el atestado policial, la información facilitada por las empresas prestadoras de servicios de telecomunicación, arroja resultados (en cuanto al uso de direcciones IP vinculadas con las transferencias online realizadas por el investigado que confirman la participación o intervención directa del investigado en las mismas, bien desde su puesto de trabajo (en el Ayuntamiento), bien desde su domicilio o vivienda particular. También entre la información facilitada por la plataforma de pagos instantáneos Bizum, se desprende que el investigado tiene registrado a su nombre, en dicha plataforma, un teléfono móvil (de su titularidad), que a su vez tiene vinculadas y activas las cuentas bancarias, constatándose multitud de pagos, tanto emitidos como recibidos, al número asociado, con 188 operaciones entre el 8 de enero de 2020 y el 8 de julio de 2023 y 169 registros de pagos por parte del investigado (por importe total de 48.103,15 euros).