BRUSELAS. La Corte argumenta que, al igual que ocurre con las prendas de vestir, aún en caso de que el colchón entre en contacto con el cuerpo humano, el comerciante puede hacer una limpieza o desinfección del mismo y ponerlo de nuevo a la venta sin incumplir las obligaciones de protección de la salud y la higiene, según un comunicado del tribunal.

La máxima instancia comunitaria se pronunció así sobre el caso de un ciudadano que compró en una tienda en línea alemana un colchón y, tras quitarle el embalaje, lo devolvió a la compañía y le reclamó tanto los 1.094 euros que costó como los gastos de envío.

Según las normas europeas de protección de los consumidores, estos tienen derecho a devolver los productos que compran a través de Internet en un plazo de catorce días, una medida que busca compensar el que no se pueda ver la mercancía antes de la compra y dar así un plazo para comprobar que está en buen estado y funciona.

Están excluidos, no obstante, aquellos productos que no sean aptos para ser devueltos por razones de salud e higiene una vez que el comprador haya quitado el precinto protector.

Sin embargo, el TJUE ha considerado que esta excepción no puede aplicarse a un colchón porque este producto no deja de estar en condiciones para ser utilizado o vendido nuevamente solo porque haya sido usado.

De hecho, recuerda que en los hoteles muchos clientes utilizan sucesivamente los colchones y que existe incluso un mercado de colchones de segunda mano.

Además, considera que puede asimilarse a una prenda de vestir que puede ser utilizada nuevamente tras su limpieza o desinfección sin faltar a la protección de la higiene.

Sin embargo, el Tribunal recuerda que, según las mismas normas europeas, el consumidor es responsable de la depreciación que sufra el producto debido a las manipulaciones que no sean necesarias para comprobar las características y el buen funcionamiento del mismo.

Esto, sin embargo, no le priva de su derecho a devolver el artículo.

La sentencia del TJUE, que no puede ser recurrida, responde a una cuestión prejudicial planteada por un tribunal alemán, pero sienta jurisprudencia en toda la Unión Europea, lo que significa que los jueces comunitarios que tengan que decidir en situaciones similares deberán tener en cuenta la sentencia.