Navarra, en el banquillo de los derechos lingüísticos: cientos de quejas revelan una administración que sigue sin hablar en euskera
El informe anual de Behatokia —el Observatorio de Derechos Lingüísticos— acumula para 2025 decenas de expedientes contra el Gobierno de Navarra, el Ayuntamiento de Pamplona, municipios de toda la Comunidad Foral, centros de salud, institutos y organismos públicos. Los denunciantes describen una y otra vez la misma escena: se dirigen en euskera, les responden en castellano.
No hay un solo rincón de la administración navarra que salga indemne del informe de Behatokia sobre la situación de los derechos lingüísticos correspondiente al año 2025. El observatorio, que recopila, tramita y da traslado de las quejas que los ciudadanos presentan cuando sienten vulnerados sus derechos como hablantes de euskera, ha documentado este año cientos de expedientes referidos al territorio navarro: desde el hospital de referencia de Pamplona hasta la biblioteca de Baztan, desde Osasunbidea hasta la Policía Foral, desde la escuela de idiomas de la capital hasta los ayuntamientos de Estella-Lizarra, Zizur Mayor, Barañáin, Ansoáin, Berriozar, Sunbilla, Corella o Sangüesa. El cuadro que emerge es el de una Comunidad en la que el euskera —lengua cooficial en la zona vascoparlante y mixta— sigue siendo tratado, en demasiados casos, como una lengua de segunda.
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Resulta, cuanto menos, llamativo. Euskarabidea, el organismo del propio Gobierno de Navarra encargado de promover el euskera, figura entre los destinatarios de varias quejas recogidas en el informe de 2025. En una de ellas, una entidad recibió la resolución de una subvención para la promoción del euskera íntegramente en castellano, y el enlace que la acompañaba dirigía también a la versión castellana de la página web. En otro caso, el propio Gobierno comunicó la apertura del plazo de justificación de ayudas para la normalización del euskera con un correo electrónico redactado solo en castellano. La respuesta institucional reconocía el fallo del sistema y anunciaba mejoras técnicas.
No son casos aislados. A lo largo de todo el informe, los expedientes referidos a la Administración foral navarra se suceden en prácticamente todos sus departamentos. El Departamento de Educación aparece implicado en al menos quince expedientes: respuestas en castellano a escritos presentados en euskera, plataformas digitales sin versión en euskera, ordenadores en centros D (inmersión en euskera) configurados en castellano, o convocatorias de empleo público que no exigen —ni siquiera valoran— el conocimiento del euskera para puestos con atención directa al público. En el Instituto Lekaroz, adscrito al Gobierno de Navarra, una ciudadana denunció que todos los ordenadores de las aulas del centro de enseñanza en modelo D estaban completamente en castellano, y que la situación había empeorado tras una reconfiguración reciente. La respuesta oficial confirmó el problema y anunció una actualización del menú de idiomas.
Uno de los expedientes de mayor alcance simbólico corresponde al CIP Donapea II de Pamplona, un centro de Formación Profesional. Un grupo de estudiantes procedentes del modelo D elevó una queja colectiva: de los 17 ciclos ofertados en el centro, solo 4 se impartían en euskera. De los 1.032 alumnos matriculados, más de 300 provenían del modelo D y no podían continuar sus estudios en la lengua en que habían sido formados. Denunciaban además que el único orientador en euskera del centro solo acudía dos días a la semana, dejando al alumnado vascohablante sin atención orientadora el resto del tiempo.
En el ámbito sanitario, el retrato que traza el informe es igualmente preocupante. El expediente más doloroso, por su contenido humano, es el que describe lo ocurrido en el centro de salud de Lesaka: una persona llamó para pedir cita con el médico de Etxalar, empezó a hablar en euskera, y quien le atendió le cortó bruscamente con un «no te entiendo, háblame en castellano». El teléfono se cortó al final de la llamada sin apenas despedida. Casos similares se repiten en los centros de Doneztebe, Antsoain (Buztintxuri), el Hospital Universitario de Navarra (Virgen del Camino), Leitza, Sarriguren o Zizur Mayor, donde avisos, carteles, consentimientos informados, SMS de recordatorio de citas y comunicaciones de Osasunbidea llegan exclusivamente en castellano, incluso cuando el paciente ha solicitado expresamente ser atendido en euskera.
