- Su nombre forma parte de la historia propia del pueblo irlandés. El juez Sean Ryan lideró la comisión de expertos que investigó los abusos cometidos en instituciones religiosas del país y emitió un informe en el año 2009 que retrató las tinieblas. Más de un millar de niños y niñas abusadas en unas 200 órdenes religiosas y centros de enseñanza católica con 800 victimarios de por medio. Ryan acude a Pamplona invitado por el Gobierno de Navarra para contar su experiencia única esta tarde en el Instituto Plaza de la Cruz. Está en una tierra que, como él, también busca liderar la batalla por la verdad de una lacra.

¿Cree que en su país sigue habiendo heridas abiertas a raíz de su informe?

-Ahora mismo hay un reconocimiento y una aceptación global de que los abusos sucedieron. Las heridas han sanado, pero hay una disputa con la Iglesia para que acepte las medidas de responsabilidad. También hay ahora abiertos distintos métodos de pago para resarcir el daño causado. Existen quejas también de este método individualizado de compensaciones económicas. Hay gente que no está feliz del todo. Formé parte tanto de la comisión de investigación como del asesoramiento para encontrar el modo de resarcimiento a esas personas y soy consciente de que no todo el mundo está contento con lo que ha venido después de reconocer su sufrimiento.

¿Cómo se fraguó su informe?

-Desde mitades de los años 80 había programas de radio y algunas investigaciones aisladas acerca de este tema. En los noventa se expandió el programa gracias a la periodista Cristine Buckey, que trabajaba en una institución de niñas en una zona industrial. Allí es donde se producen los primeros abusos a niños de clase obrera sobre los que el Estado delegó la educación en instituciones religiosas. Ella inició una campaña muy importante destapando estos casos. Y también otra periodista muy famosa de televisión Mary Raftery y su programa States of Fear (Estados de Miedo) tuvo un papel fundamental. Ella le preguntó al ministro de Educación en una entrevista: “¿Usted nos cree?”. Y él dijo que sí. De hecho, el primer ministro una declaración institucional hablando del silencio y la responsabilidad del Estado y aceptó que este hecho fue terrible y que asumirían las consecuencias. Ello fue un shock nacional. Irlanda empezó a mirar seriamente la cuestión, se fijó en la experiencia de Canadá y el Gobierno empezó a recibir demandas por abusos que la Iglesia negaba y no se lo tomaban muy en serio. Hubo abusos físicos, sexuales, emocionales y vejaciones. Primero se formó una comisión que lideró la jueza Laffoy entre 1999 y 2003 para investigar los hechos. Ella renunció finalmente porque creía que el Gobierno debía invertir más recursos y tener un papel más activo. Antes de que me encargaran suceder a Laffoy, como el Estado ya había aceptado su responsabilidad, forme parte de un grupo de expertos para asesorar en torno a un modo de resarcir los hechos.

¿Le sorprendió la envergadura de lo que descubrió en una investigación que se prolongó una década?

-Al formar parte de esa comisión previa, de compensación económico, había tenido alguna información. Tenía alguna idea, pero nada que ver con lo que conocí luego. Antes de la comisión Ryan no había habido procesos judiciales por abusos sexuales y físicos. La gente que sufrió abusos nunca fue a la policía, a los juzgados, estaba desmoralizada, sabían que no les creerían. Esta conciencia de que estos abusos sucedieron, y suceden en otros ámbitos, ha ido creciendo en la Policía, en el Estado y la sociedad conforme se ha ido concienciando sobre este tema. La gente no fue a la Policía y eso es también una consecuencia de los abusos porque no confiaban en que les fueran a ayudar. Para nosotros la misión fue investigar los abusos que hubo en la Iglesia, no se trataba tanto de decir quién no hizo su trabajo.

¿Cómo se repara a una víctima?

-Las víctimas quieren un proceso de reconocimiento. Es lo más importante para la gente que sufrió estos abusos. El principal reconocimiento es decirles a los supervivientes que no estás solo. Lo estuvieron, eras desválidos y no pudieron ni quejarse, pero ahora tienen que creer que todo esto ha cambiado. El Gobierno y las instituciones te acompañan y vamos a asumir esa responsabilidad y a reconocerte como víctima. Hay gente que entiende que eso merece una compensación económica y eso tiene que ser respondido en algún punto de todos estos procesos. Las dos cuestiones principales que se deben abordar es cómo actuar en cada caso particular y qué papel van a tener los agresores. Hay que nombrarlos y señalarlos o no por su nombre. Nosotros decidimos que no. Quizás entendimos que esa competencia de señalar y nombrar a los agresores le correspondía más a un proceso judicial ordinario, que es donde se trata de buscar culpables.

