El sindicato JUPOL, mayoritario en la Policía Nacional, ha requerido "formalmente" al SUP una "retractación y rectificación inmediata, expresa e inequívoca" tras "la difusión de comunicados y manifestaciones que han derivado en un señalamiento público injustificado" contra la responsable de la Brigada Provincial de Policía Judicial, afiliada de JUPOL en Navarra.
Para esta organización, "las declaraciones vertidas han generado un impacto directo y grave sobre su honor, su reputación profesional y su trayectoria dentro del Cuerpo Nacional de Policía".
JUPOL se ha pronunciado de esta manera en un comunicado después de que la semana pasada el SUP remitiera otra nota en la que precisaba que su petición de cese de esta jefa policial "se fundamenta exclusivamente en criterios de responsabilidad institucional y en la necesidad de preservar la confianza pública en la organización policial" tras la condena a España dictada por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos en relación con una mala praxis policial en la investigación de una doble agresión sexual por sumisión química registrada en Pamplona en 2016.
Desde JUPOL se considera "inadmisible" que, "ante un asunto de esta gravedad, se haya optado por modificar el enfoque de las acusaciones, de lo penal a lo disciplinario y posteriormente a una difusa 'responsabilidad institucional', sin asumir el error ni reparar de manera efectiva el daño causado".
"No basta con cambiar el rótulo del reproche; el perjuicio ya está hecho", han indicado desde JUPOL. A su juicio, "una rectificación ambigua, parcial o meramente retórica no solo no repara el daño, sino que lo prolonga en el tiempo".
La organización ha exigido que "la retractación se produzca con la misma relevancia y difusión que tuvieron las manifestaciones originales, incluyendo la retirada inmediata de cualquier contenido lesivo" y "el compromiso firme de cesar en cualquier insinuación o atribución que no esté sustentada en hechos ciertos y debidamente contrastados".
JUPOL ha rechazado "frontalmente que tensiones internas, disputas orgánicas o intereses ajenos puedan traducirse en ataques personales y profesionales contra una funcionaria concreta, y menos aún contra una afiliada de esta organización".
El abogado director de la estrategia jurídica del caso, Eduardo Antonio Ortega Noguero, ha indicado que "la libertad de expresión sindical no ampara el señalamiento injusto ni la difusión de imputaciones o insinuaciones sin base objetiva, y menos aún cuando se insiste en ellas tras haber sido advertidos formalmente".
Asimismo, ha afirmado que "si el SUP no rectifica de inmediato en términos claros, verificables y eficaces, se activarán las acciones necesarias para lograr la cesación de la intromisión y la reparación íntegra del daño causado, sin descartar ninguna vía legal".
JUPOL ha reiterado su "apoyo total y sin fisuras" a la comisaria y ha confirmado que "ya se ha activado el dispositivo jurídico e institucional necesario para frenar el daño reputacional y restablecer la verdad de los hechos".
La organización ha destacado que su "prioridad" es "proteger a sus delegados y afiliados, así como salvaguardar la integridad del servicio público frente a campañas de descrédito que carecen de rigor y responsabilidad".