Uno de los expedientes más reveladores sobre la estructura del problema lo pone sobre la mesa un trabajador del sector educativo: cuando acude al servicio de Prevención de Riesgos Laborales del Instituto Navarro de Salud Pública y Laboral (NOPLOI), dependiente del Gobierno de Navarra, se ve obligado a comunicarse en castellano porque prácticamente ningún técnico habla euskera. La convocatoria de traslados que se publicó ese mismo año no exigía el conocimiento del euskera para ninguno de los puestos ofertados. La indignación del denunciante era elocuente: «¿No es suficiente con una sola plaza de administración a media jornada con nivel C1 para garantizar el servicio en euskera?».
El Departamento de Hacienda tampoco escapa al escrutinio del observatorio. Tres expedientes documentan que los vídeos explicativos para hacer la declaración de la renta —accesibles desde la versión en euskera de navarra.es— están íntegramente en castellano, que las imágenes y capturas de pantalla ilustrativas corresponden a la versión castellana del programa, y que la propuesta de declaración que se muestra al usuario cuando accede en euskera aparece, paradójicamente, en castellano.
En la esfera de la seguridad pública, la Policía Foral concentra un nutrido grupo de quejas. Los paneles luminosos de sus vehículos que advierten de accidentes en la N-121B o en la A-1 muestran el mensaje solo en castellano.
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Sus redes sociales publican mayoritariamente en castellano, y cuando incluyen algún mensaje en euskera, este aparece en los comentarios —no en el cuerpo principal de la publicación—, lo que hace que la mayoría de los seguidores no lo vea. Varias convocatorias de empleo público —inspección, seguridad ciudadana, tráfico, investigación criminal— no valoran el conocimiento del euskera para plazas ubicadas en zonas vascófonas. El servicio navarro 112 también figura en el informe por publicar en X (antes Twitter) solo en castellano.
Pamplona, ciudad con 32 expedientes: del Civivox a la Policía Municipal
El Ayuntamiento de Pamplona es el actor local con mayor número de expedientes en el informe de 2025: 32 en total. La fotografía que ofrecen es variada, pero el patrón se repite: el euskera queda en un papel secundario o simplemente ausente en comunicaciones, servicios y convocatorias municipales.
Uno de los más llamativos es el de las notificaciones de las multas de tráfico. Varias personas denunciaron haber solicitado expresamente ser atendidas en euskera y, sin embargo, haber recibido la notificación de la sanción, el impreso de la multa y toda la información anexa exclusivamente en castellano. Tras reiteradas reclamaciones —hasta tres en algún caso documentado en el expediente— el Ayuntamiento seguía respondiendo en castellano. El responsable de Seguridad del Consistorio reconocía la existencia de un problema técnico en la aplicación informática de notificaciones y anunciaba que se estaba trabajando para resolverlo.
El área de Euskara del propio Ayuntamiento también aparece en el informe en circunstancias incómodas: las resoluciones de las subvenciones para la promoción del euskera convocadas por el Consistorio fueron comunicadas a las entidades beneficiarias íntegramente en castellano. La respuesta municipal reconocía que el sistema informático de notificaciones «no permite generar comunicaciones en euskera» y que se estaba trabajando para corregir ese defecto. El mismo argumento se repitió en varios expedientes consecutivos.
En cuanto a la oferta cultural, el informe señala que en los Civivox pamploneses la proporción de actividades en euskera es muy reducida. En diciembre, de 46 actividades programadas, 41 eran en castellano, 2 en inglés y solo 3 en euskera, todas dirigidas al público infantil. En enero del año analizado, de 66 actividades programadas, 62 eran en castellano y 4 en euskera (3 de ellas infantiles).