¿Qué papel tuvo la Iglesia en el proceso que usted lideró?

-La Iglesia es un concepto muy grande y extremadamente complejo. En Irlanda, así como en otros lugares, existe la Iglesia del Vaticano, las hermandades, las confregaciones religiosas... Cuando yo era pequeño era una institución con un poder terrible en mi país, que influía en el cambio de la opinión pública y las políticas públicas. En este proceso, una de las congregaciones más numerosas al sur del país acudió a la comisión e hizo algo inusual. Ellos reconocieron que habían ocurrido cosas terribles en sus instituciones, que tenían registro de ello y querían adumirlo y colaborar. Sin embargo, otras hicieron lo que se puede llamar disculpas de abogado: “si hice algo que te molestó, lo siento”. En general la actitud de la Iglesia en Irlanda fue confrontar directamente a las víctimas y discutir la veracidad de lo que decían, poner en duda sus testimonios y decir que no es justo para los miembros de sus congregaciones que no hay que mirar tan atrás, que ocurrió hace muchos años, que no hay testigos...

¿Cómo afectó al Estado?

-El impacto de la comisión y del informe fue muy profundo en la sociedad irlandesa. Tuvo una alta aceptación en la sociedad. Era algo que se sabía. En mi juventud era una institución con mucho poder en Irlanda e influencia política. Ahora se trata de un grupo de personas más que profesan la fe. En Irlanda hemos tenido referendums sobre muchas cuestiones como los derechos de las personas gays, el matrimonio homosexual, el aborto, que eran impensables años atrás. Eso demuestra que somos una sociedad abierta, que hemos cambiado, y el poder de la Iglesia también es menor en cuanto a derechos.

En este tipo de procesos es difícil conjugar los deseos de las víctimas de actuar ya con la tardanza en que se activen medidas reales. La dilatación del proceso siempre conviene al silencio y al encubrimiento.

-Es una técnica clásica en los procesos judiciales la de debatir sobre los propios procesos. Yo soy abogado. ¿Qué tiene que hacer un abogado para defender una causa complicada? En esta cuestión la Iglesia está encantada de discutir sobre el proceso, sobre qué no se está planteando bien y alegan que es un problema de derechos y garantías. La Iglesia usa ese método para dilatar el proceso y alargarlo en el tiempo, mandó querellas, cuestionó las comisiones... Modestamente, sin criticar a nadie, estoy de acuerdo contigo, es una manera de entorpecerlo. Yo también soy muy impaciente y lo que quería era ponerlo en marcha ya. Cualquier institución que aborde esta cuestión del reconocimiento de las víctimas tiene que lidiar con dos tensiones: por un lado la de las víctimas que buscan justicia y la otra, la propia tarea de elaborar el informe. Entendía estas dos presiones que se conjugan y sabía que teníamos que hacerlo ya. Lo importante es ponerse en marcha. Es imposible contentar a todo el mundo. La vida y la ley son un balance, ni que sea demasiado para ti, ni que sea insuficiente para el otro. Soy partidario de dirimir entre lo que es justo, lo que es razonable y qué es lo que podían conseguir. Mi actitud desde el principio fue distinguir entre qué es lo que podemos hacer y qué es lo que podemos conseguir.

¿Cómo ejecutó ese plan?

-Lo primero que hice fue reunirme con todo el mundo: víctimas, congregaciones, instituciones del Gobierno... Teníamos 1.500 testimonios de víctimas y el debate principal fue ponerse de acuerdo en la existencia del problema. Ahí todo el mundo reconocía que había un problema de abusos en el seno de la Iglesia. Lo siguiente era buscar soluciones. Hubo un gran debate público y obtuvimos los ejes para nuestra misión. Para poder abordar y dar salida a este informe, una clave era que no podía ser una escucha infinita, no podíamos escuchar a todo el mundo, y la otra era que no vamos a nombrar a los perpetradores por un tema legal, por no tratarse formalmente de una investigación judicial. Mucha gente sí quería que se hicieran públicos los nombres de los agresores pero al menos nadie nos podía acusar de no haber hecho algo que dijimos que no íbamos a hacer. Esos eran los dos ejes. Y a partir de ahí no quedaba otra que ponerse en marcha cuanto antes y ser testigos.

“Tras nuestro informe, en Irlanda se han sanado heridas. Hay una aceptación general de que los abusos sucedieron y un reconocimiento”

“La Iglesia entorpeció la investigación. Y decidimos actuar ya, con dos ejes: no podíamos escuchar a todos, ni nombrar a los agresores”