La asociación de víctimas de abusos en centros religiosos -organizados ahora en torno a un grupo de personas que sufrieron y denunciaron haber sido víctimas de abusos en la década de los 60 y comienzos de los 70 por parte del que fuera director del colegio El Puy de Estella, José San Julián- denunciaron este sábado que el proyecto de Ley de Protección Integral a la Infancia no contempla la no prescripción de sus delitos.

Así, la asociación afirmó que la conocida como Ley Rhodes "no nos tiene en cuenta" porque "no tiene efecto retroactivo. La Ley recoge que el plazo de prescripción de los delitos empezará a computarse cuando la Víctima cumpla 30 años. Dicho plazo se ha ampliado (antes era a los 18 años), pero se mantienen los mismos plazos de prescripción (los delitos prescriben entre 5 y 15 años después, dependiendo de su gravedad). Seguiremos reivindicando que nuestras denuncias no prescriban en el tiempo".

El colectivo anunció que continuará con su labor para que "en nuestra sociedad la pederastia, los abusos físicos y psicológicos sean erradicados" y realizaron un llamamiento para que otras víctimas "se sumen a nuestra lucha". El colectivo se mostró "abierto a todas las sensibilidades ideológicas y/o políticas, ya que nuestro fin es hacer pedagogía social contra la lacra de los abusos cometidos en diferentes lugares de la geografía Navarra".

Recordaron que este año 2020 "ha sido difícil para todos, pero reivindicamos que tenemos proyectos futuros y que nos adaptaremos a esta nueva situación para continuar con nuestro objetivo de verdad, justicia y reparación.