El cartel de las fiestas de San Fermín también dejó huella en el informe: los paneles publicitarios colocados entre la Plaza de Toros y el casco viejo mostraban el texto en castellano «en grande» y el euskera «con letra mucho más pequeña y difuminada, prácticamente ilegible, al mismo nivel que el inglés», según la queja presentada.
La Policía Municipal de Pamplona acumula en solitario un buen puñado de expedientes: sus redes sociales publican casi exclusivamente en castellano, y la convocatoria de 27 nuevas plazas de agente aprobada en el plan de empleo de 2025 no contempla el conocimiento del euskera en ninguna de ellas —ni como requisito ni como mérito—. El responsable de Seguridad municipal reconocía que en 2025 se habían publicado 62 tuits en castellano y anunciaba que se iba a incorporar un puesto en plantilla con perfil bilingüe para mejorar la comunicación en euskera.
Estella-Lizarra, el municipio con más quejas del informe: más de diez expedientes
Si hay un municipio que concentra la atención del informe de Behatokia en el apartado local navarro, ese es Lizarra-Estella. Solo en 2025, el observatorio ha tramitado más de diez expedientes relacionados con este ayuntamiento de la Merindad de Estella, y todos apuntan a un mismo diagnóstico: el Ayuntamiento incumple sistemáticamente su propia Ordenanza de Normalización del Euskera.
En enero de 2025, el Consistorio publicó una oferta de empleo público con 17 puestos de trabajo —administrativos, técnico deportivo, técnico cultural, técnico de juventud, guardas, agentes de la Policía Municipal...— sin exigir ni siquiera valorar el conocimiento del euskera en la mayoría de ellos. La ordenanza municipal, aprobada en 2013, establece que el euskera es una de las lenguas propias del municipio y obliga a usarlo junto al castellano en toda la comunicación externa. El Consistorio respondió que consideraba que la convocatoria se ajustaba a la normativa, valorando el euskera hasta un máximo del 6% de la puntuación total.
El vídeo promocional de las fiestas de Estella-Lizarra para 2025 generó por sí solo tres expedientes ante Behatokia. El material, difundido a través del canal de YouTube municipal con el título «Estella-Lizarra, capital de la fiesta», fue lanzado íntegramente en castellano en los primeros días tras su presentación en FITUR, con la periodista Mariló Montero y el actor Ahikar Azcona como presentadores.
El vídeo fue retirado semanas después y resubido en versiones separadas por idioma, pero los denunciantes señalaban que eso se produjo solo después de acumular visualizaciones y difusión masiva. La propia ordenanza establece que los documentos audiovisuales financiados por el Ayuntamiento deben realizarse al menos en un 30% en euskera en versión original.
A lo largo del verano, ni los conciertos ni las proyecciones de cine al aire libre del programa de fiestas contemplaron ningún acto en euskera. Una queja señalaba que, entre cinco conciertos y cinco pases de cine programados para el verano, el único acto en euskera previsto coincidía exactamente con el mismo horario que la comparsa de gigantes y cabezudos. Cartas de la alcaldesa enviadas a las familias con bebés recién nacidos, formularios de convocatorias para colectivos locales y avisos de tráfico de la policía municipal figuran también entre las quejas documentadas, todas en castellano.
Un denunciante resumía la situación con dureza: «El Ayuntamiento lleva a cabo una política euskarófoba, excluyente y lingüicida, guiada por UPN y respaldada por el PSN, que no reconoce el euskera como lengua propia del municipio en igualdad con el castellano».
Otros municipios navarros: de Zizur Mayor a Corella, de Barañáin a Sunbilla
El informe recoge expedientes en un amplísimo espectro de municipios navarros. En Zizur Mayor, las señales viarias del paseo de Kirolaldea aparecen solo en castellano, vulnerando la propia Ordenanza de Euskera del municipio. En una segunda queja, el boletín municipal fue enviado a los buzones de los vecinos exclusivamente en castellano, cuando hasta entonces se había distribuido de forma bilingüe. En ambos casos, el técnico de euskera municipal reconoció el fallo.
