La Cámara de Comptos no aprecia indicios de responsabilidad penal ni contable en el acuerdo alcanzado en mayo de 2020 entre SODENA, la CEN y Albyn Medical para la compra de mascarillas con destino a pymes y autónomos. No obstantes, señala que los tres agentes firmantes, incluida la patronal, son corresponsables del stock generado y de las pérdidas acumuladas.
El presidente de la Cámara de Comptos, Ignacio Cabeza del Salvador, ha comparecido este martes en el Parlamento a petición de Navarra Suma para explicar el informe de fiscalización realizado y sobre el que la parlamentaria Marta Álvarez le ha preguntado entre otras cuestiones a instancias de quién se hizo, si alguien avisó de una posible responsabilidad contable y qué influencia tuvo Salud.
Según ha indicado Cabezas, la fiscalización se hace "exclusivamente" a iniciativa de Comptos, sin "ninguna injerencia, que tampoco hubiéramos admitido", y como en "todos los trabajos", con el mandato legal de revisar posibles indicios de responsabilidad penal, que "no los hemos apreciado", aunque ha admitido que previamente el director de Intervención, Iñaki Arrizabalga, le trasladó su "preocupación" por un posible delito de responsabilidad contable.
En cuanto al departamento de Salud, Cabeza ha precisado que en los primeros borradores del acuerdo era una de las partes para la compra de posibles excedentes pero el 6 de mayo decide salirse, algo que las tres partes que quedan "saben" cuando unos días después firman el acuerdo al que luego Salud añade una adenda para la adquisición en determinadas condiciones del posible stock de mascarillas.
Tras recordar que el acuerdo se lleva a cabo en un contexto de desabastecimiento de equipos de protección frente a la covid-19, lo que "no exime de responsabilidad en lo que se debió prever y no se hizo", ha precisado que fue un acuerdo "complejo y atípico", en el que "todas las partes son corresponsables" del mismo porque "no hay cláusula que les exima" a ninguna de ellas.
En todo caso según Cabeza una judicialización ahora del conflicto "sería perjudicial" si se quiere evitar que las mascarillas sigan almacenadas hasta que caduquen, más teniendo en cuenta que tienen el uso sanitario limitado, por lo que ha aconsejado un acuerdo para dar salida al stock y que SODENA en futuras actuaciones incluya garantías para los fondos públicos.
He negado sin embargo que haya evidencia de que Sodena actuara deliberadamente de manera contraria a la normativa, sino creyendo que estaba amparada para la operación por una autorización general del Gobierno, y defendido que el acuerdo se formalizó con "transparencia y publicidad" aunque contenía "errores en su diseño", porque todo se basó en estimaciones de la CEN, no incluía un procedimiento a seguir en caso de contratiempos y hay una "escasa" protección de los fondos públicos.
"Fue una deficiente formulación técnica del acuerdo en un momento de desabesticimiento de EPIs y con una posterior abundancia que provoca una relevante reducción de los precios, con producto más barato en el mercado, lo que hace que las empresas no realicen pedidos" y "ninguna de las partes se hace responsable del excedente", ha puntualizado.
Los partidos
"Ni una sola línea de qué es lo que se ha mirado para concluir que no hay una actuación dolosa o al menos negligente", ha criticado la portavoz de Navarra Suma, que ha cuestionado que Comptos "crea la versión de SODENA" y apuntado que cuando hay daño en fondos públicos la pandemia no valida que no haya garantías y por tanto "no exime de responsabilidad".
Ainhoa Unzu, del PSN, ha compartido las conclusiones y recomendaciones de Comptos y admitido que el acuerdo "era muy mejorable", pero también ha destacado "que no hay delito alguno que trasladar al fiscalía" aunque sí "claras y evidentes diferencias" entre este acuerdo, una "operación de riesgo", y el que firmó en solitario Salud para proveer de mascarillas a sus profesionales.
Mikel Asiáin, de Geroa Bai, ha señalado que las conclusiones de Comptos "nada tienen que ver con la graves elucubraciones" de la consejera de Economía y Hacienda y de la Intervención sobre una posible responsabilidad penal apoyada en "papeles de trabajo denegados al Parlamento" y cuestionado que el Interventor General no conociera las gestiones realizadas para dar salida a las mascarillas.
Adolfo Araiz, de EH Bildu, ha señalado que en los informes jurídicos pedidos para resolver el desacuerdo entre los firmantes no hay una posición única pero ha rechazo que sea perjudicial defender en los tribunales el interés general, ha cuestionado también que se haya "dulcificado" el papel de SODENA, apuntado que el de Salud "no se ha analizado correctamente" y señalado que del informe de Comptos se puede colegir que la CEN es "la mayor responsable".
Mikel Buil, de Podemos, ha valorado que los mecanismos de auditoría "funcionen", destacado que no hay indicios de delito en esta operación y exigido una solución para el stock de mascarillas que la CEN ha condicionado a "una renuncia previa" de exigencia de responsabilidades por parte del Gobierno, y "el bloqueo está ahí".
