La Confederación Empresarial de Navarra insiste en desvincularse de la compra de mascarillas al inicio de la pandemia. Una operación que ha dejado 1,7 millones de mascarillas almacenadas y que ha supuesto perdidas para la empresa pública Sodena de 1,6 millones. La CEN hace una interpretación sesgada del informe de la Cámara de Comptos y concluye que le da la razón, por lo que afirma que ha cumplido "con todos sus compromisos" y "no queda ninguna obligación pendiente" por su parte.
La patronal recurre para ello a uno de los párrafos del informe de Comptos, en el que le órgano fiscalizador señala que "si cada parte se atiene exclusivamente a los términos literales del acuerdo, nadie puede hacer responsable a las otras partes de los efectos que esta situación no contemplada ha generado".
La CEN ignora sin embargo el párrafo inmediatamente posterior del informe, en el que se señala que “no es razonable no asumir las respectivas responsabilidades de la participación en este acuerdo ante una situación no contemplada, haciendo recaer la responsabilidad en las demás. Teniendo en cuenta además que no hay ninguna estipulación en el acuerdo que les exima de responsabilidades”. Especialmente cuando las principales interesadas en la operación eran las propias empresas navarra.
El informe de Comptos también señala que la CEN no le ha proporcionado la documentación que justifique las estimaciones realizadas, por lo que el órgano fiscalizador no ha podido verificar en qué términos se hizo el cálculo para encargar las mascarillas financiadas por Sodena. La patronal tampoco ha entregado a Comptos para su análisis el soporte de las ventas realizadas a las empresas, por lo que tampoco se ha podido verificar "a qué empresas ni en qué términos" vendió la patronal el material sanitario.
El órgano fiscalizador recomienda no acudir a los tribunales y buscar una mediación que facilite dar una salida a las mascarillas todavía almacenadas, de forma que las tres partes implicadas (Sodena, la CEN y la empresa Albyn) se hagan corresponsables de las pérdidas. La reacción de la CEN complica sin embargo esta solución, dado que se mantiene en su posición inicial y rechazando asumir parte del coste.
La interpretación de la CEN
Pese a todo, la patronal ha emitido este viernes un comunicado en el que da por bueno el informe, argumentando que le exonera de cualquier responsabilidad. Afirma así que el análisis de Comptos "ha desactivado la reclamación improcedente e injustificada extrajudicial de abril de 2021 de Sodena y Albyn Medical contra CEN en la que se le responsabilizaba del stock existente cuando el acuerdo firmado en mayo de 2020 no le atribuía ninguna responsabilidad sobre el posible excedente".
La CEN ha asegurado en una nota que "Sodena y Albyn, el 21 de abril de 2021, sin previo aviso y actuando de forma cuando menos dudosa, enviaron una reclamación a CEN afirmando que existía un 'importante stock' de EPIS 'con un coste aproximado de 1,8 millones de euros' exigiéndole su compra".
La Confederación Empresarial ha señalado que "gracias a este informe, la CEN ha descubierto que 600.000 mascarillas FFP2 que Albyn adquirió en mayo de 2020, por un importe de 1.008.000 euros, tras varias incidencias fueron 'recibidas en Navarra entre el 12 de mayo y el 11 de junio de 2021', semanas después del envío de la reclamación, un año después de la transacción y 6 meses después de que el acuerdo hubiera finalizado el 31 de diciembre de 2020, por lo que nunca pudieron venderse".
La Confederación ha añadido que "se da la circunstancia de que, en ningún momento, se informó sobre estos hechos a CEN, hasta el punto de que Sodena y Albyn aseguraban, en su carta de reclamación del 21 de abril de 2021, que en ese momento existía un stock de 1,8 millones de euros, pero la realidad era que más de un 50% ni siquiera había llegado a Navarra".
Además, según la CEN, "esta exigencia de Sodena y Albyn se produjo cinco días después de que la Agencia Española del Medicamento y Productos Sanitarios (AEMPS) emitiera una alerta sanitaria (15 de abril de 2021) advirtiendo de la posible presencia de grafeno en las mascarillas quirúrgicas suministradas por Albyn, y recomendando su no uso, una alerta sanitaria que fue ratificada por el Gobierno de Navarra y el Instituto de Salud Pública Laboral de Navarra, un día después, con fecha, 16 de abril de 2021, e hizo extensiva a las mascarillas FFP2". "Por lo tanto, en aquellas fechas las mascarillas quirúrgicas y FFP2 compradas por Albyn no se podían ni usar ni comercializar", ha afirmado.
La Confederación Empresarial Navarra reitera que ha cumplido "con todos sus compromisos recogidos en el acuerdo de mayo de 2020 y, por tanto, no queda ninguna obligación pendiente por su parte.
A raíz del informe de la Cámara de Comptos, la CEN ha afirmado que "no ha sido así siempre por parte de las otras entidades". "Por un lado, el departamento de Desarrollo Económico y Empresarial adquirió 307.200 mascarillas FFP2 a principios de abril de 2020, antes de que planteara por primera vez a CEN su colaboración en el acuerdo, por lo que nunca esa compra se hizo conforme a las estimaciones remitidas por CEN el 22 de abril de 2020. Esos pedidos supusieron un importe de 836.352 euros (IVA incluido), el 32% del valor de todo el material adquirido. Por otra parte, Albyn no informó a CEN sobre las características de los pedidos, ni las decisiones de adquisición adoptadas sobre los EPI, incumpliendo la cláusula 3.1.3 del acuerdo. A este respecto se han observado diferencias entre el precio de venta marcado a CEN y los precios de compra a los que accedió Albyn en algunos equipos de protección", ha asegurado.
CEN ha señalado que el acuerdo "fue una iniciativa del departamento de Desarrollo Económico y Empresarial, siguiendo la fórmula de colaboración que ya había sido probada por Sodena, Albyn Medical y el departamento de Salud del Gobierno de Navarra, y que fue redactado y remitido a las otras partes por Sodena". "El planteamiento de que Salud se hiciera cargo del material excedentario estaba en el espíritu, concepción y primeros borradores del acuerdo, marco bajo el que se realizaron las estimaciones no vinculantes, aunque en el último momento el SNS-O no firmó más que una adenda unilateral con compromiso de adquirir un 10% del stock excedentario bajo determinadas circunstancias", ha señalado.
Por último, la CEN ha agradecido a la Cámara de Comptos y a sus auditores "la labor realizada porque han desvelado información grave muy importante y necesaria para poder entender lo acontecido". "Se ha confirmado que intentaron cargar a CEN una responsabilidad nunca existente ocultando hechos y acciones significativas en las que incurrieron las otras dos partes", han señalado desde CEN.