En Barañáin, el servicio municipal de hostelería gestionado por la empresa Lagunak —dependiente del Ayuntamiento— licitó su contrato de concesión para los próximos cuatro años sin incluir el conocimiento del euskera entre los criterios de valoración. La denuncia concluía con una pregunta retórica: «¿Otros cuatro años sin poder recibir el servicio en euskera?». El Consistorio de Ansoáin fue denunciado por haber convocado dos plazas de promoción interna sin valorar el euskera, vulnerando el artículo 17 de su propia Ordenanza Municipal de Euskera.
En Berriozar, la biblioteca pública carece de grupos de lectura en euskera para niños. Según la información recabada en el expediente, en la sección infantil existen 19 lotes de libros en castellano para lectores de ocho años y solo uno en euskera. El Ayuntamiento reconoció el déficit y anunció que el equipo político buscaría nuevas fórmulas para abordarlo.
En Berrioplano - Berriobeti, la justicia ha intervenido directamente en la cuestión lingüística: el Tribunal Administrativo de Navarra anuló la exigencia de nivel C1 de euskera que el propio Ayuntamiento había incluido en la plaza de técnico de deportes y juventud. El Consistorio recurrió la sentencia pero los tribunales la confirmaron. El expediente revela hasta qué punto el marco jurídico navarro puede actuar como freno, no como impulso, a la normalización del euskera en la administración local.
En Corella, el Ayuntamiento no publicó absolutamente nada sobre el festival cultural Gora-Gora Fest organizado por Euskarabidea en la localidad —el único acto en euskera programado en todo el año en ese municipio—. No hubo carteles en las calles ni publicaciones en redes sociales, lo que, según la queja, convirtió el acto en invisible para el grueso de los habitantes. En Sunbilla, las pruebas para la bolsa de socorristas se celebraron íntegramente en castellano. En Arbizu —municipio integrado en la UEMA, la asociación de municipios vascoparlantes— todas las señales de las obras en ejecución estaban colocadas solo en castellano por la empresa constructora.
En Bortziriak, la mancomunidad de servicios sociales convocó plazas de trabajador social y auxiliar administrativo sin exigir ni valorar el euskera. La Mancomunidad de Servicios de Malerrieka celebró sus exámenes de selección de personal para técnica de igualdad exclusivamente en castellano, negando el derecho a realizar las pruebas en euskera a quienes así lo solicitaron —pese a que la propia convocatoria exigía el nivel C1 como requisito—. En Sangüesa (Zangoza), la mancomunidad de servicios comarcales convocó plazas de trabajador familiar sin valorar el euskera ni siquiera como mérito.
El Parlamento de Navarra: la escena del agente que no sabe pronunciar «euskera»
Entre los tres expedientes que afectan al Parlamento de Navarra en este informe, destaca uno por su elocuencia. Una persona que accedió al edificio parlamentario el 10 de marzo de 2025 narró lo ocurrido en la entrada: los agentes forales de seguridad que hacen la recepción no tenían ningún conocimiento básico de euskera, y cuando el visitante mencionó el nombre en euskera de la institución a la que se dirigía, el agente no supo pronunciarlo, llegando incluso a preguntar si lo que estaba escuchando era euskera.
En otro expediente, el Ararteko (Defensor del Pueblo de Navarra) recibió una queja por haber enviado, no una sino dos veces, la invitación al acto del 25 aniversario de la Ley Foral del Defensor del Pueblo exclusivamente en castellano. La primera vez se justificó como error por las prisas. La segunda, el propio Ararteko reconoció el fallo y se comprometió a revisar sus protocolos internos.
El Estado en Navarra: el DNI, la DGT y el SEPE
La Administración General del Estado también deja su rastro en el apartado navarro del informe. Dos ciudadanos que viven en localidades de la zona vascoparlante de Navarra relataron su experiencia al tramitar su DNI en la oficina de Pamplona: el sistema informático no admitía «Nafarroa» como topónimo —solo «Iruña»—, y el trámite no podía realizarse en euskera. Desde la sede pamplonesa de la DGT, una persona residente en un municipio de la zona vascófona recibió la carta que acompañaba a su carnet de conducir renovado solo en castellano, a pesar de tener reconocido el derecho a ser informada también en euskera.
Un ciudadano denunció además un fallo técnico que hace imposible pagar una multa de la DGT en euskera: al seleccionar esa lengua, el sistema introduce automáticamente un punto como separador de decimales en lugar de la coma requerida, haciendo que el pago no sea validado. Es decir: quien quiera pagar una multa a la DGT en euskera, no puede.
En el SEPE, una persona que acudió a gestionar una prestación fue atendida en castellano y, cuando intentó continuar en euskera, la trabajadora respondió: «Si me hablas en euskera no voy a poder atenderte». La respuesta oficial del organismo reconocía las limitaciones pero insistía en que el sistema de atención telefónica bilingüe y los formularios en los dos idiomas están disponibles.
El Museo de Navarra: la Mano de Irulegi explicada solo en castellano
El Museo de Navarra, uno de los principales equipamientos culturales de la Comunidad Foral, acumula tres quejas en el informe de 2025. En una de ellas, una familia que acudió en domingo —día de entrada gratuita— a ver la Mano de Irulegi describió cómo el guía que condujo la visita al aula donde se expone la pieza realizó toda la explicación en castellano, «a pesar de que la mayoría de los presentes tenían el euskera en la boca», y que solo al final, cuando algunos visitantes se acercaron a preguntarle en privado, el guía confirmó que sí sabía euskera. Ningún servicio del museo ofrecía visitas en la lengua que dio origen a la pieza más emblemática expuesta en él.
En otro expediente, un ciudadano señalaba que la fachada del Museo había sido reformada recientemente sin incluir la denominación «Nafarroako Museoa» en su rotulación exterior. «Los euskaldunes tendremos que esperar otros 30 o 40 años para tener convivencia y respeto», escribía. La respuesta del servicio de Museos del Gobierno de Navarra no llegó a comprometerse a incluir el nombre en euskera.
En el stand de Navarra en FITUR, la feria de turismo de Madrid, el informe documenta también «una presencia lamentable» del euskera. El castillo de Olite y el yacimiento arqueológico de Mendigorría aparecen igualmente en el informe: sus carteles interpretativos están todos en castellano.
La FNMC: sin formación en euskera para los empleados municipales de Navarra
La Federación Navarra de Municipios y Concejos (NUKF-FNMC) es objeto de una queja que pone el dedo en una llaga de largo recorrido. El organismo que agrupa a los municipios y concejos navarros y organiza formación para sus empleados no ofrecía cursos de su catálogo general en euskera: ni los de ofimática, ni los de atención ciudadana, ni los de administración de procedimientos, ni los de gestión del estrés o los de igualdad en las entidades locales. Los trabajadores municipales que desempeñan su labor en euskera se ven obligados a recibir toda su formación profesional en castellano.
La respuesta del presidente de la FNMC reconocía que en 2024 se habían impartido cuatro cursos en euskera —dos dirigidos a técnicos de euskera y dos al conjunto de empleados municipales— y anunciaba que se estaba trabajando para ampliar la oferta.
Un informe que lleva décadas pintando el mismo cuadro
Una lectura transversal de todos los expedientes navarros recogidos en el informe de Behatokia permite identificar una serie de patrones recurrentes que se repiten año tras año. El primero y más extendido es la brecha entre el papel y la práctica: en municipios que tienen aprobadas ordenanzas que obligan expresamente al uso bilingüe de la comunicación externa, la realidad documenta carteles monolingües en castellano, convocatorias de empleo sin exigencia de euskera y comunicados firmados por el propio alcalde o alcaldesa redactados solo en castellano.
El segundo patrón es el de las listas de empleo público sin perfil lingüístico: una y otra vez, el informe documenta convocatorias de plazas en las que se exige conocimiento de inglés o francés pero no de euskera para puestos que implican atención directa al público en zonas vascófonas o mixtas. Esto es particularmente llamativo en el caso del personal sanitario de Osasunbidea, de los agentes de la Policía Foral, de los empleados del servicio de emergencias 112 o de los técnicos culturales y deportivos de municipios con importante presencia de población vascohablante.
El tercero es el de las plataformas digitales que no funcionan en euskera: el sistema de registro presencial del Departamento de Educación, la web de la DGT, las aplicaciones de Osasunbidea o las sedes electrónicas de varios ayuntamientos. Si esos sistemas solo funcionan correctamente en castellano, el ejercicio del derecho a relacionarse con la administración en euskera queda en la práctica anulado.
El cuarto patrón es el del círculo vicioso: la ausencia de requisito de euskera en las plazas de empleo público perpetúa la falta de personal con competencia lingüística, lo que a su vez impide ofrecer servicios en euskera, lo que genera nuevas quejas que reciben respuestas reconociendo el problema pero sin modificar el modelo de selección de personal.
Los denunciantes y entidades que presentan quejas ante Behatokia no son, en su mayoría, activistas radicales. Son ciudadanos que han pedido una cita médica, que han tramitado su carné de conducir, que han recibido una multa, que han intentado inscribir a sus hijos en la escuela de música, que han acudido a una biblioteca pública o que han solicitado una subvención. Y que en todos esos momentos cotidianos han chocado con una administración que, pese a la legislación vigente y pese a las ordenanzas y planes aprobados, sigue respondiendo por defecto en castellano.
Durante el pasado año, el Teléfono del Euskera registró un total de 984 incidencias, de las cuales 883 fueron quejas formales. Agurne Gaubeka, directora de la entidad, ha subrayado que estas cifras son solo “una pequeña muestra” de una realidad mucho más profunda marcada por la ausencia de obligaciones legales claras. “La actuación en materia de derechos lingüísticos queda muchas veces al arbitrio de la voluntad de administraciones o empresas privadas”, ha lamentado Gaubeka, destacando que muchas denuncias ni siquiera reciben respuesta.
La técnica de Behatokia Garbiñe Petriati ha insistido en que vivir en euskera se percibe todavía como una “necesidad secundaria”. En algunos entornos, mantener una actitud firme de uso de la lengua es incluso interpretado como un “ataque” hacia quienes no la conocen. Asimismo ha advertido que estas cifras son solo una pequeña muestra de la realidad, ya que la mayoría de las situaciones cotidianas de discriminación no llegan a denunciarse oficialmente. Además, ha advertido del riesgo creciente de retroceso: “En muchos ámbitos, utilizar el euskera en la vida cotidiana se considera una necesidad secundaria. Mantener una actitud firme para vivir en euskera es percibido en algunos espacios como un ataque hacia quienes no lo conocen, lo que conlleva consecuencias para la ciudadanía”.
Llamamiento a la activación
Por todo ello, Behatokia ha hecho un llamamiento a la ciudadanía a tomar conciencia de las vulneraciones de los derechos lingüísticos, a empoderarse mediante el uso del Teléfono del Euskera, y a ser euskaltzales activos. Asimismo, ha mostrado su adhesión a la Marcha Euskaltzale (Euskaltzaleon Martxa) convocada por Euskalgintzaren Kontseilua el 13 de junio en Iruñea-Pamplona, animando a toda la ciudadanía a participar para impulsar el nuevo ciclo de revitalización necesario para garantizar el futuro del euskera.
Behatokia elabora el informe Situación de los Derechos Lingüísticos con base en las quejas, consultas y sugerencias recibidas durante el año. El informe de 2025 ha sido presentado en 2026 y abarca el conjunto del territorio de Euskal Herria. Este artículo recoge exclusivamente los expedientes referidos a Navarra.